Honduras, la tragedia ignorada

Por: Eduardo Luis Junquera Cubiles

El huracán de todo lo que está sucediendo en Cataluña ha arrasado en España con el espacio informativo que los medios afines al sistema dedicaban a desinformarnos respecto a lo que pasa en Venezuela y en otros lugares. La ideología neoliberal avanza imparable porque impone su doctrina tal como se imponen las leyes del Universo que, como decía Carl Sagan, no son ni buenas ni malas, sino inexorables, y la actual estrategia de los grandes medios de comunicación, tan burda como antigua, es ocultar de forma deliberada determinadas informaciones a la vez que se enfatizan noticias falsas o tendenciosas. Supongo que no es muy difícil implantar esta forma de proceder en todo el planeta. La principal razón es que la población mundial piensa más en entretenerse que en informarse, entre otras cosas porque informarse de forma veraz requiere mucho tiempo y se ha convertido en una tarea extremadamente ardua, ya que las noticias que los medios nos sirven nos muestran los problemas de forma superficial.

Es muy difícil, por ejemplo, obtener información acerca de lo que está ocurriendo en Honduras desde el pasado 26 de noviembre, sobre todo en comparación a la profusión de noticias que nos llegan de Venezuela y de otros lugares del mundo. La información selectiva es uno de los pilares del mundo actual y no parece que vaya a dejar de serlo. Son los medios, en manos de los más poderosos, los que deciden que es o no es noticia. Buena prueba de ello es el emporio multimedia del magnate Rupert Murdoch: por supuesto que Murdoch opera dentro de democracias avanzadas y que está sujeto al imperio de la ley, pero gracias a sus enormes inversiones en los medios de comunicación, ejerce una influencia desmedida en la formación de corrientes de opinión en todo el mundo. Sólo es necesario recordar que de los 247 diarios que estaban en sus manos en 2003, ninguno de ellos criticó en sus editoriales la invasión de Irak por parte de Estados Unidos, una unanimidad tan extraña como imposible si los directores de los periódicos no estuvieran sujetos a enormes presiones. 

El silencio respecto a los muertos en las protestas contra el fraude electoral en Honduras-del que luego hablaremos- contrasta con la abundancia de informaciones acerca de las manifestaciones que se están produciendo en Irán desde finales de 2017, en las cuales al menos 23 personas han perdido la vida asesinadas por las fuerzas represoras de la dictadura iraní. Es evidente que existe un doble rasero por parte de los medios de comunicación occidentales, que se muestran enormemente sensibles respecto a los abusos cometidos sobre la población de algunas naciones mientras permanecen indiferentes ante las tropelías que se cometen sobre otras. Otro ejemplo claro es Argentina, un país en el cual es común la violencia policial. Pese a las discrepancias entre los diferentes organismos de defensa de los derechos humanos, los datos no ofrecen lugar a dudas: tanto el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) como la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) cifran en al menos 5.000 el número de muertos a causa de los excesos policiales en Argentina desde el final de la dictadura en 1983. Pero parece que la inclusión de estas noticias en los medios dependiera más de la cercanía o no de los países al bloque Occidental que de la situación real de los derechos humanos en los mismos.
Otro ejemplo de información selectiva lo encontramos en Israel: el 6 de diciembre de 2017, el presidente de EE. UU., Donald Trump, reconoció a la ciudad de Jerusalén como capital del Estado de Israel. En las dos semanas posteriores a esta declaración se produjeron graves disturbios en Cisjordania. Estos enfrentamientos se saldaron con 8 palestinos muertos y alrededor de 2.900 heridos, entre los cuales hay 345 menores. Estos datos están comprendidos entre los días 5 y 18 de diciembre y están recogidos en el último informe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU para los territorios palestinos ocupados (OCHA). Un informe de la Asociación de Derechos Civiles de Israel (ACRI) afirma que las prolongaciones del tiempo de detención de menores palestinos es la norma y no la excepción, en contra de lo dispuesto en la Convención de los Derechos del Niño de la ONU y en la legislación de Israel. El organismo palestino de Defensa Internacional de los niños sostiene que 8 menores han sufrido heridas graves a causa del uso indebido de material antidisturbios o por el impacto de balas de goma. De los ocho niños, al menos cuatro presentaban graves lesiones en la cabeza y dos de ellos perdieron un ojo. No es imposible obtener estas informaciones, pero es evidente que las mismas no tienen la misma presencia en los medios de comunicación de Occidente que los excesos policiales que se puedan producir en Venezuela, por poner el ejemplo más sencillo.
El caso de Brasil es otro ejemplo claro: los medios no ponen el foco sobre el gigante sudamericano, pero lo cierto es que, de los 23 ministros del gabinete del nuevo presidente, Michel Temer, siete están procesados o están siendo investigados por delitos de corrupción, mientras que 12 de ellos recibieron donaciones de empresas vinculadas con el escándalo de lavado de dinero de la compañía Petrobras.

