La democracia en América Latina: ¿presa del poder económico?

Un estudio de Oxfam encontró 11 estrategias que usan poderosos grupos financieros para influir en las decisiones de política fiscal en la región.

Por: Susana Noguera – Agencia Anadolu

La influencia que tienen poderosos grupos económicos sobre los Estados latinoamericanos y del Caribe ha contribuido al aumento de la pobreza y la desigualdad. Así lo explicó el informe “Democracias capturadas: el gobierno de unos pocos”, que dio a conocer este viernes Oxfam a nivel mundial.

El documento fue publicado por la confederación internacional formada por 17 organizaciones no gubernamentales que realizan labores humanitarias en 90 países (Oxfam), en alianza con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

La autora, Rosa Cañete, economista especializada en pobreza y América Latina, explica que una de las principales razones de la pobreza en la región es la desigualdad. Sin embargo, la mayoría de las iniciativas fiscales que le podrían hacer frente al problema no son promovidas por los gobiernos. Por ello quiso ahondar en las razones políticas que han impedido esos cambios.

“Este informe estudia el otro lado de la pobreza que es la riqueza y cómo las élites acaban incidiendo en las políticas públicas de una forma desmedida y consiguiendo imponer sus privilegios por encima de los derechos de las grandes mayorías”, dijo en una rueda de prensa a propósito del lanzamiento del estudio. 

La economista estudió la forma en que diversos grupos económicos habían influenciado a los líderes políticos para que los impuestos y el gasto público beneficiara sus intereses. 

Analizó 13 casos en países como Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú, Chile y República Dominicana, entre otros, en los que poderosos gremios económicos promovieron la aplicación de impuestos o estrategias de gasto público que luego aumentaron los niveles de pobreza en el país o afectaron el bien común. Al fenómeno lo llamó “captura del Estado”.

“Solo en un Estado que privilegia a unos pocos frente a la mayoría de la población, puede ocurrir que las políticas públicas reduzcan o limiten los derechos de la ciudadanía”, indica el documento.

Las prácticas que acrecientan la inequidad son particularmente graves en América Latina y el Caribe, la región que se sitúa en el deshonroso primer puesto como la más desigual del planeta. El 1% más rico de la región concentra el 37% de la riqueza. Esta concentración pasó de ser el 33% en el año 2000 al 37% en el 2017, según cifras de Credit Suisse.

Otra cifra relevante es la cantidad de años que tendría que trabajar una persona en situación de pobreza para ganar lo que un millonario logra en un mes. En Honduras son 603 años y en Colombia tendría que trabajar 442 años, según cifras de Oxfam.

Ante esta impresionante brecha, la analista explicó que la política fiscal de un país es el principal instrumento que tiene el Estado para enfrentar la desigualdad. Sin embargo, los Estados de América Latina y el Caribe usan, principalmente, el recaudo de impuestos al consumo.

El Impuesto al Valor Agregado (IVA), que grava de forma general el consumo de bienes y servicios, se aplica independientemente de la renta de la persona que los consuma y constituye en promedio el 60% del recaudo. Pero los impuestos a la renta, a las herencias o la tributación que se podría cobrar a personas más ricas no son las fuentes más relevantes para la sostenibilidad del Estado en América Latina. Ese es solo un ejemplo de cómo diferentes grupos han hecho que la política pública responda a sus intereses particulares.

La situación ha llegado a niveles exorbitantes en algunos países de la región, indica el estudio. En Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Bolivia, Nicaragua y Honduras se encontró que las personas más pobres no son beneficiarias sino pagadoras netas del sistema fiscal. Eso significa que la garantía de sus derechos no solo está paralizada, sino que retrocede debido a la política fiscal. 

El documento enumeró 11 estrategias con las que organizaciones con gran poder presionaron a los Estados para lograr un beneficio a costa del interés común.

