Reynaldo Domínguez, defensor del agua y la tierra, narra el doloroso impacto del asesinato de sus hermanos y su compañero Juan Antonio López, mientras enfrenta la criminalización y el desplazamiento forzado en su lucha por proteger los bienes comunes
Tegucigalpa, Honduras. – La defensa de los bienes comunes en Honduras se ha convertido en una tarea peligrosa, como lo demuestra la situación de Reynaldo Domínguez, defensor de los ríos Guapinol y San Pedro.
En una reciente entrevista a Radio Progreso, Domínguez compartió su experiencia de desplazamiento forzado, tras el asesinato de sus dos hermanos, Alí Domínguez y Oscar Oquelí Domínguez.
De igual manera Reynaldo Domínguez, condenó el asesinato de su compañero de lucha Juan Antonio López, un acto que considera un ataque directo no sólo a su vida, sino a la lucha colectiva por la defensa de los bienes comunes. «La noticia me cayó como una tormenta invernal», lamentó Reinaldo, subrayando el impacto emocional que ha tenido en él y en su familia.
Para Domínguez, Juan no sólo era un compañero en la lucha ambiental, sino un hermano y un pilar fundamental en la comunidad. Reinaldo recuerda a Juan como una persona comprometida con la causa, siempre dispuesto a ayudar y a defender el agua y el medio ambiente.
El asesinato de López resalta la grave situación de violencia que enfrentan los defensores de derechos humanos en Honduras, donde la lucha por la justicia y la protección del territorio se cobra vidas. A pesar del dolor y el miedo que siente tras la pérdida de su compañero, Reynaldo reafirma su compromiso con la defensa de los bienes comunes, reafirmando que «la cabeza de esta lucha son todas las comunidades», y que continuarán defendiendo lo que es justo, sin importar los riesgos que enfrenten.
Honduras se encuentra entre los cinco países del mundo más peligrosos para los defensores de derechos humanos, principalmente para los defensores del ambiente y el territorio.
REINALDO, VÍCTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO
En enero y junio de 2023, Reynaldo Domínguez sufrió el asesinato de sus hermanos Alí Domínguez y Óscar Oquelí Domínguez, respectivamente, quienes fueron asesinados en el contexto de la lucha por la defensa del Parque Nacional Montaña de Botaderos, Carlos Escaleras, y los ríos Guapinol y San Pedro, Estos crímenes no solo dejaron un vacío irreparable en la vida de Reynaldo y su familia, sino que también evidencian el clima de violencia y represión que enfrentan los defensores de los derechos humanos en Honduras.
Luego de la muerte violenta de Oscar Oquelí Domínguez, Reinaldo Domínguez y su familia fueron obligados a abandonar su hogar debido a las amenazas y la violencia que rodea su lucha por el agua y la tierra. «Nadie está preparado para estos momentos», afirmó, describiendo la tristeza y el desarraigo que siente al estar alejado de su comunidad.
El desplazamiento también ha profundizado la conexión de Reynaldo con otros defensores que han sufrido experiencias similares. Al compartir su historia, se siente más cerca de aquellos que han sido forzados a dejar sus hogares por luchar por sus derechos. «Me pongo en el zapato de muchas compañeras y compañeros que han sido desplazados a lugares súper lejanos en contra de su voluntad», dice Reinaldo, reconociendo el sufrimiento colectivo que acompaña a esta lucha.
UN CONTEXTO DE CRIMINALIZACIÓN
Reynaldo Domínguez y su comunidad se oponen a las actividades de la empresa minera Los Pinares Ecotek, así como a otros proyectos extractivos promovidos por actores como Lenír Pérez y Ana Facuse del grupo Emco.
Estos proyectos no sólo amenazan el río Guapinol, sino que también ponen en riesgo la salud y el bienestar de las comunidades. La oposición a estos proyectos extractivos ha llevado a la criminalización de quienes defienden sus derechos. Recientemente, el 5 de septiembre de 2024, la Corte de Apelaciones de La Ceiba revocó el sobreseimiento definitivo que había sido concedido el 26 de octubre de 2022, a raíz de la apelación presentada por la Fiscalía de Tocoa e Inversiones Los Pinares. Esta resolución no sólo impacta a Juan Antonio López, quien ya no está para defenderse, sino que también afecta a otros activistas como Carlos Leonel George George, Reynaldo Domínguez Ramos, José Adalí Cedillo Mendoza y Marco Tulio Ramos.
Reynaldo Domínguez, enfatiza que su lucha es por la defensa del agua, un recurso vital para todos, y que el asesinato de sus hermanos y de su compañero Juan Antonio López es un trágico recordatorio de los peligros que enfrentan los defensores ambientales en Honduras.
Domínguez también destacó la criminalización que sufren los defensores ambientales. A pesar de haber recibido medidas cautelares por parte de la CIDH, las amenazas no cesan. «Preferimos luchar ante estos proyectos», dijo, enfatizando que su única intención es proteger los recursos naturales esenciales para la vida.
El gobierno actual ha hecho promesas sobre la prohibición de minería en áreas protegidas, pero las acciones demuestran que estas promesas no se han traducido en acciones concretas por las empresas extractivas continúan sus operaciones.
El caso de Reynaldo Domínguez es un reflejo del peligro que enfrentan muchos defensores ambientales en Honduras. La combinación de desplazamiento forzado, violencia y criminalización crea un entorno hostil para aquellos que luchan por proteger los recursos naturales vitales para sus comunidades. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, Domínguez y otros defensores continúan su lucha, dejando claro que defender el agua y el medio ambiente es una causa que vale la pena arriesgar todo.
Según informes de organizaciones internacionales, el país presenta la tasa más alta de asesinatos de defensores ambientales per cápita, lo que refleja un contexto alarmante de violencia y criminalización.
En 2022, se registraron al menos 14 asesinatos de defensores ambientales en Honduras, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha documentado un incremento en las amenazas y ataques contra estos activistas, sólo en 2013, 18 defensores fueron asesinados.
La situación se agrava con la falta de protección efectiva por parte del Estado, lo que ha llevado a muchos defensores, como Reynaldo Domínguez, a experimentar desplazamiento forzado debido a la violencia y las amenazas que enfrentan por su labor.
