Una ejecución extrajudicial que embarra a la ATIC

Crimen de estudiantes pone en evidencia la manipulación del Estado

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-El crimen de los dos jóvenes estudiantes la semana pasada en Tegucigalpa ha dejado un mal sabor en la sociedad hondureña, que sigue exigiendo una respuesta coherente y lógica de los hechos.

Los estudiantes del instituto Técnico Honduras, Gerson Daniel Meza Medina (18) y Mario Enrique Suárez Gómez (19), aparecieron ejecutados el vienes 31 de agosto en la aldea La Montañita, al oriente de Tegucigalpa.

LA CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS

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Los jóvenes participaron en las tomas del colegio los días anteriores a su crimen. Junto a sus compañeros exigían una rebaja a los combustibles y un bono estudiantil para cubrir los gastos de transporte. Durante las protestas fueron reprimidos por la policía con el lanzamiento indiscriminado de gases lacrimógenos.

Durante los días de las protestas, en los medios de comunicación pertenecientes a las corporaciones, comenzaron a llamarlos de vagos y vándalos.

Pasaron unos pocos días de las protestas, cuando el miércoles 29 de agosto las redes sociales comenzaron a informar que los muchachos habían desaparecido. Sus familiares no informaron nada al respecto.

A los dos días siguientes, en horas de la tarde del viernes 31 ya se conoció a través de los medios de comunicación y la misma policía informó que, los muchachos habían sido encontrados ejecutados en la aldea La Montañita, una zona boscosa, ubicada al oriente de la capital Tegucigalpa, donde en los 80, durante la “guerra fría”, se convirtió en un cementerio clandestino.

Los cuerpos fueron tirados atados de pies y manos y con señales de tortura. Sus bocas tenían mordazas. Así fueron ingresados a la morgue de Medicina Forense, mientras seguidores de redes sociales comenzaron a publicar varias fotografías que evidencian la cronología cuando en horas del día,  Gerzon y Mario, eran sacados de una vivienda en el barrio Bella Vista de Comayagüela, por cuatro hombres vestidos con uniformes, pasamontañas y armas de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC). El vehículo donde fueron subidas las víctimas era un pick up, doble cabina, vidrios polarizados, sin placas, mismas características de las unidades de los cuerpos de seguridad e inteligencia del Estado hondureño.

A raíz de las evidencias fotográficas, la gente comenzó, siempre a través de las redes sociales, a acusar a la ATIC de ser la responsable del doble crimen y de haber emprendido una campaña de limpieza social para deshacerse de los estudiantes que luchan contra el sistema político y económico.

Ante las acusaciones, el departamento de comunicaciones de la ATIC salió al paso limitándose a decir que los uniformes que andaban los captores de los estudiantes no pertenecían a la unidad de investigación.

Las críticas sobre la reacción no se hicieron esperar ya que la agencia evidenció que su preocupación estaba centrada en caracterizar el uniforme y no en dar respuesta al crimen.

Posteriormente, el domingo a las 8:00 de la mañana, mediante un comunicado informal publicado en sus redes sociales, la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), aseveró que existe “un grupo criminal que se hace pasar por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y son los responsables de asesinar a los jóvenes estudiantes: Gerzon Meza y Mario Suarez”.

¿IRRESPONSABILIDAD O MANIPULACIÓN?

Sin presentar las pruebas del caso, Fusina, que integra a todas las agencias de seguridad, investigación e inteligencia del Estado, aseguró que no son agentes de la ATIC los que participaron en el crimen de los estudiantes.

Ante los últimos cuestionamientos, la ATIC se definió ser un ente técnico que se ha convertido en el brazo fuerte de la Fiscalía y que goza del respaldo de la comunidad nacional e internacional.

Ayer en un programa televisivo el director de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FANAMP), Amílcar Hernández, dejó entrever que los estudiantes del Técnico Honduras eran miembros de maras y pandillas. De acuerdo a la lógica de Hernández, la vinculación de los muchachos con las maras y pandillas, se puede constar en las publicaciones que hacían en las redes sociales.

Gobierno de Honduras
Amílcar Hernández, director de la FANAMP

“Sólo es de ingresar a las páginas de Facebook y ahí puede usted determinar cómo andaban estos jóvenes”, dijo temerariamente el director de la FANAMP.