Una de las tácticas identificadas para usar el Estado a favor de intereses particulares es “la puerta giratoria”: personas que ocuparon altos cargos en entidades privadas luego entran al sector público o funcionarios del Estado le hacen favores al sector privado para luego ser contratados por ciertas empresas. El fenómeno crea profundos conflictos de intereses que muchas veces pasan desapercibidos.

“Un ejemplo de esto es el gobierno de Mauricio Macri, en Argentina, en el que más del 40% de sus funcionarios viene del sector privado”, dijo la economista.

Otra estrategia es el “lobby feroz”, en el que se contratan expertos y personas con una amplia red de conocimientos para influir a los congresistas y funcionarios públicos. El lobby para que sus ideas sean escuchadas por los líderes políticos es un derecho de todos, pero la experta explica que, si no está regulado, puede convertirse en una maquinaria que privilegia a quienes tienen más recursos. 

“Sabemos que en Estados Unidos las farmacéuticas pagan USD 200 millones por lobby político. En América Latina no tenemos esas cifras porque la práctica no está regulada”, añade la investigadora.

El lobby político desmedido hace que los intereses del sector con mayores recursos sea el que se use a la hora de tomar decisiones que afectarán a un gran sector de la población. “Se han encontrado casos en que las discusiones de política pública que se deben dar en el Congreso terminan ocurriendo en las casas de importantes empresarios”, afirma Cañete.

También encontraron otras estrategias como el financiamiento partidario, el pago de sobornos y el uso de campañas mediáticas con información manipulada que posicionan los intereses de unos pocos en el debate público.

El más reconocido caso de sobornos y financiamiento a campañas fue el escándalo de corrupción de la constructora brasilera Odebrecht. La empresa admitió haber contribuido a campañas políticas y pagado sobornos en Panamá, México, República Dominicana, Guatemala, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Argentina y Brasil, además de países africanos. 

La compañía dijo que la red de sobornos a funcionarios tenía la finalidad de adueñarse de contratos públicos en los diferentes países. El resultado fue el desangre de recursos públicos que terminaron en bolsillos de particulares y cientos de obras de saneamiento básico, carreteras y otra infraestructura básica para la población que no fueron terminadas o quedaron con serios problemas técnicos.

El problema que deja entrever el informe es grave porque no solo aumenta la pobreza y disminuye la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también mina las democracias. Cuando los ciudadanos sienten que quienes están en el poder no los representan, sino que lo usan para su propio beneficio, dejan de creer en sus gobernantes y se crea un vacío de poder.

Según una encuesta realizada por el Latinobarómetro en 2017, el 75% de la población latinoamericana piensa que se gobierna para unos cuantos grupos poderosos. Un 65% de la ciudadanía latinoamericana dijo estar insatisfecha con la democracia y un 25% dice estar indiferente sobre si su gobierno “es un régimen democrático o no”. 

Ante este panorama, Oxfam formuló una serie de recomendaciones para impedir cada una de estas estrategias y presionar el Estado a adoptar medidas que perjudiquen el bien común. Por ejemplo, en el caso de la “puerta giratoria”, afirma que debe haber una regla de recusación obligatoria en asuntos relacionados con antiguos clientes o empleadores y que se deben establecer sanciones ante los incumplimientos de códigos.

Ante la campaña mediática, sugiere promover la diversidad de medios televisivos y la pluralidad de voces en los contenidos, entre otros.

En el caso del lobby político, propone tener un registro de cabilderos que incluya también el presupuesto dedicado a ello. También garantizar que existan espacios formales en las instituciones públicas donde todas las personas u organizaciones puedan presentar sus propuestas e intereses en el debate fiscal.

“La desigualdad es un importante indicador de la calidad de una democracia, ya que toda democracia parte del reconocimiento de que todas las personas tienen iguales derechos”, explica Cañete en el informe.

“Solo reduciendo la desigualdad, asegurando que las políticas públicas no privilegian a una élite, podremos tener más democracia”, añadió.(Tomado de: ElEspectador.com)

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