La Constituyente, entre conflictos palaciegos y alianzas oportunistas

Por. Tomas Andino Mencía

Tras haber superado temporalmente la crisis post electoral con un balance político a su favor (logro quedarse en el gobierno contra la voluntad de la mayoría) el régimen de JOH ha entrado en una etapa de incertidumbre en su gobierno que le impide la estabilidad necesaria para reconstruir el sistema político concentrador, excluyente y autoritario que labro durante los últimos 8 años.

Dicho sistema quedo severamente dañado después del levantamiento semi insurreccional del Pueblo en noviembre y diciembre pasados, cuando la estafa electoral fue descubierta y JOH fue reconocido por la inmensa mayoría del Pueblo como un dictador, debilitándose su liderazgo, no solo a nivel nacional, sino también dentro de su propio partido. De hecho, pocos gobiernos han iniciado su periodo con tan baja aceptación popular y con tan amplio desprestigio nacional e internacional, como el actual. Desde entonces, la débil credibilidad en los procesos electorales esta por el suelo, mientras que el enorme descontento social no se ha disipado, sino que solo ha sido contenido.

Tanto JOH como el imperio son conscientes que el actual equilibrio político, alcanzado a fuerza de balas y más de 40 asesinados, es fugaz y puede romperse en cualquier momento. Son varios los factores que lo amenazan, tanto desde fuera como desde dentro de su mismo gobierno.

Nubarrones en el contexto nacional e internacional

En el contexto nacional se acumula al corto plazo una bomba de tiempo económico-social a medida que el grupo de poder se ve obligado, para recuperar los costos de la reciente crisis política, a imponer medidas extremadamente impopulares, como los incrementos en la electricidad, el agua potable, los combustibles, las alzas de impuestos (vial, matrícula y otros municipales), y en los alimentos. Este factor bien podría encender de nuevo la chispa de una nueva crisis social, como lo muestran los eventos en Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios, donde hubo una rebelión quemando postas y edificios gubernamentales, y las protestas espontaneas por la imposición de los nuevos “contadores inteligentes” de la Empresa Energía Honduras.

En el mediano plazo, la economía y la política internacional tampoco son alentadores para el régimen. Algunos de estos factores prometen ser muy desestabilizadores, entre estos: la eliminación del TPS, con sus funestas consecuencias al mediano y largo plazo; la creciente devaluación de la moneda frente al dólar; los estragos que produce el desbalance comercial creciente a raíz del TLC; la dilapidación y drenaje de recursos públicos a causa de la corrupción sistémica; la tendencia general al alza de los precios del petróleo y de las materias primas importadas (en dólares) del exterior; además de la sangría de recursos que implica el pago de la deuda externa; la fuga de capitales y no inversión en las dimensiones que el régimen espera. Todo esto augura un futuro sombrío para una economía capitalista ineficiente, derrochadora y parasitaria, la cual pasara factura más temprano que tarde con una crisis fiscal.

Fisuras al interior del régimen

Pero los principales y más inmediatos problemas que tiene el régimen provienen de su interior. Varias fisuras se han abierto en el seno del partido de gobierno, principalmente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que han ralentizado toda la administración pública. ¿Cómo se expresan esas fisuras? Se expresan en un enfrentamiento entre el grupo de fieles a JOH y la Embajada gringa, versus la alianza de la mayoría de diputados al Congreso Nacional con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que se hacen representar por el Presidente del primer poder del Estado, Mauricio Oliva.

Ejemplos de ese conflicto son: 1) El recule del Congreso Nacional al derogar el Artículo 335B del Código Penal con el que JOH impuso una mordaza a los periodistas por denunciar actos de corrupción de funcionarios públicos, con lo cual Oliva quiere mejorar su deteriorada imagen pública; 2) la pretensión del Presidente del Congreso de instalar un dialogo paralelo al del Poder Ejecutivo para introducir en la agenda modificaciones a la Constitución; 3) la rebeldía de miembros de la Junta Directiva del Congreso Nacional afines a partidos aliados de JOH (como ARP y UD), quienes en señal de protesta han abandonado sus puestos en la directiva; y, 4) la insinuación en un Twitter de Mauricio Oliva, Presidente del Congreso Nacional, en el sentido de que el Congreso podría convocar a una Constituyente.

