Opulencia del Comisionado Carcelero y tortura del reo político

Por: Rodolfo Pastor Fasquelle

No está claro por qué La Prensa publica justo hoy y en primer plana esta noticia.  (Identificar ese móvil oscuro se ha vuelto ahora un requisito indispensable para entender y asimilarla). Después de todo, es cuento viejo. El Comisionado J. Orlando Leiva Nataren tiene tres años de denunciado como dueño de un emporio de muchas empresas, aquí y una en el extranjero, depurado y perseguido. ¿Por qué sacan fotos de archivo?

 De repente, lo importante no es el monto de lo que robó J. Orlando, según exclama este pasquín. ¡Ciento cincuenta millones de lempiras que suma lo que la jerga legal llama la incongruencia, o diferencia entre lo que el Comisionado pudo acumular con su honesto salario  de L. 100,000 mensuales y el valor de los bienes que se le encontraron a su patrimonio L.300 millones!  (Al fin y al cabo, según Esdras A. López líder insustituible de Nueva Ruta, yo me robé otro tanto en el Ministerio de Cultura en un par de años, siendo inexperto). De repente no es el monto, digo, (¡La Pandilla Azul se robó 7 mil millones del Seguro Social en unos meses!) sino la forma en que lo obtuvo, es decir, lo recibió presuntamente del crimen organizado, socio ¿para beneficio de los cabecillas presos bajo su jurisdicción de carcelero mayor en San Pedro? ¿A cambio de privilegios que le permitían a esa jerarquía criminal ordenar desde el penal, las extorsiones y los asesinatos y los robos con que se obtenían fondos adicionales? Quizás en la Caja China, el chisme de esa noticia sirve para desplazar del primer plano y ocultar, otras informaciones más actuales, y consideradas más  delicadas.

 Porque además, una lectura cuidadosa de la publicación deja claro que la caída final de Leiva Nataren supone el naufragio de una red de otra decena de altos oficiales policiales, depurados y no, red en que están interconectados sus negocios de lavado y contrabando. ¿Será que las revelaciones para disminuir sus penas de los extraditados a punto de ser sentenciados han obligado ahora a proceder contra estos hasta hace poco amigos del régimen y que ascendieron a la escala del mando justo con JOH? ¡Qué sé yo que soy un inocente! A menos que se trate de un esfuerzo por demostrar -como quieren JOH y sus socios- que el Ministerio Público, pronto bajo nuevo liderazgo será perfectamente capaz de combatir la corrupción, sin necesidad de una misión internacional independiente. Luego de una profunda investigación regional, sin embargo la revista The Economist concluye hace una semana que en Honduras la batalla contra la corrupción pudiera estar irreversiblemente pérdida, cuando el gobernante controla la policía, la judicatura y dispone de la inminente elección del fiscal.

Parece ineludible que los procesos contra la Rosa y los policías-socios del crimen van a estar ocupando las primeras planas durante varios meses, mientras se termina de enterrar la idea de la  MACCIH cuya falta de vocero tanto preocupa a Viera. Porque los quieren para chivo expiatorio y para desviar la mira. ¿El spin?

Porque al mismo tiempo trasciende (y es lo que hay que conectar) que el Señor Michel Forst, Relator Especial del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de NNUU quien acaba de concluir su Visita oficial a Honduras, consignó en su Informe Final divulgado ayer en Tegucigalpa para el gobierno del mundo, que en la última década, la de JOH, nuestro país se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de los derechos humanos. Que se acosa no a Jenny, a esos defensores preventivamente, como cuando a una periodista que cubre el tema, con reconocimiento internacional,  Gilda Silvestrucci, le mandan a decir que va a amanecer cualquier día bañada de tiros, que se les atropella a los defensores desde el momento de su detención. Y que en las cárceles más crueles de este país, particularmente en el Pozo, los presos políticos, por ejercer lo que nosotros y Forst también cree que es el derecho a la oposición y protesta sufren torturas varias, psicológicas también, como la del aislamiento total sin luz solar, para desorientarlos y la de obligarlos a permanecer por más de 26 días consecutivos sin poder asearse, limpiarse del todo. Para humillarlos, para robarles esa dignidad que les resulta insoportable a sus carceleros. Hay que ser hideputa.

Porque en las últimas semanas, antes de que se publicaran en Honduras también este Informe y otros dos, como sintonizados, los juzgados han soltado a varias docenas de opositores presos. Aunque queda todavía entre una docena y media de presos acusados de nada más que haber participado en acciones de protesta contra el régimen. El ministro Ebal Díaz se ufana de conseguir en el pre-diálogo, junto con los asesinatos que ha certificado la comunidad internacional de opositores, se investiguen las agresiones contra policías y militares, y vea y no le salga la bala por la culata, porque disparaban los que tenían con que y pueden salir nuevos escándalos de falsa bandera.

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Grueso ¿no? Daisy. Porque son dos caras, cosas paralelas y sin embargo conectadas. El apresar en semejantes condiciones a los opositores políticos de un régimen de por lo menos dudosa legitimidad como viene sucediendo desde el 2009 y el beneficiarse así de esa manera no solo los que cobran precio por cabeza si no incluso el director de la Prisión. De la venta de prebendas y la complicidad con los mareros, a varios de los cuales se les ha capturado de nuevo después que –sin explicación de ningún tipo– se les hubiera obviamente liberado para que salieran a cometer crímenes especialmente odiosos. Y los organismos de derechos humanos hondureños, que no solo entienden claramente sino también tienen un compromiso más vital, exigen que se le dé nombre y apellido al responsable de esos abusos, que no es por supuesto el guardia al que le dan órdenes que no puede desobedecer sin ponerse en grave riesgo, ni únicamente el oficial que da esas órdenes, sino el gobernante que pone a tales oficiales a cargo de esas instalaciones y ofrece premios o castigos variopintos a cambio del ejercicio de esa función. Es decir el culpable es Juan O. Hernández, el mismo que, como Presidente avala la Comisión de predialogadores de las NNUU que encabeza Graffulic. Tiene la razón el CODEH.  Pero no se atreve Forst a decir que Hernández es el responsable. Que no los crían ni educan a los diplomáticos para enfrentar esas lógicas sino para evadirlas. Pero hay que ser comprensivo. Si ubicas la responsabilidad del régimen que tiene el nombre y apellido que le da JOH ¿cómo vas a decir al mundo que el gobierno que propone a la Embajadora Lizzy Flores Flakes Facussé para Directora General de NNUU, ha asesinado a opositores y aún mantiene y tortura a reos políticos?

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