En Honduras solo hay fondos para campaña reeleccionista de JOH: Hugo Noé Pino

Carlos Zelaya Herrera

Por: Carlos Zelaya Herrera

La formulación y asignación de recursos en el Presupuesto General de la República del año 2016 buscan beneficiar los planes reeleccionistas de Juan Orlando Hernández que asigna míseros recursos al desarrollo social y enormes respaldos a programas asistencialistas del gobierno.

Esos programas asistencialistas son los mismos que nutren entidades de financiamiento global como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y entidades multinacionales como la Unión Europea, entre otros. La carga de la deuda externa, las exoneraciones fiscales y las alianzas público privadas internacionales supuestamente, pero que las investigaciones demuestran que tienen nexos con los principales empresarios del país.

A los empresarios, en referencia a un grupo reducido de ellos que se han beneficiado del poder, no les importa la democracia o si el país se aboca a una crisis aún mayor, a ellos lo que les importa son sus intereses; y eso es igualmente grave porque en el fondo de la reelección no solo es el uso de fondos del Estado. “No me termina de caber en mi cabeza que en 2009 hubo un golpe de Estado para votar a un Presidente que supuestamente se quería reelegir y en el 2015 la Sala Constitucional declara un artículo de la Constitución no aplicable”, dijo Pino.

Honduras institucionalmente nunca ha si fuerte, pero hoy vemos la fuerza de los organismos externos, del gobierno de EEUU los que están llenando los vacío institucionales y de poder en el país Lo anterior se deduce de lo expuesto en una comparecencia pública del doctor Hugo Noé Pino, ex secretario de Finanzas, ex presidente del Banco Central de Honduras, delegado de Honduras ante el Banco Interamericano de Desarrollo, (BID) y coordinador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, (ICEFI).

Dos años después de asumir el poder, o sea en marzo de 2016, el régimen de Hernández Alvarado anunció la estrategia de generación de empleo denominado Plan 20-20, el cual es casi un secreto de Estado que está bajo llave y únicamente se conoce por presentaciones en las que sobresalen el respaldo a los sectores manufactureros, maquilador y turismo. “Para lo único que hay dinero en el país es para los programas reeleccionistas del presidente de la república”, subrayó Pino.

El gobierno habla de crear 600 mil empleos en los próximos cinco años, un promedio de 125 mil empleos por año, pero no dice en qué sectores, quiénes van a invertir, cuándo van a invertir, por lo que la estrategia económica se reduce a propaganda institucional. El crecimiento económico de Honduras apenas es de 1 y 1.5 por ciento, insuficientes para generar empleo y reducir la pobreza, características que han llevado a Honduras a ser el país más pobre del continente superando hoy a Nicaragua, Bolivia y Haití.

Alianzas Público Privadas

En torno a las alianzas público-privadas, el BM publicó en diciembre anterior un estudio denominado Los Siete Pecados Capitales de las Alianzas Público-Privadas Deficientes, que advierte no utilizar con esos fines los fondos de previsión. El análisis del organismo multilateral refleja los siete pecados capitales que Honduras está cometiendo. Para el caso el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos, (INJUPEMP), invierte 100 millones de dólares en turismo; el Instituto Nacional del Magisterio, (INPREMA), 50 millones de dólares y otro ente de previsión cantidades similares. ¿Me pregunto, cuándo les pidieron a los dueños de esos dineros cuándo les pidieron permiso?, cuestionó el economista. Se dice que las tasas de rendimiento del dólar van a ser del 10 por ciento, aunque todas estas alianzas terminarán en costos adicionales para el gobierno, ejemplo de ello es la construcción del corredor turístico para el cual se iban a establecer alrededor de ocho casetas de peaje en torno a la ciudad de El Progreso.

