Algo huele muy mal y no es solo lo nauseabundo que emana de la policía

Por: Redacción CRITERIO

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Una vista a vuelo de pájaro y sabidos de la experiencia que vive la sociedad hondureña con la fabricación de escenarios posibles para beneficiar al proyecto de construcción de la dictadura del Partido Nacional en Honduras, tal como fue el concierto instituido entre el estatus quo, medios de prensa, nacionales y externos y el gobierno de Estados Unidos en el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, me atrevo a colegir que la denuncia de diario El Heraldo podría ser una operación más de bandera blanca.

Hay olores de corrupción y asesinatos desde Casamata
Hay olores de corrupción y asesinatos desde Casamata

Pesquisando en divulgaciones de prensa nos encontramos una denuncia tan fuerte como esta en otra publicación de similares características el año 2015 elaborada por este mismo medio, pero que no logró el objetivo de generar tanta alarma y la “necesidad” de acabar de raíz con el mal como sí lo vemos esta vez en la posible desaparición de la Policía Nacional para sustituirla por la Policía Militar del Orden Público que sería elevada a la categoría constitucional.

La corrupción y las violaciones constantes de derechos humanos son una actitud institucional secular en la policía, como muy bien lo ha señalado en reiteradas ocasiones por expertos dignos y profesionales como lo han señalado el médico forense y abogado Denis Castro Bobadilla; el doctor Juan Almendares Bonilla,  Coordinador del CPTRT; Guadalupe Ruelas, Director de Casa Alianza y el defensor de Derechos Humanos Wilfredo Méndez.

Este tipo de denuncias, como la de El Heraldo, son un batacazo que alarma a la sociedad entera y a la comunidad internacional que observa lo que sucede en este país, convertido en un verdadero laboratorio político, social y económico como lo hemos visto con el golpe de Estado contra Manuel Zelaya; la criminalidad, narcotráfico y estigmatización social y la fabricación de leyes antinacionales y antipatrióticas como las Ciudades Modelo, Ley de Minería o las Regiones Especiales de Desarrollo.

Como ciudadanos y profesionales de la comunicación estamos obligados a no tragarnos el bocado como nos lo dan y reflexionar de forma lúcida y crítica para discernir la arremetida y posible confabulación del régimen y los medios de prensa masiva ahora embarcados en esta «denuncia».

 Debemos identificar sus intenciones, coyuntura y contexto para asimilar que este episodio, sin ignorar la veracidad del mismo más parece ser una obra más en la cadena de sucesos fabricados para desviar la atención y mantener ocupado al pueblo y a la opinión pública nacional e internacional de otros acontecimientos que afectan la imagen del gobierno actual y sus afanes de quedarse indefinidamente en el poder.

Como la presión nacional e internacional por el crimen de Bertha Cáceres, cuyas consecuencias evidentes es que se han salido de las manos del control gubernamental; o la agenda de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, (MACCIH), que es el hijo indeseado del sistema feudal que impera en este país.

Todos estos acontecimientos parecen ser parte de una agenda ejecutada por tanques de pensamiento y grupos operativos articulados en la mente malsana y maquiavélica del régimen que busca crear escenarios favorables a necesidades de la población y la sociedad pero que solo representan un eslabón más en la cadena de sucesos favorables al proyecto dictatorial del régimen nacionalista.

Julián Arístides González irías, general asesinando el 8 de diciembre de 2009
Julián Arístides Gonzáles irías, general asesinando el 8 de diciembre de 2009

Llama profundamente la atención que si la propia Policía pesquisó y documentó la conspiración y crimen alevoso contra el general Julián Arístides Gonzáles, el Zar Antidrogas de Honduras, acaecido el 9 de diciembre de 2009, pero no se hizo nada.

El crimen de Gonzáles se dio en el contexto de un golpe de estado, en donde las fuerzas de la policía y militares sirvieron para reprimir salvajemente al pueblo; por lo que la responsabilidad inicial de la impunidad en este caso es responsabilidad directa de la dictadura de Roberto Micheletti Baín y quienes junto  a él se encaramaron en el poder.

Si esta estratagema criminal estaba en conocimiento del Ministerio Público y los cuerpos de seguridad, por qué en todos esos años no se hizo nada, no hubo capturas, ni escándalos mediáticos y sí ejecuciones extrajudiciales de presuntos implicados.

No deja de sorprender la profusión y precisión de datos contenidos en el informe de El Heraldo, cuyo fondo no criticamos, pero del que sí expresamos la falta de credibilidad de este medio corporativo cuyas semillas subsisten en él.

En los vínculos de este y otros que como este han sido aliados tradicionales de los grupos de presión social que fraguaron y llevaron a cabo el golpe de estado que acabó con la incipiente democracia y que hoy se articulan al partido nacional para construir la estructura social, política, ideológica y económica de la dictadura, al estilo de George Orwell, se levanta desde Honduras como amenaza para nuestro pueblo, las naciones soberanas del continente y la comunidad mundial.
No perdamos de vista que tenemos el triste papel de laboratorio geopolítico de Estados Unidos en la región.

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