Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- Sin contar con la aprobación previa del Parlamento, se instaló este lunes la Misión de Acompañamiento Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) que impulsarán jueces y fiscales internacionales, bajo la conducción de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Según cálculos conservadores que maneja la MACCIH, al menos 450 millones de dólares o 10.000 millones de lempiras desaparecen anualmente en actos de corrupción, recursos que podrían utilizarse a favor de la lucha contra la pobreza en Honduras.
El convenio de la instancia fue suscrito el 19 de enero pasado en Washington por el presidente hondureño, Juan Hernández y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pero aún falta que sea aprobado en el Congreso Nacional, para lo que se requiere la mayoría simple es decir el voto de 65 diputados.
La aprobación del convenio por parte del Congreso está estipulado en el numeral 30 del artículo 205 de la Constitución de la República, que como atribución de este poder del Estado le confiere el de aprobar o improbar los tratados internacionales que el Poder Ejecutivo haya celebrado.
Asimismo el artículo 16 de la Carta Magna establece que “todos los tratados internacionales deben ser aprobados por el Congreso Nacional antes de su ratificación por el Poder Ejecutivo. Los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros estados, una vez que entran en vigor forman parte del derecho interno”.
En ese sentido, Francisco Guerrero, integrante de la Misión, instó al Congreso Nacional a que se apruebe el acuerdo para que se inicien las labores correspondientes.
Guerrero pidió a los legisladores hondureños que vean a la Misión como ventana para que los partidos logren las reformas a fin de que exista una rendición de cuentas sobre su financiamiento.
También anunció que se hará una revisión de toda normativa que pueda impedir el pleno acceso a la información. Guerrero hizo la reflexión ante la interrogante de la prensa sobre la existencia en Honduras de la Ley de Secretos Oficiales que blinda la información de 18 instituciones del Estado, entre las que se incluyó al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de donde se saquearon 7,500 millones de lempiras.
Profesionales del derecho y líderes de opinión pública de diferentes sectores han considerado que la Ley de Secretos será la principal traba que tendrá la Misión para realizar su trabajo de investigación.
INSTALACIÓN
La instalación de la misión devela la forma de cómo las autoridades de la OEA obviaron el procedimiento legal e irrespetaron el Estado de Derecho, al que supuestamente le apuestan al haber suscrito el convenio con Honduras.
La instalación de la MACCIH arrancó con un discurso grabado del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien no se hizo presente al acto oficial que se llevó a cabo en un hotel capitalino ante la presencia de líderes políticos, empresarios, representantes de la sociedad civil, iglesias, sindicalistas, entre otros.
El acto de presentación estuvo a cargo de la representante de la OEA en Honduras, Claudia Barrientos, quien dio leyó las hojas de vida y dio paso a cada uno de los cinco miembros de la delegación de la instancia.
Los miembros de la MACCIH que fueron presentados este lunes son:
-Juan Jiménez Mayor, vocero de la Misión, representante del Secretario General, ex Primer Ministro y ex Ministro de Justicia de Perú
-Jan-Michael Simon, experto alemán, articulador de la gestación de la CICIG en Guatemala, experto en derecho penal, quien será Asesor Principal de la MACCIH.
-Juan Pablo Corlazzoli Garcia, experto uruguayo de larga trayectoria en Naciones Unidas y Coordinador del Observatorio de la Sociedad Civil
-Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, experto mexicano en materia de financiación de partidos políticos y campañas electorales, quien coordinara la División de Reforma Político Electoral.
El resto del equipo, así como los jueces y fiscales internacionales, serán nombrados en las próximas semanas.
El secretario de Asuntos Políticos de la OEA, Francisco Guerrero dijo que la corrupción son males sistémicos porque con ello se debilitan las instituciones del Estado, al perder su credibilidad».
En tanto el vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, detalló que la Misión es financiada con fondos internacionales y no con recursos del gobierno hondureño, esto «para mantener una absoluta independencia en nuestro actuar».
Jiménez mayor también aclaró que aún no tienen definido los casos que serán investigados por lo que se sentarán con autoridades del Ministerio Público para conocer la totalidad de los casos y tomarlos a fin de lograr un cambio en Honduras.
Previo a la instalación los miembros de la delegación se reunieron con el Fiscal General de la República, Oscar Fernando Chinchilla; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta; el canciller Arturo Corrales; el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva y diputados de la Comisión de Seguridad.
PROTESTAS
El hotel donde se llevaron a cabo los actos protocolarios fue resguardado por policías y militares, que impidieron el paso de transeúntes por el lugar y de una pequeña protesta de maestros del Programa Hondureño de Educación Comunitario (PROHECO), que exigían ser atendidos por el presidente Hernández, porque se les están violentando varios de sus derechos laborales.