Pero los dos casos que más concentran el conflicto, son la pugna por impedir la presencia de la MACCIH en Honduras y la elección del nuevo Fiscal General del Estado, ya que estos organismos son los motores que pueden llevar a la cárcel o a la extradición a funcionarios o exfuncionarios públicos.

Como es sabido, el primer conflicto (gobierno versus MACCIH) tuvo un primer capítulo con la salida de su vocero, Juan Jiménez Mayor, no sin antes haber denunciado que Luis Almagro, Secretario General de la OEA, tiene un pacto de complicidad con el gobierno de JOH para protegerlo frente a las investigaciones que dicho organismo comenzó a hacer en el caso de corrupción del IHSS. Todo parece indicar que la misión de Juan Jiménez Mayor estaba circunscrita a revelar la corrupción únicamente de los diputados al Congreso Nacional, no del Poder Ejecutivo, pero aquel se extralimito, razón por la cual Almagro se vio obligado a cortarlo. Una vez sustituido por su actual vocero, la MACCIH ha retomado la línea de investigar a los diputados, dando lugar a una batalla, en la que estos últimos se proponen cuestionar la legalidad de la MACCIH en Honduras, y la existencia de su organismo técnico de investigación, la UFECIC.

La estrategia principal usada por este grupo de diputados corruptos, aliados con magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ha sido cuestionar la constitucionalidad de la labor de la MACCIH, para forzarla a salir del país. Sin embargo, nada refleja mejor la injerencia de los Estados Unidos a favor de este organismo, que la intervención directa de la Embajadora Fulton, quien personalmente se presentó a hacer el reclamo a la Corte Suprema de Justicia, forzándola a declarar la constitucionalidad de la presencia de la MACCIH, a fin de que esta continúe con sus investigaciones. Sin embargo, el asunto no termino ahí porque ahora resulta que el Decreto que otorga la constitucionalidad a ese organismo supranacional, contiene reformas escondidas que limitan su capacidad de procesar a los funcionarios públicos, tal como ha denunciado el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

En el caso de la elección del Ministerio Publico, la “guerra de candidatos y candidatas” se ha dado de tal manera que, mientras un sector de ONG financiado por agencias norteamericanas (ASJ, APJ, Transparencia-Honduras) trata de asegurar una candidatura potable para la Embajada Norteamericana, como es el caso del continuismo de Oscar Chichilla, el sector de diputados que se siente amenazado, parece interesado en contaminar la elección imponiendo a uno de sus incondicionales, y, en caso extremo, intervenir al Ministerio Publico desde el Congreso para castrar a este organismo. Este grupo tuvo un logro al hacer renunciar a Oscar Chinchilla a dicha candidatura, pero también varios de sus candidatos han sido denunciados por tener cuentas pendientes con la justicia, con lo cual el proceso de selección del Fiscal General se ha vuelto sumamente conflictivo y por momentos parece naufragar.

¿Cuál es el fondo de estos conflictos?

Estos conflictos son una consecuencia de la política internacional norteamericana de utilizar el tema de la corrupción como un instrumento de chantaje político, siendo selectivo con sus blancos, como quedó evidenciado en las razones de la salida de Jiménez Mayor.

Para nadie es un secreto que, desde el Poder Ejecutivo durante el gobierno del Partido Nacional, se han cometido gravísimos actos de corrupción en el país, como el tronado caso del IHSS, el INJUPEM, el INPREMA, por mencionar algunos. Tan profundo ha sido este saqueo de los fondos públicos, que la función principal de los últimos dos gobiernos ha sido y sigue siendo devorar los presupuestos de instituciones enteras a favor de mafias y grupos delincuenciales, tanto políticos como empresariales, entronizados con ocasión del Golpe de Estado de 2009, en los cuales tienen acciones los mismos gobernantes y sus allegados más cercanos. Las dimensiones de este saqueo rebasan lo que en el pasado haya conocido Honduras, por lo que, en lugar de hablar de gobiernos, deberíamos hablar de organizaciones criminales gubernamentales.

