Diligencia perniciosa

Edmundo Orellana Mercado, exFiscal General de Honduras.

Por: Edmundo Orellana

La diligencia es el esmero con el que se realiza una acción. En la vida personal es imprescindible  si  se  quiere  alcanzar  exitosamente  una  meta.  Quien  empeña  sus esfuerzos pulcramente en obtener lo que se desea, lo logra.

En Derecho, la diligencia es fundamental.  Debe corresponder a las circunstancias  de  las  personas, del  tiempo y del  lugar, en función de aquello a lo que se está obligado.  Su  ausencia,  es  decir,  la  negligencia,  determina  la  calificación  y  la graduación de la culpa, a efectos de establecer la intensidad de la responsabilidad del negligente.

En  el  ejercicio las  funciones públicas,  se  prevén  los  recaudos  necesarios  para  el actuar  diligente.  Con  ello,  se  garantiza  que  el  servicio  público  a prestar  es  oportuno, conveniente y eficaz, y la satisfacción del usuario.

El  MP  es  el  organismo  en  cuya  diligencia  radica  el  éxito de  la  lucha  contra  la impunidad.  De  su  prontitud,  cuidado,  agilidad  y  eficiencia  en  el  manejo  de  los casos,  depende  que  los  responsables  sean  castigados  ejemplarmente  por  los delitos en que incurran.

Su deber es proceder  con la misma diligencia en todos los casos. Sin embargo, no  es  así.  Los  expedientes  de  enriquecimiento  ilícito  que  el Tribunal  Superior  de Cuentas  le  ha  remitido  para  castigar  a  los  ex  funcionarios  que incrementaron  su patrimonio personal con fondos públicos o prevalidos de su cargo, así como otros casos, como el de los ex titulares del Consejo de la Judicatura, están inactivos, sin importar que, en los casos de enriquecimiento ilícito, los mismos magistrados del  TSC  se  han  quejado  públicamente  de  la  de  la  inactividad  del MP,  pese  a  su incidencia   directa   en   el   déficit   en   salud,   educación,   seguridad pública,  infraestructura  vial,  seguridad  jurídica,  etc.,  que  involucra  miles  de  millones  de lempiras.

En  el  caso  de  los  estudiantes  universitarios,  sin  embargo,  ha sido  inusualmente diligente,  a quienes, para rematar, les imputaron un delito político, el de  sedición.

Al  introducir  el  MP  este  elemento  de  discordia  extrauniversitario,  a  la  ya  grave crisis de la UNAH, los temas de discusión ya no son académicos, sino judiciales.

No  solo  ha  alterado  el  conflicto  universitario,  también le ha creado  problemas  al gobierno, puesto que los imputados por el delito de sedición son presos políticos.

Lo  que  obligará  al  gobierno  a  explicar  ante  el  mundo,  especialmente  a  la cooperación internacional, por qué tiene presos políticos. Con el agravante de que son estudiantes, imputados criminalmente por ejercer su derecho a protestar, con

razón  o  sin  ella,  pero,  en  todo  caso,  un  derecho  garantizado por  nuestra  Constitución.

Ahora el conflicto universitario parece que va para largo. No por los motivos que lo generaron, sino por acciones sobrevinientes y externas al ámbito universitario. 

Las  consecuencias  de  esta  intervención  del  MP  son  imprevisibles.

Su  aventura dañará  su  imagen,  que  ha  venido  recuperando  con  sus  últimas  acciones  en  la lucha  contra  el  narcotráfico  y  el  lavado  de  activos;  también  provocará daños irreparables  a  la  UNAH, cuantificables  en  dinero  y  en  pérdida  de  oportunidades para  los  jóvenes  que  perderán  sus  periodos  académicos  y  sus  esperanzas  de graduarse este año; y, finalmente, causará estragos a la imagen del gobierno, que, en  adelante,  tendrá que explicar  en  cuanto  escenario  internacional  participe,  porqué tiene presos políticos y por qué criminaliza la protesta estudiantil.

 

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