El caso y la causa de Berta Cáceres

Por: Lahura Emilia Vásquez Gaitán

A dos años del asesinato de Berta Cáceres ya se han capturado los autores materiales del crimen. Desde el tratamiento que se le otorgara a Gustavo Castro Soto ―único testigo del asesinato―, quien fue prácticamente secuestrado por el Gobierno de Honduras a la vez que se buscaba la manera de incriminarlo en el hecho, el Estado mostraba desde ya cuál sería su proceder a lo largo del proceso: ocultar los hechos y olvidar las causas que subyacen detrás de este asesinato. Esta ha sido la principal intención del gobierno, la policía, el ejército y los órganos impartidores de justicia del país.

El Ministerio Público, lejos de mostrar una posición de imparcialidad y de investigar los delitos a fondo con el propósito de verificar que se cumpla la justicia como lo manda la ley, ha orientado su proceder hacia la negación de información a la familia de la víctima. En conferencia de prensa el 7 de agosto del presente año, el equipo legal y la familia de Berta Cáceres reiteraban de manera oficial lo que ya se ha venido diciendo en varias ocasiones: que se les ha excluido del proceso, que en más de 35 ocasiones los abogados han solicitado información que se les ha negado y que se ha postergado la audiencia de proposición de medios probatorios, limitando así la entrega de información necesaria cuando es de todos sabido que muchos de los trámites legales que podrían requerirse a partir de esta están sujetos a plazos. Parecieran valerse de lo anterior para amañar un proceso legal que les perjudica mucho.

La conferencia de prensa del martes pasado nos dejó algunas ideas claras: la fiscalía está orientando el juicio hacia el «caso Berta» y no hacia la «causa Berta». Y es que el «caso Berta» se concentra en pretender juzgar a quien disparó la pólvora que le cegó la vida; sin embargo, la «causa Berta» va más allá de un asesinato. Significa entender el origen de las luchas que, desde hace varios años, diversos movimientos sociales han emprendido en contra de los proyectos extractivos, mineros, hidroeléctricos y eólicos en Honduras. La «causa Berta» tiene dimensiones más profundas y visibiliza una realidad dolorosa: quinientos años han pasado y los pueblos originarios aún siguen siendo víctimas de la discriminación de los «criollos», desterrados y expropiados de sus propios recursos, irrespetados en sus legítimos derechos y vistos como extranjeros dentro de sus propias tierras.

Confundir el «caso» con la «causa» significa olvidar y desconocer que, aunque el asesinato ocurrió en 2016, tres años antes, en 2013, Berta Cáceres era judicializada por oponerse a la instalación de represas hidroeléctricas en el país. La mujer acreedora al premio Goldman debía presentarse a firmar los juzgados de La Esperanza ―ciudad donde residía― evidenciando así la principal característica del sistema judicial hondureño: criminalizar a las víctimas y privilegiar a los delincuentes.

No se confunda el lector si del juicio que inicia el próximo 10 de septiembre salen condenas y los medios de comunicación masiva lo celebran con bombos y platillos, pues es lo mínimo que esperamos desde hace dos años. Sin embargo, no es todo. Eso solo significa que habrá castigo para quien usó la pólvora. Quien crea que el caso se resolvió y que la justicia ha imperado se equivoca. Al igual que en los casos de Jeannette Kawas, Carlos Escaleras, Tomás García y Margarita Murillo, entre tantos otros, los motivos que llevaron al asesinato de Berta Cáceres siguen allí intactos y el aparato de justicia estatal ―congruente a lo que ha sido desde el Golpe de Estado― se está esforzando por invisibilizarlos.

Que previo al inicio del juicio el equipo de abogados llame a una conferencia de prensa para informar sobre la larga lista de anomalías que ha habido detrás del caso para explicarnos que la causa y el caso Berta Cáceres son cosas distintas, y que resolver el caso no significa, por ningún motivo, que se ha resuelto la causa, es alarmante en un país en donde más de 120 ambientalistas han sido asesinados de 2010 a la fecha sin que se le haya deducido responsabilidad penal a nadie. El control absoluto de los órganos impartidores de justicia que ha generado la dictadura de Juan Orlando Hernández ha tenido como consecuencia una impunidad sin precedentes que retrata en carne propia la descripción que hiciera el poeta Roberto Sosa, en su poema «La casa de la justicia»: jueces sombríos, hablan de pureza con palabras que han adquirido el brillo de un arma blanca. Las víctimas… miden el terror de un solo golpe.

