Hasta que Hernández logró su propósito, OEA se pronuncia en contra de la reelección

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-Cuatro meses y medio después que el gobernante de Honduras, Juan Hernández, lograra un segundo mandado, tras unos cuestionados resultados electorales del 26 de noviembre pasado, se ha pronunciado la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la figura de la reelección presidencial y la forma cómo los gobernantes de América Latina se están perpetuando en el poder.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se pronunció sobre el tema este lunes tras conocer un informe de la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, más conocida como Comisión de Venecia, que refiere que la reelección en sistemas presidenciales y semipresidenciales no representa un derecho humano.

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El informe fue divulgado por la OEA a 21 días de que la Comisión de Venecia hiciera público su informe, cuyo estudio fue planteado el 28 de octubre del 2017 a solicitud de la OEA ante los innumerables procesos reeleccionistas en América Latina.

Almagro recordó que la organización continental hizo la solicitud a la Comisión de Venecia, conformada por expertos de Corea del Sur, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia y México, por la «mala y reiterada práctica regional de modificar la Constitución durante un mandato para buscar la reelección o la posible perpetuación en el poder en sistemas presidenciales. En algunos casos, peores aún, se buscó sin cambio constitucional hacerlo mediante sentencias judiciales», señaló.

Luis Almagro ha sacado el tema a colación en momentos en que la OEA ha condenado el proceso reeleccionista que ha emprendido el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien busca un cuarto mandato sustentado en una sentencia judicial que, de acuerdo a abogados constitucionalistas hondureños, es “una copia al carbón” de la sentencia de la Corte hondureña.

En diciembre de 2017, tras las elecciones del 26 de noviembre, la OEA emitió un informe mediante el cual puso en duda la fiabilidad de sus resultados y señaló que la reelección era una mala práctica porque se había efectuado mediante una sentencia judicial.

Previo a consumarse la reelección, lo que de acuerdo a abogados constitucionalistas es una violación a la Constitución de la República, la oposición política hondureña pidió a la OEA en reiteradas ocasiones que se pronunciara al respecto, pero el secretario general se llamó al silencio.

Por su parte y pese al conflicto, en octubre del año pasado  la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea pidió a los partidos políticos representados en el Congreso Nacional, que procedieran a reglamentar la reelección para ponerle límites.

El estudio de la Comisión de Venecia señala que los límites de mandato no restringen los derechos humanos y políticos de los candidatos. Los analistas constitucionales consideran además como una «mala práctica» la modificación de los términos presidenciales a través de la decisión de tribunales constitucionales en lugar de un proceso de reforma.

Almagro explicó que el informe contiene un análisis jurídico exhaustivo y que llega a la conclusión de que la figura de reelección no es un derecho humano en sí, sino que deriva del derecho a la participación política y no se vulnera con la imposición de límites de mandatos.

«Estos límites buscan evitar la perpetuación en el poder y que la democracia se convierta en una dictadura de facto. En consecuencia, nadie puede argumentar tener derecho a postularse a una reelección después de un mandato si la Constitución establece lo contrario», dijo el número uno de la OEA.

Almagro remitió el informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y al Comité Jurídico Interamericano, cuerpos consultivos de la OEA en asuntos jurídicos de carácter internacional.

El secretario general de la OEA, manifestó que la Comisión de Venecia concluyó que la decisión de alterar o remover los límites a los mandatos presidenciales debe estar sujeta al escrutinio público, dado que tiene un impacto significativo en el sistema político, en la estabilidad del país y en la confianza sobre el sistema electoral. Y, en todo caso, para modificarse, requiere una reforma constitucional. 

Almagro afirmó, además, que el reporte no es una opinión política y que este documento tiene validez jurídica.

«Por ello, he solicitado que este documento sea distribuido a los Estados Miembros, con la esperanza de que se convierta en información esencial en la larga discusión sobre la reelección en las Américas», concluyó.

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