La mentira constitucional

Edmundo Orellana Mercado, exFiscal General de Honduras.

Por : Edmundo Orellana Mercado

Así denomina Octavio Paz la incongruencia entre la “realidad legal” y “la realidad real  de la nación”.

El principal indicador es la relación entre Constitución y realidad.

En  Honduras,  la  Constitución  es  la  ley  menos  conocida.  No  se lee  con  entusiasmo  en  los niveles primario y secundario, no se estudia debidamente en

las Facultades de Derecho de las distintas  universidades  y,  definitivamente,  no  se  lee  en  las  demás  carreras  universitarias.

Entre  los  profesionales  del  Derecho,  es  la  ley  menos  estudiada,  menos  conocida  y  menos invocada en las peticiones de los procuradores o en las decisiones de los jueces. Sin embargo, es la que más reformas e interpretaciones ha sufrido. Son tantas, que es difícil reconocer en la vigente, la que originalmente aprobaron los constituyentes. Además, la frecuencia, premura y ligereza  con  que  se  aprueban  esas  reformas  e  interpretaciones,  hace imposible  una  edición actualizada y confiable de la misma.

Si  confrontamos  nuestra “realidad  constitucional” con  la “realidad  real  de la  nación”, debemos admitir que nuestro sistema es una “mentira constitucional”

Las reglas que regulan nuestro  sistema  político  y  democrático  ya  no  responden  a  la realidad  de  la  que  deriva, supuestamente, su  legitimación, por  lo que están sometidas  a una revisión profunda a  través de  las denominadas “reformas políticas”, que pretenden modernizar  nuestro sistema político y  democrático.  Igualmente,  el  sistema  económico  consagrado  en la  misma  no  es  el  que apreciamos en las políticas gubernamentales ni en nuestra vida cotidiana.

La  obsolescencia  de  la  Constitución  es  manifiesta.  La  convicción  de  que  la  realidad  ha rebasado  el  molde  constitucional,  está  generalizada.  Se  comprueba  en  las  políticas  del gobierno,  las  acciones  del  Estado,  así  como  en  la  percepción que  de  ella  tienen  todos  los sectores.  Resulta  ilusorio,  entonces,  exigir  el  apego  a  la  misma,  si  la  mayoría  no  se  siente obligada  por  ella.  Esta  incongruencia  entre  el  deber  ser  y  el  ser,  es  una  indiscutible manifestación  de  la  discordancia  entre  nuestro “contrato  social”,  principio  básico  de  la democracia, y el texto constitucional.

Para   abandonar   el   sistema   de “mentira   constitucional” vigente   en   nuestro   país,   es imprescindible  estatuir  orgánicamente  las  nuevas  reglas  que  permitan  un  equilibrio  racional entre  las  tendencias  modernas  de  la  sociedad  y  los  derechos fundamentales  de  las  personas.

La revisión fragmentaria, dispersa y aislada de la Constitución, no puede ofrecer esas nuevas reglas  orientadoras,  porque  no  responde  a  una  visión  sistémica,  basada en  la  unidad  e integridad de la Constitución, y en su congruencia con los factores que impulsan la evolución de   la   sociedad.   Para   que   nuestros   procesos   de   evolución   importen   transformaciones consistentes y consecuentes con nuestras pretensiones, debemos crear el nuevo marco que les sirva de orientación.

Las constituciones anteriores a 1957 siempre previeron la reforma total de la Constitución. Siguiendo  el  modelo  que  impusieron  los  constituyentes  en  esta  fecha,  la  vigente  creó  un sistema  en  el  que  la  Constitución  es  una  prisión,  nosotros  sus  prisioneros  y  los  legisladores sus  carceleros.  Pero  la  voluntad  del  pueblo  no  puede  quedar  atrapada  en las  rejas  de  una prisión  constitucional. 

La  legitimidad  de  una  Constitución  desaparece  cuando  se  constituye en un  obstáculo para el desarrollo de  la sociedad  en la que rige. Quien  le dio su  legitimidad puede  quitársela.  Es  el  pueblo,  en  su  condición  de  soberano,  quien  tiene  el  poder  para remover  ese  obstáculo,  pues  nada  ni  nadie  puede  resistirse  a  su  voluntad  expresada  libre, plena e inequívocamente.

Es  ineludible,  por  tanto,  comenzar  a  evaluar  la  conveniencia de  la  revisión  total  de  la Constitución  en  el  seno  de  una  Asamblea  Constituyente,  de  la que  surja  una  nueva  Carta Magna,  con  un  renovado  compromiso  nacional  de  acatarla,  despojada  de la  excesiva reglamentación  de  la  actual,  pero con  reglas  claras,  uniformes  y  determinantes  de  nuestra identidad,  de  nuestro  sistema  político,  de  nuestra  democracia,  de  nuestros  derechos  y libertades fundamentales y de nuestro sistema económico y social. Una Constitución que sea un reflejo constante de la “realidad real de la nación”.

 

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