Esto le ha dado a la Embajada de Estados Unidos una oportunidad de oro que no desaprovecha para utilizar esa característica del gobierno de JOH, como instrumento de presión política para domesticarlo al extremo. En realidad, no hace esto solo en Honduras, es una política del imperio que lleva a cabo en toda América Latina y tal vez el caso que más lo refleja es el seguimiento que le da el sistema de justicia gringo al caso Odebrecht, en el cual se han embarrado la mayoría de gobernantes latinoamericanos. Así justifica la intervención en los sistemas judiciales de estos países a través de Comisiones como la CICIG en Guatemala y la MACCIH en Honduras, con las cuales echa abajo gobiernos (caso de Guatemala) o los condiciona (caso de Honduras) para imponer medidas que en otras condiciones no podría hacerlo. La hipocresía del imperio en el caso de Honduras se revela en el hecho de que desde el Golpe de Estado ayudo a colocar a esos hiper corruptos en el poder que ahora está sancionando.

Esto ocurre porque el imperio no cuenta con la cúpula del Partido Nacional entre sus peones de confianza. En especial no le perdona a JOH que, al inicio de su gobierno, coqueteara un breve tiempo con Lula, los rusos y los chinos, y que hicieran mas caso al crimen organizado que a la Embajada gringa, contando para ello con el Congreso Nacional como cómplice. Si JOH fue apoyado en la crisis política recién pasada fue porque la Embajada de Estados Unidos no tenía una mejor alternativa con posibilidades reales de hacerse del gobierno (una alternativa que, por supuesto, no fuera LIBRE) por lo que, en sus cálculos, habría sido inoportuno provocar su salida en medio del alzamiento semi insurreccional del Pueblo.

Para mantenerlo bajo control, desde hace cuatro años le viene destapando sus sucios negocios y lo obliga a entregar a sus compinches narcotraficantes y corruptos, comenzando por sus colaboradores y financiadores. Mientras haga eso obedientemente, JOH no será tocado y hasta será apoyado. Es por eso que hace algunos años hemos visto desfilar por los tribunales de New York a narcotraficantes vinculados a políticos, empresarios y banqueros que sirvieron al gobierno de Pepe Lobo y JOH. También han desfilado connotadas figuras del Partido Nacional (Callejas) y sus aliados políticos (Rosenthal) incluyendo a sus familiares más cercanos (hijos, hermanos). Lo mismo ha ocurrido en los tribunales de Honduras, como es el caso de funcionarios del sistema de justicia que ahora purgan prisión o están procesados como Teodoro Bonilla y Rigoberto Cuellar, entre otros.

Pero hasta ahora la influencia imperial ha tocado preferentemente los círculos del Poder Ejecutivo y Judicial, y ahora parece enfilarse hacia otro poder del Estado, el legislativo, igualmente corrupto. Para ello utiliza al mismo JOH y al Poder Judicial domesticados. Como consecuencia, JOH se ha metido a serios problemas con su propio grupo de cercanos por obedecer los mandatos de la Embajada, pues sus correligionarios se sienten amenazados ante la eventualidad de ser entregados a una Fiscalía General independiente en Honduras, o a la justicia norteamericana, por su involucramiento con el crimen organizado y la corrupción. Particular pánico le tienen al proceso acusatorio que desde la MACCIH se promueve en contra la “Red de diputados”, cuyo número alcanza a unos 140 legisladores de los tres últimos periodos, involucrados en actos de corrupción por el desvío de fondos originalmente destinados para proyectos sociales. Nunca se les olvida que uno de los primeros mencionados en ese caso, es precisamente el Presidente del Congreso, Mauricio Oliva. Esta es la razón por la que el Congreso mantiene engavetada el Proyecto de Ley de Colaboración Eficaz, promovido por la Embajada.

