MADJ condena criminalización de la defensa a la educación pública y solidariza con estudiantes enjuiciados

 

Es vergonzoso el papel de la rectoría universitaria, ejercida por la señora Julieta Castellanos, debido a su incapacidad para atender las demandas estudiantiles y sostener un diálogo franco que brinde soluciones reales a las situaciones de fondo en el conflicto.

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia condena la criminalización de la defensa del derecho a la educación en Honduras y se solidariza con los estudiantes Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa quienes van a juicio oral y público esta mañana.

El MADJ condena la confabulación de las élites políticas y la institucionalidad del sistema de justicia manifestada a través de la utilización del engranaje jurídico para hostigar, perseguir y criminalizar el derecho a defender derechos en Honduras.

Señalan que esta confabulación se manifiesta en 110 procedimientos de acusación penal y sanciones administrativas impulsados por las autoridades universitarias y el Ministerio Público en contra de estudiantes durante los años 2014, 2015 y 2016 en el marco de la profunda crisis que continúa enfrentando la UNAH.

Los estudiantes se han tomado varios edificios este día en protesta por la criminalización de sus compañeros

A continuación el Comunicado :

¡Condenamos la criminalización de la defensa del derecho a la educación en Honduras!

Ante el desarrollo de audiencia de juicio oral y público en el proceso judicial seguido en contra de Sergio Ulloa, Moisés Cáceres y Cesario Padilla, acusados desde el año 2015 por el delito de usurpación en perjuicio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), que rectora Julieta Castellanos, desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, a la comunidad nacional e internacional manifestamos:

Condenamos la confabulación de las élites políticas y la institucionalidad del sistema de justicia manifestada a través de la utilización del engranaje jurídico para hostigar, perseguir y criminalizar el derecho a defender derechos en Honduras. Confabulación manifestada en 110 procedimientos de acusación penal y sanciones administrativas impulsados por las autoridades universitarias y el Ministerio Público en contra de estudiantes durante los años 2014, 2015 y 2016 en el marco de la profunda crisis que continúa enfrentando la UNAH.

Es vergonzoso el papel de la rectoría universitaria, ejercida por la señora Julieta Castellanos, debido a su incapacidad para atender las demandas estudiantiles y sostener un diálogo franco que brinde soluciones reales a las situaciones de fondo en el conflicto. Es doblemente vergonzoso que la máxima casa de estudio y de ciencia del país sea dirigido por autoridades con posturas ambiguas y deshonestas que por un lado se comprometen a desarrollar procesos colectivos de transformación y por otro, sostienen hasta la etapa de juicio oral y público el procedimiento seguido contra 3 de los estudiantes criminalizados por el hecho exclusivo de defender la educación pública en Honduras.

Comprendemos que estas acciones de las cuales son víctimas Sergio Ulloa, Moisés Cáceres y Cesario Padilla, responden a la existencia de una política de hostigamiento, persecución y criminalización de defensores y defensoras en el país, ejercida en todos los espacios de la sociedad y  dirigida específicamente desde la Presidencia de la República quien en diversas intervenciones públicas ha proferido ataques en contra de la labor de los y las defensoras  y  que ante la comunidad internacional sostiene una postura de voluntad política para garantizar el derecho a defender derechos en Honduras.

Nos solidarizamos con nuestros compañeros Sergio Ulloa, Moisés Cáceres, y de forma particular con Cesario Padilla, militante del Movimiento Amplio a través del núcleo de la ciudad de Tegucigalpa, periodista, reconocido dirigente estudiantil, y defensor de derechos humanos, quien realiza una importante labor para el país desde el ejercicio del periodismo. Cesario Padilla ha sido desde el año 2014 ha sido víctima de constantes campañas de descrédito, desinformación y estigmatización por parte de las autoridades universitarias.

Desde nuestra solidaridad militante nos declaramos en vigilancia del desenlace del juicio oral y público en el procedimiento seguido en contra de nuestros compañeros criminalizados y apostamos por develar y encarar el papel cómplice del sistema de justicia como parte de la criminalización generalizada de la defensa de derechos humanos en Honduras. Como Movimiento Amplio no descansaremos hasta conseguir que la dignidad y la justicia sea una realidad para nuestro pueblo.

San Pedro Sula, 23 de mayo de 2017.

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