Hasta el momento el director de la ATIC, Ricardo Castro, no se ha pronunciado sobre el tema. Sin embargo, Casa de Gobierno emitió ayer domingo un comunicado en el que asegura que en el crimen de los estudiantes no participaron agentes de la ATIC. Curiosamente el gobierno hace la aseveración sin haber efectuado ningún proceso de investigación y a la vez sustenta que la agencia de investigación es “un ente organizado eminentemente técnico y científico que en los últimos años se ha convertido en el brazo fuerte y eficiente del Ministerio Público”.

Para el director de Casa Alianza, Guadalupe Ruelas, las aseveraciones de Fusina y del gobierno son desafortunadas porque no pueden asegurar que los hombres que ejecutaron a los estudiantes no son agentes de la ATIC sin antes hacer una investigación.

Ruelas dijo que por los elementos que rodean el hecho, el caso de los estudiantes es una ejecución “arbitraria, extrajudicial”, porque los jóvenes fueron sacados de una vivienda sin mediar conflicto y porque luego, para ser vistos, fueron encontrados ejecutados con balazos en la cabeza, atados de pies y manos y con señales de tortura.

Añadió que lo que se espera de la autoridad es una repuesta con altura y responsabilidad, “pero lo que recibimos es una respuesta infantil”, ya que hasta el momento la respuesta de la ATIC es que no son sus agentes los que están involucrados en el caso.

Hasta el momento el Estado lo que ha dicho es, “yo no fui, fueron falsos agentes”, pero entonces, “la pregunta es cómo lo saben si estaban encapuchados, cómo lo saben si no han hecho la investigación a fondo.

El protector de la niñez y juventud en riesgo social, apuntó además que las acciones del gobierno, son un intento por lavar la cara de una institución gubernamental, olvidándose del problema central, que es el crimen de los estudiantes.

ESCUADRONES DE LA MUERTE

En medio de la polémica, el expresidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, emitió un comunicado en su condición de coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre) en el que establece que en el país existen escuadrones de la muerte y que bajo las órdenes del régimen de Juan Hernández, asesinaron a los estudiantes.

No es la primera vez que Zelaya Rosales hace estas fuertes aseveraciones, lo hizo hace más de dos años. En esta oportunidad ha demandado una investigación independiente formada por personalidades fuera el ámbito gubernamental, dirigidos por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

Hasta este lunes en horas de mediodía, la representante de la OACNUDH en Honduras, María Soledad Pazo no se había pronunciado sobre el tema.

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ANTECEDENTES DE LA ATIC

El 11 de junio del presente año se produjo la muerte misteriosa de la agente de la ATIC, Sherill Yubissa Hernández Mancía. La joven de 28 años venía trabajando desde hace tres años en la unidad de investigación y estaba asignada en la occidental ciudad de Santa Rosa de Copán. Paradójicamente, inició como investigadora de crímenes en la Unidad de Homicidios.

Su caso ha sido envuelto en un velo de misterio. Por un lado, el director de la ATIC, Ricardo Castro alega que la joven se suicidó; en tanto la directora de Medicina Forense, Julissa Villanueva, sostiene que el informe forense establece que el caso de Hernández Mencía es un homicidio.

Cuando se comenzó a ejecutar la tercera operación “Avalancha” de la ATIC en contra de la MS – 13 y en la semana de su muerte, Sherrill procesaba y coordinaba información confidencial. Algunas evidencias de casos se embalaron para ser trasladadas a San Pedro Sula y Tegucigalpa.

En este caso se presume el involucramiento de los mismos compañeros de la ATIC.

A finales de junio, la directora de Medicina Forense denunció ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) que por el manejo del crimen de la investigadora de la ATIC, había recibido amenazas a muerte.

Una fuente reveló a este medio de comunicación que la ATIC estaba “infiltrada” por la MS-13 y que ya existían muchos crímenes cometidos por sus agentes.

Hace tres semanas dos hombres fueron acribillados en horas del día en una gasolinera en San Pedro Sula por hombres con indumentaria de la ATIC.

Otro notorio crimen que pone en entredicho al sistema de seguridad y justicia en Honduras, es registrado contra Sara Yesennia Castillo, una joven de 15 años, quien fue capturada el 21 de julio por agentes de la ATIC, acusada por el delito de tráfico de drogas. De acuerdo a la ficha presentada por la agencia de investigación, la joven era integrante de la pandilla 18 y residía en la colonia Tiloarque de Comayagüela.  Castillo fue encontrada ejecutada ayer domingo en una plantación de caña en el municipio de Villanueva, Cortés en el norte de Honduras.

Al momento de su captura, la ATIC presentó a la joven ante los medios de comunicación y difundió sus fotografías en los medios de comunicación y redes sociales, pese a que el Código Penal prohíbe la exposición de los menores de edad.

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