La destitución de un presidente en Brasil está prevista en la Constitución del país (al igual que otras medidas excepcionales como el estado de sitio), lo cual no quiere decir que se pueda aplicar esta medida en el caso de Dilma Rousseff. La Constitución determina que ha de haber un crimen de responsabilidad para iniciar el proceso y no hay nada definido en la ley como crimen que se le pueda atribuir a la expresidenta. El uso de fondos de bancos públicos para cubrir programas sociales que son responsabilidad del Gobierno no constituye un crimen, incluso es una práctica frecuente en varios estados del país, y ninguno de ellos ha sufrido sanciones por este motivo. Un 40% de los senadores encargados de juzgar a Dilma Rousseff estaban acusados de escándalos de corrupción. El diario O Globo destapó una conversación entre el presidente Temer y un empresario en la que el jefe del Ejecutivo incita a “comprar” a Eduardo Cunha, expresidente de la cámara de diputados, actualmente en prisión, con el fin de que se mantenga en silencio. En marzo del año 2017, Eduardo Cunha fue condenado a 15 años y cuatro meses de cárcel por crímenes de corrupción pasiva, lavado de dinero y evasión de divisas. El presidente Temer está revirtiendo todas las medidas sociales impulsadas por los Gobiernos del PT, presididos por Lula da Silva y Dilma Rousseff, sin embargo, su desastrosa gestión económica, que no ha generado riqueza alguna en su primer año de mandato al frente del país, no es objeto de interés ni de examen por parte de los grandes medios de comunicación a nivel mundial.

Durante las manifestaciones en contra de su Gobierno que se produjeron a finales de mayo de 2017, algunos policías dispararon a la población sin encontrarse en situación de peligro, según informó el diario El País. Las protestas se llevaron a cabo contra las medidas neoliberales impulsadas por el nuevo Ejecutivo y también por la corrupción que acosa a varios de sus miembros. Pues bien, los medios de comunicación pertenecientes a los grandes grupos de comunicación a nivel mundial describían los incidentes en Brasil diciendo: “efectivos del ejército contienen la violencia de los manifestantes”. Cuando se habla de Venezuela, los términos empleados son bien diferentes: “la Guardia Nacional reprime a la oposición”. El lenguaje empleado es fundamental para entender el problema.

     Si observamos con detenimiento el diferente trato que los grandes medios otorgan a cada noticia, dependiendo de que esta se produzca en uno u otro país, podremos entender lo que está ocurriendo en Honduras, un país martirizado por sus dirigentes, siempre conniventes con el poder de Estados Unidos. Las élites hondureñas aparecen y se desarrollan de forma diferente respecto a las del resto de América Latina. A diferencia de estas, las clases dominantes de Honduras no están formadas por terratenientes agrarios, sino por grupos que controlan el comercio, las finanzas, la banca y la industria en grandes regiones del país. Con el fin de modernizar las formas de producción para acceder a los mercados internacionales, las autoridades del país crearon un sistema de concesiones que facilitó a las empresas extranjeras extraer recursos. De este modo, el proceso de formación de las élites hondureñas está vinculado a la unión económica con los inversionistas que provenían del exterior. Las grandes familias que dominan el país controlan la práctica totalidad de las empresas estratégicas.

La formación de estas clases dominantes también tiene un curioso componente racial que constituye un elemento diferencial respecto a los países de su entorno, puesto que gran parte de las élites de Honduras tiene ascendencia extranjera no europea. Tal es el caso de los conocidos como “turcos”, un grupo de familias de origen sirio, palestino, libanés y judío, que llegaron de los países árabes en diferentes oleadas desde finales del siglo XIX en busca de una vida mejor. Son los Rosenthal, los Facussé, los Larach, los Nasser, los Canahuati, los Kafie o los Goldstein. Estas familias forman parte del exclusivo grupo del 3% de hondureños que controlan el 40% del PIB en una nación con un 70% de su población sumida en la pobreza y con un índice de coeficiente Gini (un indicador que mide la desigualdad de ingresos dentro de un país) de 53,7. Es decir, Honduras es la nación más desigual de América Latina. Los clanes reparten su influencia entre la política y la economía. Por poner un ejemplo, Jaime Rosenthal, cabeza de una familia acusada por Estados Unidos de lavado de dinero procedente del narcotráfico, ha sido aspirante a la presidencia del país por el Partido Liberal en cuatro ocasiones y es propietario de bancos, aeropuertos, cerveceras, medios de comunicación y varios equipos de fútbol. La familia Rosenthal también posee inversiones en empresas de cemento, en compañías telefónicas, en grupos aseguradores y en exportadoras de carne. Los Facussé, emparentados con la familia Nasser, dominan parte del sector textil en un país que fabrica un importante porcentaje de la ropa de marca exportada a Estados Unidos. Estas dos familias controlan también empresas químicas y distribuidoras de petróleo, y de su seno han salido varios ministros. La familia Goldstein mantiene importantísimas inversiones en banca, industria, medios de comunicación y deporte. Los Kafie poseen inversiones en banca, construcción y alimentación, pero su influencia también se debe a los muchos contratos que la familia tiene con la Administración hondureña, licitaciones opacas que rara vez pierden.
La mayor parte de la inmigración árabe era analfabeta, pero mostraron un espíritu de lucha y de superación encomiable que los llevó a ascender en la rígida escala social de Honduras. Con los años, enviaron a sus hijos a estudiar a universidades de EE. UU., lo cual afianzó aún más en ellos las ideas neoliberales. Como ocurre en muchas élites que se fortalecen económicamente adoptando medidas endogámicas, se casaron entre ellos y con su enorme pujanza terminaron por relegar a la vieja burguesía de origen español y alemán. Casi todas estas familias realizan aportaciones económicas a los dos grandes grupos políticos que durante cien años han dominado la escena pública hondureña: el Partido Liberal y el Partido Nacional.

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