Tegucigalpa.- El congresista James P. McGovern (demócrata por Massachusetts), miembro de mayor rango del Comité de Reglas de la Cámara de Representantes y copresidente de la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos, junto con la representante Delia Ramírez (demócrata por Illinois) y otros 15 miembros de la Cámara, enviaron una carta instando al secretario de Estado Marco Rubio a que abogue ante el gobierno de Honduras por la justicia para las víctimas de la masacre de campesinos trabajadores ocurrida en mayo de 2026 y por una resolución justa de las disputas territoriales.
«La paz, la estabilidad, el estado de derecho, el respeto a los derechos humanos y el desarrollo económico sostenible en Honduras son de vital importancia para los intereses estratégicos de Estados Unidos», escribieron los representantes McGovern, Ramírez y los demás miembros del Congreso. «La violencia, la corrupción y la impunidad socavan la estabilidad regional, facilitan la expansión de la actividad delictiva y contribuyen a las condiciones que impulsan la migración».
La carta señala que la masacre de Rigores, en la región del Bajo Aguán de Honduras, se produce en el contexto de la nueva Ley para el Fortalecimiento y la Protección del Sector Agroindustrial, la Energía, el Turismo, la Ganadería y los Pequeños Productores Agrícolas de Honduras, que parece favorecer a los conglomerados agrícolas a expensas de los pequeños agricultores, poniendo en peligro su acceso a tierras cultivables y a un trabajo sostenible.
En la carta, los miembros del Congreso afirman que “creen que el gobierno de Estados Unidos debe apoyar acciones significativas para prevenir más violencia y promover la rendición de cuentas”, y solicitan que el Departamento de Estado haga las siguientes peticiones al gobierno hondureño:
Establecer, en coordinación con la ONU, una comisión internacional de investigación, con la participación de actores locales y nacionales, para identificar a todos los responsables de la masacre de Rigores en todos los niveles;
Proporcionar al Ministerio Público los recursos y la voluntad política necesarios para desmantelar las organizaciones criminales que operan en la región del Bajo Aguán y garantizar que se identifiquen, investiguen y enjuicien todas las formas de colaboración, protección o colusión que involucren a agentes del Estado; y
Buscar soluciones integrales y sostenibles a los conflictos territoriales y de tierras que aborden sus causas estructurales e históricas, defiendan el estado de derecho y contribuyan a un futuro más justo y equitativo para todos los hondureños.
Los otros 15 miembros que firmaron la carta incluyen a los representantes Greg Casar (D-TX), Veronica Escobar (D-TX), Jesús G. «Chuy» García (D-IL), Jonathan Jackson (D-IL), Pramila Jayapal (D-WA), Henry C. “Hank” Johnson, Jr. (D-GA), Marcy Kaptur (D-OH), Summer Lee (D-PA), Ilhan Omar (D-MN), Mike Quigley (D-IL), Jamie Raskin (D-MD), Janice Schakowsky (D-IL), Lateefah Simon (D-CA), Rashida Tlaib (D-MI) y Paul Tonko (D-NY).
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