Este proceso es impulsado teniendo como su principal instrumento a la MACCIH y, eventualmente, un Ministerio Público al servicio de la agenda norteamericana. Que no están bromeando, lo demuestra el procesamiento que hicieran del primer grupo de cinco diputados corruptos y, más recientemente, el procesamiento de parte de la UFESIC a dos directivos del Congreso Nacional, Tomas Zambrano y Román Villeda Aguilar, por los cargos de falsificación de documentos públicos, abuso de autoridad y delito contra la forma de gobierno, en el sonado caso de las reformas a la Ley del Presupuesto aprobadas el 18 de enero, tendentes a encubrir los actos de corrupción de los funcionarios públicos. Otra muestra de que hablan en serio es el encarcelamiento de Rosa Elena Bonilla, esposa del ex Presidente Porfirio Lobo Sosa, el cual pese a sus amenazas de “cantar” en los juzgados, no pudo evitar que su “Rosita” este tras las rejas.

En los próximos días este proceso promete ponerse más caliente tomando en cuenta que el Congreso de Estados Unidos acaba de solicitar al Departamento de Defensa la entrega de la lista de los funcionarios corruptos de Guatemala, Honduras y El Salvador, para aplicarles la Ley Magnitsky y así congelarles cuentas y negarles visa entre otras medidas. Por tanto, este tema se pondrá al rojo vivo en el corto plazo.

Lo que no se sabe a ciencia cierta, pero es razonable sospecharlo, es si el objetivo de la Embajada con ese asunto se limita al largo plazo solo a los funcionarios cachurecos, o si tiene también la pretensión de alcanzar a miembros de la oposición, incluido el circulo de afectos de Manuel Zelaya o a el mismo. Recuérdese que recientemente tanto Mel Zelaya como Rixi Moncada fueron acusados por el Tribunal Superior de Cuentas, controlado por JOH, de haber hecho gastos ilícitos. De hecho, a Mel le tienen embargada su casa y penden muchos procesos a líderes de su partido. Como aun esta por dilucidarse si son ciertas o no esas acusaciones, es un buen indicador a favor de Mel y Rixi que estos han dado muestras de no evadir someterse a la justicia presentando sus pruebas.

Quienes hoy se alegran por lo que hace la MACCIH contra la cúpula cachureca, deberían considerar que este proceso bien podría continuar después envolviendo a miembros de la oposición política, que tengan cuentas pendientes con la justicia o que, sin tenerlas, se las fabriquen. Ese curso es muy probable, en especial en el caso de Mel y de diputados de LIBRE, porque así los gringos podrían sacarlos del juego y quedarse con la Alianza de Nasralla y Luis Zelaya, un dúo mucho más potable para sus intereses de cara a las próximas elecciones. De la misma manera estos procesos pueden ser utilizados para afectar a líderes gremiales, sociales, etc. que estorben a la agenda norteamericana.

Por lo anterior, no hay nada mejor que luchar por que Honduras cuente con un sistema de justicia, eso sí, probo y realmente imparcial, que no dependa de las maquinaciones imperiales.

¿Rumbo a una constituyente?

En ese contexto, en los meses de abril y mayo, se han sucedido una serie de hechos que levantan serias sospechas en el sentido de que se fragua una alianza entre al menos un sector del Partido LIBRE y el grupo dominante de diputados del Congreso Nacional para generar reformas a la Constitución mediante una Asamblea Constituyente. Veamos de qué hechos hablamos.

1) En un twitter del 12 de abril Mauricio Oliva dijo; “Creo que es hora de preguntarnos si debemos o no hacer una profunda reforma a la Constitución. ¿Se necesitará que un grupo de ciudadanos elabore una propuesta? ¡O autorizar al Congreso redactar una propuesta y llevarla a referéndum?”. (El País, 12 de abril 2018)

Hay varias maneras de reformar una Constitución. Una de estas es mediante el procedimiento legislativo donde una reforma se aprueba en una legislatura por mayoría calificada y luego se ratifica en la siguiente legislatura. La otra ruta es mediante una Asamblea Constituyente, que cambie los artículos que su texto tiene por inmodificables por el primer procedimiento (“pétreos”). Oliva no dejo claro de cuál de los dos procedimientos estaba hablando.

