Derecho a la alimentación versus bolsa solidaria

Por: Andrés Molina

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Tegucigalpa.- Una de las primeras cosas que hacemos casi todos los seres que habitamos este planeta al nacer, es la de recibir el alimento por parte de nuestra madre, que se convierte en el elemento vital, desde el momento que iniciamos el proceso de la vida en el vientre materno.

Alimentos

El primer derecho que debe ser garantizado por el Estado a través de los diferentes gobiernos debería ser el derecho a la alimentación, por cuanto es el principio de la vida y de una alimentación adecuada depende mucho la calidad de vida en la edad adulta, cuando podemos valernos por sí mismos y contribuir al desarrollo del país. 

Así una alimentación que contenga las proteínas, vitaminas y minerales suficientes, garantiza el crecimiento de niños y niñas saludables y el desarrollo pleno en el proceso de enseñanza aprendizaje, al contrario madres sub alimentadas o mal alimentadas, conlleva graves riesgos para la salud de para la madre y para los recién nacidos.

La mayor parte de la población no produce nada de lo que consume en la dieta familiar.

El gobierno sabe y entiende que el país vive una crisis alimentaria, por la poca producción de alimentos y porque el salario que gana la mayoría de la población no alcanza para llegar a fin de mes o no cubre siquiera la canasta básica familiar, por eso una importante cantidad de recursos es destinado a la distribución de bolsas solidarias a nivel nacional.

No hace falta ser experto para saber que como resultado de la sequía que se experimentó el año 2015, incluso departamentos y municipios que nunca habían sido a nivel nacional, tendrá como efecto inmediato más hambre en el 2016. En este momento se empieza a sentir la falta del maíz, principal cereal que acompaña la mesa de los hondureños, en diferentes departamentos del país.

Si las familias que producen para su consumo y vender los pequeños excedentes no están cosechando en este momento y dependerán de lo que puedan comprar, significa que las familias que consumían el excedente, van a tener más problemas a la hora de adquirir el maíz o los frijoles.

Es verdad que las zonas del país donde mayor cantidad de niños, niñas y personas en situación de hambre son los departamentos de Intibucá, Lempira y Ocotepeque, en la zona del denominado corredor seco al sur del país prevalecen condiciones que podrían denominarse como una crisis permanente debido a la poca producción de alimentos.

Si en estos últimos años hemos venido teniendo problemas para garantizar el derecho de miles de familias a los tres tiempos de comida, el 2016 será un año mucho peor si el gobierno no toma las medidas necesarias para responder a lo que se avecina como una  emergencia nacional, a la que no bastará responder con una bolsa solidaria.

Existen experiencias que pueden ser aprovechadas por el gobierno como la producción de alimentos en áreas urbanas, como la de la Asociación Madre Tierra, que si ningún apoyo estatal produce alimentos en más de 40 barrios y colonias con mujeres que compran el agua y reciclan cada gota para producir alimentos orgánicos en pequeños espacios.

Es necesario que el Congreso Nacional de la República se adelante a la crisis y tome medidas, para obligar al gobierno a primero hacer efectiva la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional aprobada por el poder legislativo en la administración de Juan Orlando Hernández y en segundo lugar legislando para garantizar que el Estado de Honduras va cumplir con un derecho humano fundamental, como es el derecho a la alimentación.

No es suficiente con que se entregue una bolsa solidaria, sin una política clara y transparente de cómo repartir los recursos del Estado, que muchas veces se dedican a traficar con el hambre del pueblo y no a garantizar que la población vulnerable tenga acceso al dinero público.

Es preciso incorporar a la sociedad civil que trabaja el derecho a la alimentación, creando espacios de dialogo, fortalecer el trabajo de algunas mesas de seguridad alimentaria y nutricional como la de la región sur, para dar una respuesta adecuada a la ciudadanía, que finalmente es a quienes tiene la obligación de proteger el Estado.

*Defensor de los derechos humanos.

 

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