La Corrupción Política (Primera parte)

Gustavo Zelaya Catedrático universitario
Gustavo Zelaya Catedrático universitario

Parece que la condición normal de la “clase política” hondureña consiste en moverse dentro de la corrupción y generarla durante todos los gobiernos, es su esencia completa, es la opción soñada ya que no pueden ser algo diferente. Siempre han pedido que se demuestre que son corruptos y no les interesa probar que son inocentes. Los actos de corrupción de los gobernantes nacionales pueden rastrearse con evidencias desde inicios del siglo XIX. En 1830 se impuso un empréstito de 36,000 pesos para financiar acciones de guerra en los gobiernos de Francisco Ferrera y Coronado Chávez. Según el historiador Ismael Zepeda en sus Documentos para la historia de Honduras, entre 1842 y 1894, los empréstitos contratados superaron la cantidad de 243,000 pesos. Parte de ellos se utilizaron para indemnizar ciudadanos británicos agraviados por efectos de las guerras internas. Tales pedidos monetarios fueron delicadamente respaldados con la presencia de barcos de guerra de la cultísima Albión y con la ocupación militar de Amapala y la isla del Tigre.

Para proteger la soberanía nacional el presidente Juan Lindo solicitó la presencia norteamericana en esa isla durante dieciocho meses. Por supuesto, acompañada con una promesa de pago por 12,000 pesos anuales al cinco por ciento de interés; arrendar, alquilar porciones del territorio nacional no es ninguna novedad, siempre quisieron tener un país open for buitres.

En 1859 el gobierno de José Santos Guardiola suscribe con Gran Bretaña el Tratado Wayke-Cruz, en donde se reconoce la soberanía hondureña sobre la Mosquitia y las islas de la Bahía, entre otras cosas determinaron que “S. M. B. conviene en reconocer… las Islas de la Bahía… como una parte de la República de Honduras.” Pero el Estado de Honduras se vio obligado a hipotecar por 10 años todas las maderas preciosas de la zona de La Mosquitia, mediante las cuales se pagarían 5,000.00 pesos anuales para indemnizar a los misquitos que habían perdido su condición de súbditos británicos. Esos empréstitos se convirtieron en fuente de riqueza de los funcionarios estatales. Y esta ha sido la regla, al parecer sin excepciones.

Los actos de corrupción ocurridos entre 1821 y 1859 sólo eran el anticipo al escandaloso proyecto de construcción del Ferrocarril Interoceánico. El Estado de Honduras enfrentaba deudas que era incapaz de cumplir y suscribe otro empréstito por 90,000.00 Libras Esterlinas. Por ese mismo tiempo, bajo las acusaciones de prevaricato los Magistrados de la Corte Superior de Justicia, Valentín Durón, Dionisio Fiallos y Francisco Botelo, fueron declarados con lugar a formación de causa, medida que no tuvo ninguna consecuencia porque a uno de los acusados, Valentín Durón, lejos de deducirle responsabilidades se le premió nombrándole como Gobernador Político de Tegucigalpa.

Otro pequeño grano de sal: en 1860, al final de la guerra contra los filibusteros de William Walker, uno de los caudillos de la tradición conservadora en Honduras, el general José María Medina, presidente del Congreso, era al mismo tiempo beneficiario de una contrata para el corte de cuatro mil árboles de caoba en la zona del puerto de Omoa. Más de un siglo después en vez de cortar, un alegre gobernante y su caritativa esposa establecieron que había que sembrar árboles cono norma. Una acción muy virtuosa que nadie ha querido continuar.

Respecto a los empréstitos del ferrocarril, existen abundantes investigaciones, sin embargo ciertos detalles del documento muestran de qué material estaban hechos los representantes oficiales. Además de toda esta entrega, el documento indicaba la forma de respaldar los compromisos adquiridos por Víctor Herrán y Carlos Gutiérrez, por ejemplo: “Los títulos que se emitan serán garantizados: 1) Por las rentas generales de la República; 2) Por las rentas del propio ferrocarril; y 3) Por los terrenos baldíos del Estado, cuyos pormenores se enviarán ulteriormente”. Fue firmado en 1866 por el presidente José María Medina y su canciller Ponciano Leiva. Al inicio se estableció la cantidad de un millón de libras esterlinas y el gobierno sólo tomó cien mil. Después se supo que ni siquiera esa cantidad se recibió y no se pudo averiguar el destino real de esos dineros. Otro detalle: como parte de ese vulgar asalto, uno de los convenios estableció que cien mil libras esterlinas se destinarían para sobornar funcionarios, a la letra: “a las personas que puedan ayudarle para asegurarle buen éxito al empréstito, sin que tengan que dar cuenta de la distribución al Gobierno y sin que sean obligados a nombrar a las personas a quienes la mencionada distribución fuera hecha.” Los políticos nacionales tienen valiosas experiencias en esos asuntos y es probable que sus herederos sean más astutos porque ahora no serían tan inocentes de colocar en un convenio ese tipo de cláusulas. Ahora son peores que sus padres políticos.