2) Ese mismo día el diputado Jorge Cálix, felicito públicamente a Mauricio Oliva por apoyar la idea de la propuesta de la Constituyente, que ha sido propuesta por LIBRE hace varios años. (El País, 12 de abril 2018)

3) Once días después (23 de mayo) sorpresivamente el diputado de LIBRE, Fabricio Sandoval, presento un Proyecto de Decreto tendente a que se consulte al Pueblo sobre si está de acuerdo en convocar a una Constituyente. (Diario Tiempo, 23 mayo 2018)

4) Contrario a lo que normalmente hace la oligarquía en un caso como este (negarles la palabra, vilipendiarlos, y si se descuidan procesarlos) la directiva del Congreso actuó de una forma tan abierta y complaciente, que permitió que la Comisión de dictamen fuera presidida por Jorge Cálix, destacado líder de LIBRE.

5) El mismo día que fue presentado dicho proyecto, el ex Presidente Manuel Zelaya expreso en un Twitter “… me hubiera gustado conocer el decreto y discutirlo antes de someterlo a la cámara legislativa”, dando a entender que no sabía de la iniciativa (Once Noticias, 23 de mayo, 2018)

6) Después, en un dialogo público establecido por mi persona con el diputado Fabricio Sandoval por Facebook, le consulté sobre el objetivo de la propuesta, que temas trataría, porque fue apoyada por el Partido Nacional y si eso significaba que hay un acuerdo político tras bambalinas. El compañero confirmó que la propuesta era para la convocatoria a una Asamblea Constituyente Originaria, pero se negó a responder la pregunta sobre los temas que trataría y si era parte de un acuerdo político con el Partido Nacional. Pese a mi insistencia, el diputado no lo confirmó, pero tampoco lo negó.

Que LIBRE proponga una Constituyente no es algo negativo, sino todo lo contrario. Lo que levanta sospecha es la forma tan poco transparente en que se hace y el apoyo inédito del partido de gobierno a esa iniciativa.

Entonces hay tres posibilidades:

1) Todo es una casualidad, lo que descarto.

2) Hay un acuerdo fraguado entre algunos diputados de LIBRE y Mel no se dio cuenta; y, 
3) hay un acuerdo y Mel es artífice del mismo, pero no lo reconoce públicamente.

Mala espina produce que dicho proyecto no haya sido previamente consultado ni con el pueblo en resistencia, ni siquiera al interior de LIBRE..

Dándole al líder de LIBRE el beneficio de la duda (que no se enteraba) ¿qué se traen entre manos los diputados de su partido con los diputados del Partido Nacional?

Nadie ha aclarado para que quieren convocar a una Asamblea Constituyente, pero en Honduras todos nos conocemos. Es sabido que un fuerte interés de Manuel Zelaya y sus seguidores es legalizar la reelección para que pueda postularse al próximo proceso electoral. De hecho, Mel viene preparando su camino desde la crisis post electoral, radicalizando su discurso y confrontándose con Salvador Nasralla, hasta lograr que este abandonara la Alianza, con lo cual el camino le queda despejado. Nasralla por su parte puso todo a favor de ese resultado con sus vaivenes políticos, sus incoherencias y sus coqueteos con el dialogo convocado por JOH. De esa forma, Mel lo ha desplazado y se ha convertido en el líder más destacado de la oposición.

Si ese fuera su objetivo no habría nada reprochable en la iniciativa, porque LIBRE está en su derecho de desearlo y ha planteado correctamente que esa reforma a la Constitución solo podría darse en el marco de una constituyente o de un Referéndum.

