EE.UU. habría retirado visa a la jueza Alma Guzmán por dejar en libertad a diputados acusados de corrupción

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Alma Consuelo Guzmán,  estaría en las lista de funcionarios hondureños castigados por el gobierno de los Estados Unidos con la suspensión de la visa para ingresar a este país.

En junio pasado se conoció a través de varios medios de comunicación que la administración de Donald Trump habría aplicado un “castigo diplomático” a al menos 40 funcionarios de Honduras por estar involucrados en actos de corrupción.

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El castigo para Guzmán se relaciona al papel que jugó durante el juicio contra el denominado caso la “red de diputados”, presentado por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic), contra cinco diputados y tres miembros de una onegé, acusados de drenar fondos del estado para uso particular.

La embajada de los Estados Unidos no ha confirmado, pero tampoco ha negado la información que manejan los medios de comunicación, que afirman que la suspensión de las visas ha afectado a los congresistas implicados en la “red de diputados”, Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez Rodríguez, Augusto Domingo Cruz Ascencio, Dennys Antonio Sánchez Fernández y Eleazar Alexander Juárez Saravia.

En su rol de jueza natural, Guzmán, se amparó en las reformas a la Ley de Presupuesto para dejar en libertad a los parlamentarios.

La MACCIC y la Ufecic acusaron en diciembre del año pasado a los diputados de recibir dinero del Estado a través de la Asociación Nacional de Productores e industriales de Barrios y Colonias de Honduras (ANPIBCH), una onegé que recibía fondos para proyectos sociales de la Secretaría de Finanzas y del Congreso Nacional, destinados a obras públicas, pero que posteriormente sus directivos depositaban en cuentas particulares a los diputados.

La jueza Guzmán resolvió suspender el proceso hasta que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) termine con las investigaciones en este mismo caso, que podría durar hasta tres años.

Las reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto, fueron bautizadas por el ex vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, como “pacto de impunidad”, ya que le quitaron la facultad de investigación penal al Ministerio Público sobre la ejecución de fondos del Estado por parte de diputados, funcionarios públicos u organizaciones de sociedad civil.

Este sábado se conoció, además, que la justicia hondureña ha librado órdenes de captura contra los 38 implicados en el caso Pandora.

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