Por: Redacción CRITERIO
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Al menos 60 modificaciones sufrió la Ley Marco de Protección Social, según denuncias de diputados del Partido Anticorrupción (PAC), que piden la anulación de esta normativa y castigo para los responsables de hacer los cambios, en los que incluyen a los miembros de la Junta Interventora del Instituto Hondureña de Seguridad Social (IHSS).
Ante los reclamos de la bancada del PAC, sector empresarial y clase obrera, el Congreso Nacional, procedió en las últimas horas a hacer las correcciones mediante una fe de erratas, cuya publicación en el diario oficial La Gaceta se espera para este miércoles.
“La falsificación del decreto de ley es un acto criminal que debe ser castigado o sumado a la lista de actos de corrupción impunes en este gobierno del Partido Nacional”, publicó en su cuenta de Facebook, el diputado del PAC por el departamento de Cortés, Luis Redondo.
“Hemos identificado casi 60 modificaciones a la ley, estamos hablando de un caso descarado y de corrupción legislativa sin precedentes en la historia parlamentaria donde los posibles involucrados son: el secretario del Congreso, la Comisión Interventora y el Poder Ejecutivo”, establece Redondo.
La Junta Interventora del IHSS, está integrada por el expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Vilma Morales; el exdiputado, German Leitzelar y Roberto Salinas, exinterventor del Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema).
Luis Redondo sostiene, estar “más que seguro que si se investiga, «la Comisión Interventora» está involucrada, ya que no se pasaba nada sin que ellos aprobaran”.
Asimismo que no se trata de “fe de errata”, sino de un acto criminal que debe ser castigado o sumado a la lista de actos de corrupción impunes de este gobierno del Partido Nacional”.
Añade que esta es una situación en la que el Ministerio Público debe actuar de oficio, pero como no lo hace, es por eso que se pide la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad Honduras (CCIH).
Redondo asegura que no es el único decreto de ley falsificado, pues hay más, aunque no especificó los casos. “Como diputado espero ver en la cárcel a los responsables de este caso abominable para la historia de la legislación de Honduras”, vaticinó.
Por su parte su compañera de bancada, la diputada Fátima Mena, manifestó que la fe de erratas ni la rectificación, son una figura legal, para hacer las correcciones que ha anunciado el prosecretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.
“Yo entiendo que la ley marco (Ley de Protección Social) no es ningún pasquín ni ninguna revista, se puede hacer una fe de errata para un fallo de una sentencia para una ley, cuando haya un error de forma y no de fondo”, explicó la también abogada.
Mena señaló que en los artículos trastocados hay cosas de fondo, porque hay párrafos que fueron eliminados por completo, lo que ya fue reconocido por el prosecretario del Congreso Nacional.
Ante tantos exabruptos legales, la diputada consideró que el proceso que manda la ley es que la normativa debe ser decretada inconstitucional y como consecuencia de ello, la publicación en el diario oficial La Gaceta, quedará nula.
En tanto, el prosecretario del Parlamento, Tomás Zambrano, señaló que en temas legislativos y en derecho comparado, la fe de erratas, puede corregir errores de contenido en su totalidad.
Aseguró que las correcciones mediante la fe de erratas, contienen las observaciones de los representantes de la empresa privada y del sector obrero, con quienes se ha estado en constante comunicación.
Zambrano dijo que durante las dos últimas semanas la Secretaría del Congreso, ha estado haciendo las revisiones y admitió que “se ha encontrado de que se cometió un error involuntario, un error en el que no existió dolo ni mala fe, ni ningún interés oscuro”.
El congresista anunció que las correcciones fueron enviadas el martes por el Congreso Nacional, a la Empresa Nacional de Artes Gráficas, para su publicación este miércoles en el diario oficial La Gaceta.
El decreto 56-2015, que contiene Ley Marco de Protección Social y que consta de 61 artículos, fue publicada el pasado 20 de julio en el diario oficial La Gaceta y entrará en vigencia el próximo 4 de septiembre.
La dirigencia obrera está preparando la documentación para presentar ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad de esta ley, que suprime el derecho a prestaciones laborales de los trabajadores a través de un manipuleo que se produjo antes de que dicha legislación fuera publicada en el diario La Gaceta.
