¿Privatización o descentralización de la salud?

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. La descentralización, como le llama el actual gobierno, se inició con el traspaso administrativo del Hospital de San Lorenzo y la Secretaría de Salud lo hará con nueve hospitales públicos más que ahora estarán bajo la gestión de entidades no gubernamentales.  El nuevo esquema sanitario público es parte de la ley legislativa No. 286-2009, aprobado en diciembre del 2009 y detalla tener “una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana con sistemas consolidados de previsión social” y establece alcanzar un 95 por ciento de cobertura de salud en todos los niveles del sistema.

La segunda es el plan nacional de salud 2014-2018 que establece que los hospitales estarán funcionando bajo un convenio-compromiso, con gestión por resultados y con un sistema efectivo, en el que se priorizan diez metas. Entre ellas destacan que los 28 hospitales públicos del país de evaluarán constantemente. Además incluye que diez hospitales funcionarán bajo la gestión descentralizada, garantizando la eficiencia y trasparencia en el uso del presupuesto. Y se acordó que dentro de este nuevo esquema, la Secretaría de Salud proporcionará el presupuesto para los nuevos gestores de esos servicios.

Colegio Médico y partidos de oposición lucharán para que no se privaticen los servicios de salud.

Sandra Pinel, subsecretaria de Redes Integradas de Servicios de Salud, Sandra Pinel, manifestó que de esa manera están impulsando la gestión descentralizada de los servicios de salud desde hace algunos años se ha venido impulsando.
En el primer nivel hemos se ha logrado avanzar con más establecimientos de salud que están funcionado de manera descentralizada y lo que se hace es que a través de una firma de un convenio donde se traspasa la administración de los servicios a una entidad (ONG) que no es parte de la Secretaría de Salud, apuntó.

Pinel comentó, que dentro de esta modalidad ya se tiene la primera experiencia con el Hospital de San Lorenzo. Donde se le ha dado la administración a la Fundación de apoyo al Hospital para el manejo de la gestión hospitalaria y que se ha hecho con el fin de mejorar los servicios de salud. La descentralización continuará en los próximos días y están en la mira los hospitales de La Esperanza, el de Gracias, Lempira, el Leonardo Martínez de San Pedro Sula y el de Gracias a Dios, serán descentralizarlos próximamente. Pinel detalló que no importa a quien se los entregan, sean ONGs o empresas privadas, lo que visualizan es que quien los tome tenga la capacidad de una buena gestión.

Rumbo a la privatización

Lo anunciado hoy por la Secretaria de Salud es visto por muchos sectores como la privatización de los servicios de salud entre ellos el Colegio Médico de Honduras (CMH), la Asociación de Enfermeras y Enfermeras de Honduras (ANEEAH) y muchos políticos de la oposición. Uno de los primeros en denunciar esa privatización fue el Partido Libertad y Refundación (Libre) y en un comunicado emitido el 11 de febrero de 2015. Decía en una de sus considerandos, “Por tal motivo, es que el Colectivo Parlamentario de LIBRE, quien desde el Congreso Nacional (CN), como mayor fuerza opositora política, se ha mostrado en contra del despropósito que con la Ley Marco del Sistema de Protección Social para una Vida Mejor, busca profundizar la precarización al acceso a la salud de las mayorías”.

Más adelante expresaba el comunicado “En ese sentido, las y los compañeros miembros de la Comisión de Salud, quienes a su vez fueron excluidos del análisis y discusión de dicha ley en ese poder del Estado, denunciaron con el resto de la bancada el intento de privatizar la Salud”. Para el caso, la parlamentaria y sub jefa del colectivo parlamentario, Scherly Arriaga, señaló que “nos trae gran preocupación que el gobierno esté actuando inhumanamente con respecto a un derecho fundamental de la población como es la salud al intentar privatizarla”.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras Auxiliares de Honduras, Yaneth Almendares, lo advirtió desde el pasado 23 de abril cuando aseguró que el gobierno de Juan Orlando Hernández está privatizando varios hospitales del país y se los está entregando a ONG´S manejadas por allegados a los que están dentro del mismo gobierno.