En publicaciones digitales del Consejo Nacional contra la Corrupción aparece esta joya: “según el representante hondureño en Londres, Carlos Gutiérrez, la venta de los bonos apenas si alcanzó las £. 100,000.00. En 1875, ocho años después, un informe de la Comisión Británica que investigó el asunto, dejó en evidencia las mentiras de Gutiérrez, ya que se indicaba que del primer empréstito se habían vendido bonos por valor de £. 138,306.00; lo que daba una diferencia de £. 38,306.00 con respecto a lo que indicaba Gutiérrez. A la luz de los hechos que siguieron, es muy probable que esa diferencia haya ido a parar a las manos del representante hondureño en Londres”. Algo de esto puede leerse en la obra de Alfredo León Gómez, “El Escándalo del Ferrocarril: Ensayo Histórico”.

Toda esta corrupción fue puesta en conocimiento de León Alvarado por el representante Víctor Herrán, pero tal denuncia la hizo no como producto de su genuina preocupación por los intereses hondureños, sino porque, de todo el lucrativo negocio que realizaron Gutiérrez y compañía, no obtuvo ningún beneficio personal.

La denuncia que Herrán le hizo a León Alvarado el 12 de noviembre de 1868, apenas seis meses después que él mismo junto con Gutiérrez y Bischoffshein y Goldschmidt le habían otorgado al francés Lefevre el poder para negociar bonos, indicaba que Gutiérrez y Lefevre habían ganado entre £. 300,000.00 o 400,000.00, mientras el Gobierno de Honduras quedaba endeudado con un millón de Libras. Todos esos sujetos: Herran, Gutiérrez, Alvarado, tenían cargos diplomáticos; mientras que Durón, Fiallos y Botelo eran los magistrados de la corte superior de justicia. Actualmente ninguno de ellos está inscrito en las notas rojas de la historia hondureña. Fue un caso enredado. El banco inglés se declaró en quiebra, los comisionados del gobierno de Honduras, Gutiérrez y Herran, al parecer desviaron fondos para su propio peculio. Cuando el escándalo llego al parlamento británico los financistas alegaron que había sido cuestión de mala suerte. El proyecto nunca culminó.

Y la forma de catalogar a los miembros de la “clase política” también corrompe el lenguaje; hay unos cuantos ejemplos tomados de textos de la época y otros de “historiadores” encargados de erigir mitos: a Valentín Durón, le decían “Poeta”, considerado como “notable abogado y de brillante actuación en la vida pública”…” ubicado entre “estos valientes hombres”. Francisco Xavier Botelo, según Esteban Guardiola “”En la historia de nuestra vieja universidad, ocupará una página de honor…ilustre ciudadano”. “Francisco Cruz, distinguido hombre público”. “León Alvarado, Benemérito de la patria”. De Carlos Gutiérrez, se dice que fue “connotado diplomático” y con Herran, destituido por Marco Aurelio Soto por los malos manejos financieros en la contrata del ferrocarril, no se les llevó a los tribunales. Muchos años después la práctica es parecida: no hay juicios criminales o se otorgan cartas de libertad a montones.

Casos como el escándalo del ferrocarril nacional, el de la corporación nacional de inversiones (CONADI) y el Banagate, están sepultados en archivos y olvidados por los hondureños como una muestra de la impunidad y de los robos descarados que hacen los políticos de cada momento histórico. En el mismo camino quieren poner el saqueo del Instituto Hondureño del Seguro Social y de los fondos de pensiones de los empleados públicos.

En el tan elogiado período de la reforma liberal encabezada por Marco Aurelio Soto quien gobernó con el apoyo del presidente de Guatemala Justo Rufino Barrios, se intentó desarrollar la economía y convertir el país en parte del sistema capitalista mundial. Lo que no quedó en intento fueron las concesiones que dieron paso a la explotación de minerales en la zona del Rosario y de San Juancito, a través de la fundación de una gran empresa con capital norteamericano y con buena parte de las acciones a nombre del presidente Soto. Por supuesto. En 1883 cayó en desgracia y se vio obligado a dimitir. Lo sucedió Luis Bográn, estuvo en el cargo hasta 1891 cuando Ponciano Leiva volvió al poder en unas elecciones manipuladas. A pesar de ser un liberal, Leiva intentó gobernar como dictador absoluto, es decir, como buen liberal al estilo hondureño. Toda esa serie de corruptos no ha impedido tejer mitos alrededor de figuras como Luís Bogran y Ponciano Leiva para erigirlos como ilustres patriotas oriundos del departamento de Santa Bárbara, cuna de tres presidentes. Es probable que si fuéramos más serios y rigurosos con la historia nacional, esos sujetos serían motivos de vergüenza para los nacidos en ese lugar y su acción política se clasificaría como otro hecho delictivo digno de un lugar en la más amarillista prensa hondureña.

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