En Honduras reelección es tan tóxica que a Mel Zelaya le dieron golpe solo por considerar el asunto

Tomado de NewYorkTimes

TEGUCIGALPA — Hay dos versiones del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien busca un segundo periodo en un país donde la idea de reelección es tan tóxica que un presidente fue destituido en un golpe de Estado solo por considerar el asunto.

La primera versión es una de un líder apegado a la ley y el orden que rescató a su país de convertirse en un Estado fallido; la otra versión es la de un autócrata que ha impuesto su voluntad en cada área de gobierno. La diferencia entre ambas percepciones ha convertido a la elección de este domingo en un referendo sobre cuánto control de sus frágiles instituciones los hondureños están dispuestos a ceder.

“La reelección significa el fortalecimiento del presidencialismo y el aumento de concentración de poder”, dijo Víctor Meza, un analista de seguridad. El resultado, añadió, “puede desembocar en un autoritarismo desmesurado”.

Aunque ahora muchos países latinoamericanos permiten la reelección, aún hay una desconfianza profunda hacia quienes intentan permanecer en el poder. Ese recelo está en el centro de esta contienda presidencial, en la que la oposición argumenta que el lugar de Hernández en la boleta carece de legitimidad.

Pero una decisión de la Corte Suprema se deshizo de la prohibición de las reelecciones en una resolución hace dos años. Los cinco jueces que tomaron esa decisión estaban en deuda por sus cargos con Hernández, después de que sus antecesores habían sido destituidos.

La resolución no encontró oposición entre los líderes políticos y empresariales —quienes tuvieron una actitud muy diferente en 2009, cuando el presidente Manuel Zelaya fui destituido por estar maniobrando para darle la vuelta a la prohibición de la reelección.

Oficiales de la policía militar patrullan Tegucigalpa. Hernández sacó al ejército a las calles y el índice de homicidios disminuyó, sin embargo, Honduras sigue siendo uno de los países con mayor mortalidad en el mundo. CreditDaniele Volpe para The New York Times

El golpe y la controversial sentencia de la corte suprema fueron como una bofetada a la democracia, dijo Fernando García Rodríguez, un abogado que fue ministro en dos administraciones.

“No hay verdadero diálogo”, añadió.

Hernández se perfila para ganar un segundo cuatrienio debido a la división entre la oposición; solo necesita obtener la mayor cantidad de votos —que la base de su partido puede darle— sin tener mayoría absoluta.

La confianza en el sistema electoral se ha debilitado entre muchos hondureños. Los aliados de Hernández controlan al tribunal electoral, el padrón es de hace treinta años y los cambios a la ley electoral le permiten al Partido Nacional controlar el conteo de votos en los centros electorales.

El Partido Libertad y Refundación, o Libre, encabezado por el expresidente Zelaya, y un partido más pequeño formaron lo que ellos definen como una “alianza contra la dictadura” o la Alianza, para competir en esta elección; para ello, han presentado al excronista deportivo y presentador de concursos televisivos Salvador Nasralla como su candidato presidencial.

La tercera candidatura principal es la de Luis Zelaya (sin relación con el exmandatario), un académico que ganó la nominación del Partido Liberal y ha roto la débil alianza de su partido con la presidencial de Hernández para montar una campaña de confrontación.

Los dos partidos de oposición vinculan a Hernández con la corrupción, la misma que hace dos años llevó durante semanas a los hondureños a las calles de las principales ciudades para protestar en sus “marchas con antorchas”.

El llamado movimiento de los Indignados se desató con la revelación de un enorme esquema de corrupción que desviaba cientos de millones de dólares del Instituto Hondureño de Seguridad Social y también puso en evidencia la actividad fraudulenta que financió la campaña presidencial de Hernández en 2013.

Ante la presión,  Hernández —quien ha dicho que no sabía del financiamiento ilegal— accedió a que se formara un pánel de fiscales extranjeros para ayudar a sus contrapartes hondureñas y proponer leyes anticorrupción, llamado Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

El coordinador de la Alianza Opositora, Manuel Zelaya cuando pronunciaba su discurso

El expresidente Manuel Zelaya en una reunión de la alianza opositora. 

Los fiscales apenas empiezan a desvelar todo el esquema de corrupción, dijo Juan Jiménez Mayor, quien fuera ministro de Justicia, ex primer ministro de Perú y quien encabeza el pánel. “Hay mucha ansiedad en la opinión pública de Honduras”, dijo Jiménez .“Yo lo entiendo, porque claro, vives con este problema tanto tiempo”.

Pero los intentos de reforma han sido bloqueados por el congreso, en el que el Partido Nacional tiene la mayoría. Los legisladores aún tienen que pasar las propuestas que fomentarían el que los sospechosos por corrupción y en otros casos criminales cooperen con los fiscales; tampoco han reformado una ley de secreto que permite al gobierno retener documentos de las agencias estatales.

En cambio, el congreso aprobó un código penal que reduce —en algunos casos en casi dos tercios— las sentencias de prisión por corrupción.

“En la política no hay casualidades”, apuntó Jiménez.

Hernández, quien tiene 49 años, se negó a debatir durante la campaña con cualquiera de sus oponentes y sus aliados han ayudado a acallar cualquier discusión sobre corrupción.

