Campesinos del Bajo Aguán exigen justicia para más 150 crímenes en la zona

Exigen además la instalación inmediata de una mesa de diálogo para discutir sus demandas

 Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-La Plataforma Agraria Regional del Bajo Aguán, exigió este martes justicia para los asesinos de más de 150 de sus líderes, que sucumbieron ante las balas por defender el derecho de acceso a la tierra y demandó además la instalación de una mesa de diálogo para discutir sus demandas.

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Los campesinos contabilizan los crímenes desde el 2010 a la fecha y responsabilizan de los mismos a terratenientes de la  zona con el acompañamiento de las fuerzas de seguridad del Estado y la complicidad de funcionarios de gobierno. Asimismo a la implementación de la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola creada en el año 1992, bajo el impulso del Banco Mundial.

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En el Bajo Aguán viven al menos 30 mil familias con problemas de tenencia de tierras, por lo que para poder sobrevivir se encuentran agrupados en 22 organizaciones, establecidas como cooperativas y empresas asociativas.

Bajo Aguán

En rueda de prensa,  los campesinos expusieron varias demandas y pidieron un cese a la represión, criminalización y despojo de sus familias.

En cuanto a la instalación de la mesa de diálogo que resuelva sus demandas, establecieron que éste mecanismo debe efectuarse con la participación de una comisión de mediadores internacionales que “garanticen responsabilidad y transparencia en el proceso”.

Por otra parte denunciaron que en los últimos seis meses jueces, fiscales, policías y militares, confabulados con los terratenientes han perseguido y criminalizado líderes y lideresas campesinas, contabilizando de agosto del año pasado a la fecha, al menos 90 personas acusadas por el supuesto delito de usurpación, lo que a su juicio contrasta con los artículos 344 a 350 de la Constitución y los pactos internacionales de los cuales Honduras es suscriptor.

OTRAS DENUNCIAS:

Condenan las reformas a la Ley Especial de órganos Jurisdiccionales con Competencia Territorial en Materia Penal que entró en vigencia en enero pasado, al considerar que criminaliza la lucha por la defensa de los territorios,  ya que el  supuesto  delito de usurpación será  tratado como un acto criminal por un juez de jurisdicción nacional con características militares. 

Condenan la actitud negligente del director Instituto Nacional Agrario (INA), Ramón Lara Bueso en la falta de acompañamiento al sector reformado en un evidente incumplimiento a los artículos 4 de la Ley de Reforma Agraria.

Condenan  la manipulación de la justicia por la Jueza Zoé Doralina Guifarro quien ha abusado de su poder para despojar de la tierra a las familias de la Empresa Asociativa Campesina Unidos Lucharemos que ocupan sus  tierras hace más de siete años.

Exigen que las tierras incautadas por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), sean traspasadas  al Instituto Nacional Agrario (INA) para que estas sean entregadas a las familias campesinas  del sector reformado.

Exigen que las tierras asignadas para procesos de reforma agraria en los años 1990, sean devueltas a los hijos e hijas de las familias del sector reformado como un patrimonio generacional.

La Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguan reitera su apoyo y solidaridad a las familias de la Empresa Asociativa Campesina de Producción Unidos Lucharemos que están en lucha desde el 2011 por la defensa de sus tierra.

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