La comunidad y el alcalde lo rechazaron ante la posibilidad de tales cobros a realizarse entre La Barca y El Progreso y Tela a El Progreso; se mostró el contrato suscrito con el adjudicatario y en este se estipula que si las casetas no se construían quien tiene que asumir el pago del peaje sería el mismo gobierno. A esto se denomina contingencias fiscales, que son costos adicionales y son claramente perjudiciales para la economía del país. En cuanto a la terminal aérea de Palmerola, hay que ver si en verdad se va a construir. Las APP’S se aplican cuando el gobierno es incapaz de construir una obra pública y la concesiona por 20-30 años a una empresa privada que la administra y explota y después la cede al gobierno.

 Palmerola cuesta 185 millones de dólares y ahí el gobierno invertirá el 50 por ciento de su costo, exoneró a las empresas de impuestos. Si el uso de Palmerola no alcanza los 600 mil pasajeros anuales, el gobierno asumirá el porcentaje incluido; en dónde están los riesgos, todos están del lado del gobierno debido a que el financiamiento es obligatorio lo cual muestra una falta de estrategias. Sin embargo sucede que los años 2016 y 2017 son electorales y lógicamente las inversiones en obras públicas alcanzarán los niveles aceptables para dar la impresión que se alcanzan esas metas.

Asistencialismo y Reelección

En lo referente a asistencia social, la composición del Presupuesto General de la República, 35 por ciento en salarios, 35 por ciento en servicio de la deuda pública, 10 por ciento municipalidades, 6 la UNAH, 3 la CSJ y lo que queda para desarrollo es sumamente limitado. A esto se agrega que se asigna un presupuesto de 53 por ciento a seguridad y 35 por ciento a defensa y se sigue un programa asistencialista del gobierno, en resumidas cuentas para lo único que hay dinero en el país es para los programas reeleccionistas del presidente de la república.

Las primeras señales de todas las fricciones que esto crea se ponen en evidencia cuando un presidente quiere que lo reelijan y que los funcionarios quieran continuar en el poder utilizan todo el aparato del Estado con ese fin. Programas como ecofogones, crédito solidario, bolsas solidarias, bono a discapacitados y bonos para la tercera edad, Actívate y Honduras Canta, en fin, todo lo que sirva para proyectar la figura del mandatario en un afán reeleccionista, todo eso está en el presupuesto general de la república.

Esto distorsiona el presupuesto, las posibilidades de inversión nacional y extranjera y lo que sucederá que con el mismo ritmo el país se empobrece más.

Los pecados de las APP’s deficientes

1-Garantizar el 100 por ciento del riesgo, o cubrir el total de la financiación con préstamos de gobierno, tare riesgos de construcción, porque las empresas concesionarias reducen sus esfuerzos.

2- No aprovechar las ventajas comparativas del mercado. El desaprovechamiento de este factor, es más probable que ocurra cuando los proyectos son financiados por bancos comerciales, de desarrollo o del gobierno.

3-Tener múltiples agencias de APP en el gobierno. Esto es ineficiente y dispendioso.

4-Los contratos pueden no tener disposiciones que anticipen todo tipo de diferencias. Es por tanto necesario, contar con un sistema eficaz de resolución de conflictos.

5-Los fondos de pensiones de contribución definida administrados por el sector privado, se han convertido en un importante tipo de inversionista institucional en varios países de América Latina. Pero todos los riesgos son asumidos por los trabajadores que ponen sus ahorros en los fondos de pensiones y no por los administradores de esos fondos.

6-Asumir que las compañías de construcción y las concesionarias son buenos sustitutos, es un error, porque el negocio tradicional de las constructoras es construir infraestructura y obtener ganancias por esta actividad.

7-Adjudicar una concesión mediante subasta, porque se presta para que los ganadores de un proyecto lo vendan a terceros para obtener beneficios adicionales. Los organismos multilaterales de crédito han advertido a los gobiernos para que las concesiones no impliquen presiones fiscales sobre las finanzas de los estados, no obstante desde el año 2012 el gobierno hondureño adjudicó 12 grandes proyectos bajo condiciones desventajosas para el Estado y mantiene en cartera la asignación de 13 propuestas más.

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