Indignados ponen en aprietos a la ONU y a la OEA

Por: Leticia Salomón

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Los indignados hondureños, de repente sin proponérselo, han puesto en aprietos a dos instituciones internacionales: OEA y ONU, cuyo involucramiento en la crisis que enfrenta el presidente de la República y su partido por el señalamiento ciudadano de corrupción en su campaña electoral y en su gobierno, las coloca en una situación de la que difícilmente saldrán bien librados.

Y esto es así porque mientras el presidente de la República solicita su intervención para promover un diálogo, cuyo objetivo real no parece estar muy claro, dado que son él y su partido los señalados por corrupción, y buena parte de la institucionalidad del Estado que él controla ha sido denunciada por su responsabilidad en la impunidad.

En las calles, de manera constante e indignada, la marcha de las antorchas clama por el fin de la corrupción y la impunidad, la instalación de una CICIH (Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras) y la salida del presidente de la república (“Fuera JOH”).

La presencia de los organismos internacionales como respuesta a la petición del Presidente de apoyar y asesorar un diálogo, que por definición no tiene nada de malo, enfrenta una especie de arenas movedizas que no auguran nada bueno para ambas instituciones pues las primeras dudas que surgen son las siguientes: ¿Qué se espera de un diálogo como este que no sea la neutralización de la indignación ciudadana? ¿Sobre qué van a dialogar si el principal acusado de corrupción es el propio convocante del diálogo? ¿Para qué quieren que se incorporen al proceso “todos los sectores”, es decir, los indignados? ¿Para qué se le da un margen de confianza al sistema de justicia, cuyas instituciones son controladas por el propio señalado y cuyos conductores están a su servicio? ¿Para confiar en los nuevos magistrados que se seleccionarán dentro de poco en un congreso cuya mayoría controla el presidente? ¿Para creer que con la asesoría adecuada, el Ministerio Público podrá combatir la corrupción si sus máximos conductores están señalados también por negligencia, complicidad, encubrimiento y corrupción? ¿Para confiar en que el Consejo Nacional Anticorrupción realizará su trabajo si es conducido por una incondicional del presidente que se dedica a investigar y denunciar únicamente los casos de los partidarios del gobierno señalados como sacrificables por el propio Presidente?

Mientras la OEA se ha comprometido de lleno nombrando a un representante especial en el Diálogo convocado por el Presidente y propiciando la visita del propio Secretario General de ese organismo, la ONU, más precavida, habla de un encuentro inclusivo que deberá ser anunciado por el gobierno y que al finalizar el mismo este organismo “valorará su participación en dicho diálogo”.

Mientras ambos organismos se mueven, cautelosos como siempre, entre la cercanía oficial y la demanda ciudadana, la oposición indignada empieza a constatar que no se puede contar con ningún poder del Estado porque el combate a la corrupción y a la impunidad debería colocar a sus conductores y cercanos colaboradores, en primer lugar en la lista a investigar, juzgar y sentenciar; y también empieza a descubrir que se requiere un cambio radical en el Sistema de Justicia y en instancias clave del combate a la corrupción como el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas y el Consejo Nacional Anticorrupción para creer que otra Honduras es posible y que si de esta increíble manifestación de indignación no resulta nada, podemos irnos preparando todos a recoger las migajas de Estado que nos dejarán estos saqueadores profesionales que hicieron de la política la forma más expedita para el robo descarado y desvergonzado de nuestra dignidad como país.

 

 

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