Esto nos lleva a la reflexión: aún queda mucho por hacer. La empresa Desarrollos Energéticos (DESA) ha suspendido operaciones, pero todavía mantiene la concesión de 50 años sobre el Río Gualcarque. El Estado de Honduras no muestra la más leve intención de proceder contra este proyecto homicida y extractivo. El Banco Centroamericano de Integración Económica mantiene su financiamiento de 24 millones de dólares. Estados Unidos es el principal donante de dinero en Honduras y una gran cantidad de este va destinado a financiar a la policía y el ejército, cuerpos seriamente involucrados en la represión de activistas. Los políticos y las élites empresariales hondureñas respaldan las industrias que bajo nombres pulcros y utilizando epítetos positivos (entiéndase «generación de energía limpia», «desarrollo para el país», «empleo para la población», «escuelas y carreteras para las comunidades») pretenden justificar un fin cuyos medios están llenos de explotación, empobrecimiento, dolor y sangre.

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Si el Estado de Honduras tuviese intención de atender la causa de Berta, podría revocar ―conforme a lo previsto por los estándares internacionales― las concesiones otorgadas a diversos proyectos que perjudican a distintas comunidades en el país. Podría cumplir lo acordado con Porfirio Lobo Sosa mediante el cual asumió el compromiso de «no autorizar la construcción de represas en comunidades lencas sin la realización de consultas libres, previas e informadas», en cumplimiento del artículo 6 del convenio 169 de la OIT. Podría fortalecer los mecanismos de investigación que permitieran desmontar las estructuras criminales que vulneran los derechos de los y las defensoras de derechos humanos. Debería de brindar información sobre el progreso de la investigación a los familiares de la víctima. Podría investigar, juzgar y sancionar a las personas vinculadas a DESA y a los organismos de seguridad del Estado que formaron y fortalecieron la estructura criminal que actuó en contra de las comunidades lencas de Río Blanco y del COPINH con el fin de desmantelarlas para prevenir futuros actos de intimidación y violencia; pero desde los hechos y no solo desde el discurso.

La alegría regresará a nuestras almas rebeldes hasta que los proyectos que están pretendiendo explotar el río Gualcarque y todos los ríos de nuestro país se hayan largado definitivamente de nuestras tierras. Nos daremos por bien servidos hasta que en Honduras exista respeto hacia nuestros pueblos, sus raíces y sus cosmovisiones. Diremos que ganó la justicia cuando las transnacionales dejen de intervenir en nuestras tierras, en las decisiones políticas y en nuestra soberanía. Gritaremos de júbilo cuando en Honduras se recupere la institucionalidad y sepamos que nunca más, nadie, irá a un juicio en condiciones de desconocimiento de su propio caso, o peor aún: con una estructura judicial viciada y permeada por la corrupción; o cuando la justicia sirva para dar a cada uno lo que corresponde, empezando por visibilizar causas como la de Berta en lugar de concentrarse en solo en el hecho de quién disparo el gatillo… Solo entonces comenzaremos a creer que hay intención genuina de hacer las cosas bien. Antes, todo será demagogia, juicios a medias y manipulación mediática.

Las luchas en Honduras por la defensa de los territorios y nuestros recursos siguen vivas. Dos años han pasado y las heridas de Berta aún sangran. Sangran en el río que corre, libre e irreverente, en el agua que cae desde Celaque, Puca Opalaca y sus palabras ―más que vigentes― sangran también en nuestra consciencia. Y es que en cada lucha contra la injusticia, en cada pequeña acción que sume, en cada rebeldía, traemos otra vez al presente el espíritu incansable y alegre de Berta Cáceres. Mientras eso ocurra habrá esperanza y ella seguirá con nosotros porque ¿cómo llamarles muertos a quienes nunca se van?

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Un comentario sobre “El caso y la causa de Berta Cáceres

  • el agosto 14, 2018 a las 3:29 pm
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    Me parece sumamente interesante sus apreciaciones con relación a el caso y la causa, el caso es el asesinato de tan distinguida ambientalista y la causa, los motivos del asesinato, todos sabemos que DESA estuvo trabajando para dejar desposeídos de la madre naturaleza, que provee vida de los indígenas de la zona, encontraron en el sector un emporio para enriquecerse de formas diferentes, violentaron el Convenio 169 de la OIT, es por ello que no solo fue el agua para la hidroeléctrica, hay otras cosas que generan riqueza, no son simplemente responsables los que la asesinaron, es el gobierno y los empresarios conexos que están embuidos en ese vergonzante asesinato. La felicito, muy buen comentario.

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