Demandan requerimiento fiscal contra JOH y Pepe Lobo por caso Pandora

Juan Hernández y Porfirio Lobo Sosa

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-Un grupo de ciudadanos hondureños aglutinados en la plataforma Acción Ciudadana Contra la Dictadura demandó este martes al Ministerio Público que amplié el requerimiento del caso “Pandora” al jefe de gobierno, Juan Hernández y al expresidente, Porfirio “Pepe” Lobo Sosa.

Se conoce como caso Pandora a la conformación de una red criminal de 38 personas, entre políticos, empresarios y particulares que, entre los años 2010 y 2013, saqueó 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).

Los demandantes, entre líderes de la sociedad civil (defensores de derechos humanos, indígenas, campesinos, ambientalistas y otros) y de partidos políticos de oposición, argumentan su petición en la declaración testifical que hiciera en contra de Hernández, Fernando Suárez Ramírez, actor clave del caso Pandora y que de acuerdo a su apoderado legal, Omar Menjívar, habría declarado ante el tribunal que conoce la causa y ante el mismo Ministerio Público que, Hernández y su difunta hermana, Hilda Hernández, fueron los cabecillas del saqueo en varias instituciones del Estado para financiar campañas políticas.

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La ampliación del requerimiento fiscal también fue demandada para el actual presidente del Banco Central de Honduras, Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez, ya que en la época en la que se consumaron los hechos se desempeñaba como secretario de Estado en el despacho de Finanzas.

Mediante el escrito, los integrantes de Acción Ciudadana Contra la Dictadura, solicitan además el libramiento de cuantas órdenes de captura sean necesarias en contra de los sospechosos para que una vez sean habidos sean puestos a la orden de los tribunales de justicia. Asimismo, se proceda al aseguramiento e incautación de bienes de los implicados para recuperar los 282 millones de lempiras saqueados a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).

El requerimiento fiscal en el caso Pandora fue presentado por la Unidad Fiscal Especial de Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) en concurso con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) contra 38 diputados, exdiputados, funcionarios, exfuncionarios y particulares, involucrados en el saqueo millonario en la SAG.

La mayoría de los imputados en este caso se encuentran en libertad tras ser beneficiados por la justicia hondureña con medidas distintas a la prisión, pese haber sido acusados por la MACCIH de haber defraudado al Estado.

Fernando Suarez Ramírez, quien tenía el control de las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras, desde donde se drenaron los fondos de la SAG, se entregó a la justicia hondureña a finales de noviembre y desde entonces se encuentra en arresto bajo vigilancia de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) tras probar que su vida corre riesgo

El defensor de los derechos humanos, Wilfredo Méndez, uno de los demandantes, dijo que Suárez Ramírez ha dicho claramente que “hay fondos que se drenaron para el presidente de la República. Por eso esta acción va dirigida principalmente a Juan Orlando Hernández, como actor directo del desfalco de varias instituciones del Estado para favorecer su campaña y todos los actos de corrupción”.

Méndez manifestó que es la primera vez que las diferentes organizaciones de Honduras se juntan y que es satisfactorio que la unidad conlleve a la salida del poder del gobernante, por su vinculación con la corrupción, crimen organizado y corrupción.

Los vínculos de Hernández con el narcotráfico han surgido luego que su hermano, Juan Antonio, alias Tony Hernández, fuera capturado por la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) por suponerlo responsable de conspirar para ingresar toneladas de cocaína a los Estados Unidos y por utilización de armas y explosivos para proteger el tráfico de drogas.

Por su parte el presidente del Partido Liberal y excandidato presidencial, Luis Zelaya, apuntó que en Honduras se debe investigar los vínculos del gobernante por actos de corrupción. En el caso del narcotráfico, dijo que no es necesario porque esa investigación ya la realiza la DEA.

Descargue aquí el requerimiento fiscal

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