Almendares aseguró que “están vendiendo los hospitales a diferentes ONG para deshacerse de la obligación como estado de la salud del pueblo hondureño y ya comenzó con el hospital de San Lorenzo”. Esta privatización viene siendo denunciada desde el gobierno del también nacionalista Porfirio Lobo Sosa. El perioódico sampedrano Tiempo, en su editorial del 3 de septiembre de 2012, alertó sobre grupos interesados en la privatización del servicio de salud de Honduras. En el editorial, el rotativo advierte sobre el peligro de caer en la trampa de personas interesadas en apropiarse de este sector para beneficio propio, solapadas tras lo que ellos llaman “modelos de gestión de salud descentralizados”.

El diario Tiempo alertó este lunes en un editorial sobre grupos interesados en la privatización del servicio de salud de Honduras. En el editorial, el rotativo advierte sobre el peligro de caer en la trampa de personas interesadas en apropiarse de este sector para beneficio propio, solapadas tras lo que ellos llaman “modelos de gestión de salud descentralizados”. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), también ha manifestado la preocupación por la privatización de la salud con la nueva ley donde se enmarca lo ocurrido con el Hospital de San Lorenzo.

¿Quién pagará el seguro de las personas que viven en extrema pobreza, que no puedan pagar una cuota mensual? ¿Qué va a pasar con la red de servicios de la Secretaría de Salud? Y ¿Qué va a pasar con los 27 hospitales públicos y los centros de salud rurales? Son parte de las interrogantes que manifestó Rutilia Calderón, vicerrectora de la UNAH, el 8 de enero del presente año, respecto al proyecto de Ley Marco de Protección Social que reformará el sistema de salud pública en el país.

El Colegio Médico de Honduras (CMH), también ha dejado clara su posición manifestando que están en contra de esa ley y que no están dispuestos a apoyar una privatización de los servicios de salud porque esto va en contra de las clases más pobres del país. El presidente del CMH, Elmer Mayes, señaló que el concepto de privatización es complicado porque el hondureño no está preparado, debido a la pobreza imperante en el país. Puntualizo que “el servicio se va a dar de acuerdo a como el paciente lo use y entre más lo utilice más deberá pagar. Y se traspasa la responsabilidad del Estado a terceras personas que ven la salud como si fuera un gasto y no como un servicio”.

“El pobre que no puede pagar desgraciadamente deberá tener que enfrentarse a situaciones en las cuales no va a tener salud” acotó. Lo peor, reflexionó el galeno, es que actualmente si no le brindan salud a un hondureño, este tiene el derecho constitucional de reclamarle al gobierno por la falta de atención médica.Con la nueva modalidad que se pretende instalar por parte de este gobierno el pueblo no podrá protestar porque ya no será responsabilidad directa del Estado sino de terceras personas u ONG. El Hospital de Gracias a Dios se lo darán a las Fuerzas Armadas, los hospitales de San Pedro Sula: Mario Catarino Rivas y el Leonardo Martínez se los darán a una ONG de esa ciudad. Y el Hospital San Felipe lo están negociando con una organización de Tegucigalpa.

El líder de los profesionales de la medicina señalo que ellos seguirán concertando con los partidos de oposición para que esa ley no se apruebe, aunque advirtió que es complicado porque en este país se hace lo que dice el presidente Juan Hernández, pero seguirán en la lucha concertando con otras organizaciones de la sociedad civil que tengan conciencia de lo que está sucediendo.

Al margen de las críticas, el Congreso hondureño aprobó la noche del martes la privatización de la seguridad social, la que provocará que los derechohabientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), no puedan pagar más por la cotización de los servicios que presta la institución, desfalcada en 2013 por Mario Zleaya, preso en una cárcel de la capital.

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