Un anuncio televisivo del Partido Liberal, en el que se proyectan las imágenes de personas del Partido Nacional señaladas por corrupción y que dice “¡Es tiempo de que se vayan!”, solo fue transmitido una vez. Los propietarios de las cadenas televisivas anunciaron que no lo pasaría de nuevo porque era “ofensivo”.

Una nueva ley antiterrorismo establece que es un crimen marchar en una protesta y abre la posibilidad a acusar a los periodistas de ayudar a los terroristas si reportan desde una manifestación.

“A los hondureños no se les permite expresarse como quieren; así, piensan que sus votos no cuentan”, dijo Juliette Handal, una destacada empresaria que fue candidata de Libre en 2013 pero ahora es una política independiente. Advirtió que este efecto sobrepasa la frontera de la política.

“Ningún país puede tener una economía fuerte si no tiene unas instituciones fuertes”, dijo Handal.

Los resultados de esta elección en un país pobre, con nueve millones de habitantes, importa más en Washington de lo que podría pensarse: los narcotraficantes mueven a través de Honduras un estimado de tres a cuatro toneladas métricas mensuales de cocaína hasta Estados Unidos, según el Departamento de Estado.

Un mitin de campaña del Partido Nacional en Tegucigalpa 

Durante el mandato del predecesor de Hernández la violencia aumentó tan drásticamente que Honduras se convirtió en uno de los países más peligrosos del mundo. Decenas de miles de hondureños —incluyendo a muchos infantes no acompañados—huyeron y buscaron asilo en Estados Unidos.

La recuperación de la estabilidad en Honduras se convirtió en una prioridad en Washington para controlar los flujos de droga y de migrantes. Aunque Estados Unidos ha manifestado su preocupación por la corrupción y los derechos humanos, desde 2014 se han destinado decenas de millones de dólares a los esfuerzos de seguridad aquí.

“Honduras es un aliado incondicional y complaciente con Estados Unidos en materia de seguridad, pero resulta incómodo e impresentable en materia de corrupción”, dijo el analista de seguridad Meza.

Durante 2016, el índice de homicidios se redujo en 28 por ciento de su punto más alto en 2012 y ha seguido cayendo este año gracias a la combinación de acciones, como nuevas unidades de investigación, el desmantelamiento de algunos carteles y una mejor vigilancia en los barrios con altos niveles de crimen.

Pero Honduras continúa siendo uno de los países con mayor mortalidad en el mundo; más del 90 por ciento de los homicidios permanecen impunes.

Hernández, con dinero de un impuesto especial a las transacciones financieras, ha construido centros penitenciarios de máxima seguridad y ha creado una fuerza policial militar. También ha extraditado a más de una docena de narcotraficantes a Estados Unidos.

Una comisión que se creó para limpiar de corrupción a la policía ha corrido miles de oficiales y está remplazándolos con jóvenes reclutas recién entrenados.

Este esfuerzo ha convencido a Norma Ortiz, de 52 años, quien tiene un puesto de ropa para niños en un mercado en Tegucigalpa. “Ya estamos felices. Ha enviado un montón de meros jefes al Pozo.”, dijo Ortiz, en referencia a una de las nuevas cárceles.

Como parte de su lucha contra del crimen, Hernández han construido parques que son vigilados por la policía militar. CreditDaniele Volpe para The New York Times

Ortiz solía pagar poco más de 4 dólares a la semana como extorsión, pero las pandillas dejaron de rondar una vez que los policías y los soldados comenzaron a vigilar el mercado.

Como parte de su lucha contra del crimen, Hernández han construido parques que son vigilados por la policía militar. Es una de las medidas que convencieron a Karen Martínez, de 34 años, a cambiar su voto del Partido Liberal para apoyar a Hernández.

“Ha puesto un poco de mano dura en la situación del país”, dijo Martínez, una vendedora de una tienda de novias que ha llevado a sus hijos de 3 y 6 años a jugar a uno de esos parques que está en un vecindario peligroso.

Luis Cruz, de 33 años, y Fernando Torres, de 21 años, han venido a jugar fútbol al parque, pero no sienten ningún cariño por Hernández. La policía militar los ha asediado constantemente, dicen, y les han quitado su dinero, sus celulares… incluso sus balones de fútbol.

Los críticos de Hernández argumentan que muchos de sus programas sociales —en los que deliberadamente no se distingue entre su gobierno y el Partido Nacional— están diseñados solo para comprar votos.

En la población de Santa Lucía, un bastión del Partido Nacional en las afueras de Tegucigalpa, muchos votantes recibieron donativos hace poco en un mitin, incluyendo estufas de leña para hornear pan. Un trabajador del partido llegó esa mañana a la casa de Juliana Martínez Ávila, de 51 años, viuda y madre de seis niños, para darle una despensa.

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Los asistentes a un mitin de Alianza en Talanga, un pueblo campesino en las afueras de la capital, también esperaban la ayuda de los políticos. Mayeli López, de 25 años, dijo que la promesa de Nasralla de deshacerse de los peajes ayudaría a la pequeña empresa de transporte de su marido.

Las banderas ondeaban cuando Nasralla y Zelaya pasaban por el pueblo.

“Esperamos que las promesas se cumplan”, dijo Jonathan Urbina, de 20 años, quien conduce un mototaxi. “Todo lo que han dicho, con hechos, no solo palabras”.

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