Sin embargo, los afectos a LIBRE saben que no tiene los votos necesarios para hacer aprobar en el Congreso la idea de una Constituyente y por tanto necesita aliados para ello. El problema entonces no es lo que propone sino con quienes se están aliando para lograr ese propósito.

¿Por qué es problema? Porque del lado de los diputados corruptos del Partido Nacional, su interés es trastocar la legislación constitucional para que sus fechorías queden impunes. En ese sentido, esta coincidencia política inconfesa, es preocupante y por eso no puedo calificarla más que de oportunista.

Es lamentable que el tema de la Constituyente, que fue abrasado con tanto fervor por el Pueblo en Resistencia como una alternativa democrática al Golpe de Estado, fuera abandonado durante tanto tiempo, para atender las necesidades electorales inmediatistas, y que ahora se le utilice como moneda de cambio, metiéndolo por la puerta de atrás. Esa propuesta más parece una desesperada medida política del liderazgo (total o parcial) de LIBRE, que una jugada calculada con buen tino pues si las cosas salen mal un remedo de “constituyente” podría terminar siendo un salvavidas a los corruptos del país.

¿Alianzas con “los de allá” o “los de acá”?

Cabe preguntarse ¿Hasta dónde piensa llegar este sector de LIBRE en su alianza con este sector del Partido Nacional en el Congreso Nacional? NO lo sabemos. Lo que sí sabemos es que nada bueno cabe esperar de este sector de la oligarquía, ni con el gobierno de JOH ilegitimo e ilegal. Eso solo lo fortalece y prolonga su sobrevivencia hasta las próximas elecciones, cuando terminarán dándonos más de lo mismo. Lo que empieza mal termina mal.

No hay ninguna garantía de que los cachurecos no arreglaran sus desavenencias, con la asesoría del Tío Sam, y lo más probable es que dejaran “vestido y alborotado” a su ingenuo aliado. A estas alturas debería ser una lección aprendida que las contradicciones entre los miembros de la cúpula cachureca son secundarias y que su principal contradicción es contra nosotros, el Pueblo.

LIBRE no tiene condiciones en el Congreso Nacional para hacer aprobar nada que no convenga a los intereses del Partido Nacional, porque con el fraude este se aseguró mayoría absoluta. Para cualquiera con dos dedos de frente, es más probable que los diputados corruptos quieran convertir al Congreso en “constituyente” o que promuevan un referéndum a su conveniencia, a que quieran ceder a una Constituyente Originaria como el Pueblo la quiere.

Si de verdad la cúpula de LIBRE estuviera interesada a encaminarse hacia una Asamblea Constituyente Originaria, como pregona, los llamados a la movilización tendrían como objetivo real desestabilizar al régimen; ya que de un régimen ilegitimo como este, no puede surgir una solución democrática. Esta solo puede surgir del pueblo movilizado.

Si LIBRE quisiera lo que el Pueblo realmente quiere, abogaría por una alianza, no con los corruptos sino con la “Honduras de acá”, es decir, con las comunidades que luchan contra la minería y las represas, los estudiantes universitarios que luchan contra las imposiciones en la UNAH, con los trabajadores que están descontentos por el alto costo de la vida y los bajos salarios; es decir, con el Pueblo explotado y oprimido.

Y en cuanto a los métodos de lucha, no debería convocar tanto a manifestaciones únicamente, que a estas alturas no causan ninguna mella al gobierno de JOH, sino que organizaría acciones de presión en la calle, unificadas a nivel nacional, como en noviembre y diciembre, que afecten la economía de la burguesía. Se debería apoyar en los llamados “Comandos Insurreccionales” que prometió activar en febrero de este año y luego en abril, siguiendo el ejemplo de lo que hacen los compañeros de la Alianza en Choluteca, Choloma, El Progreso, entre otras ciudades, solo que con un mayor nivel de organización.

En suma, debería hacer una alianza para LUCHAR, no para prestarse a quien sabe que maniobras de los diputados del enemigo, echando a perder la oportunidad histórica de impulsar la lucha por la Constituyente desde el Pueblo mismo.(Foto de portada de Radio Progreso)

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