A propósito del Informe sobre la “Situación de los Derechos Humanos en Honduras”

Grecia Lozano

Por: Grecia M. Lozano

En el presente mes de febrero se ha publicado un Informe sobre la “Situación de los Derechos Humanos en Honduras” emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y derivado de la visita In Loco realizada en diciembre de 2014.

El informe puntualiza situaciones de irrespeto a los derechos humanos y reconoce la profundización de la violencia después del Golpe de Estado en 2009. Con la publicación de este informe prácticamente el Estado de Honduras ha violado más de la mitad del articulado de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (CADH) principalmente el artículo 1 sobre la obligatoriedad de los Estados de respetar los derechos humanos, también al Convención Interamericana para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencias Contra las Mujeres (Belem do Pará) en lo que concierne al artículo 5 y 7 sobre las formas de violencias y las obligaciones del Estado.

Sobre la forma del Informe

Consta de 245 páginas, dividas en una estructura de 579 párrafos, 3 conclusiones y 77 recomendaciones al Estado en temas de seguridad ciudadana, respuesta estatal, instituciones nacionales, desigualdad, exclusión social y discriminación, libertad de expresión, situación de la personas privadas de la libertad.

Sobre el fondo del Informe

En esta “pieza de la verdad” se registran situaciones puntuales de violaciones a los derechos humanos en un contexto de violencia generalizada que convierte en vulnerable al 48% de la población hondureña: los niños, niñas y adolescentes. Señalan que de las más de 1,000 muertes de jóvenes, el 78% es causado por armas de fuego y al menos 748 víctimas tenían entre 18 y 23 años. De la totalidad de los casos, solamente en el “11% se pudo identificar al responsable del hecho y se evidencia un incremento de casos en los cuales se encuentran los cuerpos con señales de tortura previa a la ejecución, dentro de sacos, bolsas plásticas, amarrados con sogas o envueltos en sábanas; algunas de las víctimas son estranguladas hasta la muerte.”

Con toda esta información me parece más que ganada una demanda internacional contra el Estado en la Corte IDH y al mismo tiempo es impostergable el reclamo de las juventudes por la exigencia de nuestros derechos humanos, a los 18 años cada joven de este país debería estar al menos en su segundo año de universidad estudiando para alcanzar sus sueños y trabajando para el enaltecimiento de nuestra patria, no envuelto en un costal ni siendo torturado.

Es la obligación del Estado brindar oportunidades para que la gente en nuestro país disfrute una vida libre de violencia, sin embargo con este informe nos damos cuenta que en vez de ello la mayoría de nuestras juventudes están recibiendo discriminación “por parte de las fuerzas de seguridad del Estado ya que tienden a considerar a los adolescentes que viven en las zonas bajo la influencia de las maras como integrantes de las mismas, recibiendo un trato abusivo y discriminatorio de parte de los agentes del Estado.”  [Párrafo 100; CIDH 2015]

Considero que el problema no son las maras, porque para las juventudes estos espacios proporcionan facilidades que el Estado no ha sido capaz de poner a disposición de la gente, como el acceso a recursos, el sentimiento de identidad, los estrechos lazos de solidaridad e incluso el respeto y admiración existente en estos grupos. El problema es el sistema de exclusión social que impera en la mayoría de nuestros barrios, donde hay una clara división sexual y económica del trabajo que sigue una cadena de sucesos cuyo único culpable es el sistema negligente y mezquino del Estado actual.

Con este informe evidenciamos  el presente de nuestras juventudes y vislumbramos en el futuro que se viene para Honduras con el nivel de alienación e inseguridad que viven sus habitantes, principalmente las niñas que según este informe “los casos de abusos sexuales a niñas (…) se habrían incrementado en un 200% en los últimos dos años. En promedio, 35 niños, niñas y adolescentes serían víctimas de abuso cada mes y los delitos que más se cometen serían la violación, violación especial y actos de lujuria”. [Párrafo 104]

Dato interesante es que según el código penal actual, ninguna persona menor de 14 años puede dar consentimiento para una relación sexual, por ende se tipifica como violación especial. ¿Qué niña de 10 años quiere ser manoseada o abusada sexualmente por otra persona? Ninguna. Sin embargo se evidencia la incapacidad del Estado para prevenir, atender y sancionar la violencia sexual contra la niñez. En cambio, se obliga a las niñas a parir y esto se convierte en tortura según los estándares internacionales de derechos humanos, y se culpa a las madres de no cuidarlas correctamente cuando los padres en la mayoría de los casos son irresponsables y abandonan los hogares.

¿Serán necesarias medidas de salud pública al nivel de los países del “primer mundo” para garantizar que la infancia de nuestras niñas no sea interrumpida por un embarazo no deseado producto de una violación sexual?

Es posible hacer un análisis sobre la condición jurídica del Estado de Honduras frente al cumplimiento de los derechos humanos, de hecho cada período se hace frente al Sistema Universal a través del EPU o frente al sistema interamericano a través del MESECVI, sin embargo el análisis que nos ocupa hoy es ciudadano.

El informe sigue su curso y concluye en dos cosas:

Que la situación de violencia e inseguridad en Honduras tiene consecuencias directas en el disfrute de los derechos humanos de la población. Los desafíos se encuentran desde la prevención de la violencia, la respuesta estatal frente a la misma y la posterior investigación y sanción de dichos actos.

Los altos niveles de desigualdad y exclusión social persistentes en el país, que afectan a grandes sectores de la población, requieren la adopción de planes y políticas urgentes, y del fortalecimiento de las instituciones para lograr el acceso a necesidades y servicios básicos, salud, educación, oportunidades de empleo en condiciones de igualdad, y a recursos naturales como la tierra.

La garantía de los derechos humanos es deber del Estado, pero exigir los derechos es un deber de la ciudadanía. Está bien levantar la voz y aportar en la construcción de un país del tamaño de nuestros sueños, está bien tomar conciencia sobre la situación de nuestra gente y querer ayudar a cambiar la realidad. Está bien solidarizarse con las niñas y niños, está bien permitirles vivir una vida libre de violencia porque en definitiva, son ellos y ellas hijos de esta tierra. Este informe nos ha servido para vernos en el espejo y reflexionar en lo que nos hemos convertido.

 

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