Por: Marcia Perdomo
Edición: Emy Padilla
Portada: Reynaldo Raudales
Fotografías: Fernando Destephen
Tegucigalpa.-Abrazada por el mar Caribe, una playa de arena blanca, un tupido bosque y a 26 minutos del aeropuerto internacional Juan Manuel Gálvez, encontramos a Crawfish Rock, en la costa norte de Roatán, Islas de la Bahía, una comunidad habitada por negros de habla inglesa, quienes aseguran estar bajo amenaza por la instalación de la primera Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), llamada Honduras Próspera.
Ignorada durante décadas por el gobierno central, la población se alzó contra la controvertida Ley Orgánica de las ZEDE, exigiendo la derogación de esta y el respeto a su territorio, patrimonio y cultura. Al frente de la resistencia están Luisa Connor y Vanessa Cárdenas Woods, presidenta y vicepresidenta, respectivamente, del patronato de esta comunidad.
A lo largo de cinco generaciones, las familias de ambas han llamado hogar a Crawfish Rock. Connor contó a Criterio.hn que la comunidad se sostiene por el entretejido social producto de décadas de convivencia y que del gobierno lo único que conocen es su abandono y el interés mezquino de instalarles en su territorio una ZEDE.
Crawfish Rock “representa toda mi vida, la de mis hermanos y las de mis padres, aquí nacimos y las ZEDE, sí nos causa preocupación porque nosotros vivimos aquí […] y en la ley de ellos habla de la expropiación. Nosotros seríamos la primera comunidad en despojarnos de nuestros terrenos y eso no lo podemos permitir”, compartió Connor.
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Al preguntarle si estaría dispuesta a vender a los inversionistas respondió: “No hay precio que nos pueda ofrecer por lo que tenemos. Es nuestro patrimonio, nuestra cultura y nosotros lo amamos tal y como está”. Con relación a si siente temor por el posicionamiento que tienen frente a los inversionistas de Honduras Próspera, contesta: “Sí, lo tenemos porque en el mundo en que estamos ahorita no podemos confiar en nadie, pero tampoco eso nos va a parar. Si nosotros morimos en esta lucha, los que siguen continuarán”.
Por su parte, Cárdenas Woods señala que la Ley Orgánica de las ZEDE es injusta. “Para nosotros es una barbaridad y una pena que en Honduras siempre pasa este tipo de cosas. ¿Quién más vendería su territorio? Solo en Honduras. Para nosotros por ser una ley que expropia terreno a otras personas, no tiene sentido. Me van a decir que, a mí, (…) legalmente yo tengo mi terreno y porque ellos lo necesitan lo van a expropiar”, cuestionó la vicepresidenta del patronato de la comunidad, quien agregó “estamos dando tanto privilegio a extranjeros, cuando los hondureños en un país extranjero no tenemos ese apoyo. Ningún otro país va a dar esa oportunidad a un extranjero”.
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AUSENCIA Y ABANDONO DEL GOBIERNO CENTRAL
En Crawfish Rock residen 797 personas (329 menores de 14 años y 468 entre adolescentes y adultos), según recoge el XVII Censo de Población y VI de Vivienda 2013 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que también contabiliza el número de viviendas habitadas en 189. El documento del INE no lo dice, pero sus habitantes, en su mayoría, son afrodescendientes de habla inglesa quienes descienden de esclavos negros traídos por los ingleses a las Islas de la Bahía y otras islas del Caribe, entre el siglo XVIII y XIX.
Su etnicidad cobra especial importancia cuando recordamos que Honduras firmó con Gran Bretaña el tratado de Wyke-Cruz en 1859 y que fue ratificado en 1860, en el cual se reconoció la soberanía de Honduras sobre las Islas de la Bahía y el territorio Mosquito. Mientras que Honduras se comprometió en el primer artículo a respetar la propiedad adquirida por los habitantes de Islas de Bahía. Asimismo, Honduras se obligó a no ceder dichas islas o cualquiera de ellas, o «ninguna parte de dicha soberanía a ninguna Nación o Estado cualquiera».
Este tratado generó interés luego de que salió a la luz pública la instalación de la primera ZEDE en Roatán a mediados de junio. El cónsul honorario de Gran Bretaña en Honduras, Matthew Harper, se refirió sobre el tema e indicó que Honduras mantenía un compromiso mediante tratado de no ceder el territorio y proteger a los residentes. Nueve días después de esa entrevista, Harper renunció como cónsul honorario ante el embajador de Gran Bretaña, Nicholas Whittingham, quien reside en Guatemala.
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Pese a que el tratado sostiene el compromiso por parte de Honduras de brindar a los habitantes tanto de Islas de la Bahía como de la Mosquitia toda la protección necesaria con relación a sus propiedades y el desarrollo de la zona, el descuido del gobierno central está a la vista; el sistema de agua potable y la energía eléctrica están privatizados y el costo de ambos es oneroso, el hospital público sufre abandono, y solo hay cuatro supermercados. Ni siquiera la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro) tiene presencia en la isla.
Para el economista y expresidente del Banco Central de Honduras (BCH), Hugo Noé Pino, las ZEDE son el reconocimiento a la inexistencia de una estrategia de desarrollo. “Cuando usted no tiene claramente hacia dónde quiere llevar el país, puede tomar cualquier cosa que le ofrezcan”, incluso cuando se está “regalando una parte del territorio nacional”, señala.
Asimismo, aclara que contrario a la retórica gubernamental, las ZEDE no son una fuente de desarrollo y agregó que “son una forma de enclaves de la inversión extranjera que no quiere pagar impuestos, que no quiere sujetarse a reglas y de una burocracia gubernamental que no tiene ninguna visión, ni voluntad política de desarrollo”.
Fernán González, residente de Islas de la Bahía y profesor de educación media, afirma que históricamente las Islas de la Bahía y Gracias a Dios, son los departamentos más postergados de Honduras y que si bien en el pasado se podía entender que la distancia era un impedimento, con los avances en medios de transporte aéreos y marítimos, la excusa perdió peso.
En el tema educativo, González apunta que los centros educativos de Islas de la Bahía reflejan el abandono, los textos educativos son escasos, y los laboratorios e implementos deportivos inexistentes. Todo esto contrastando con el incremento de la población y la renuencia del Estado a cumplir con las demandas en temas de vivienda, salud, educación y otros servicios que han ido en incremento debido al alza del turismo en la zona.
Con respecto a las ZEDE, González las calificó “como una bofetada a la dignidad del pueblo hondureño”. Además, cuestionó la necesidad de crear la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico cuando en ese departamento se han creado emporios hoteleros mediante la Ley de la Zona Libre Turística del departamento de Islas de la Bahía, donde si bien reciben grandes beneficios obedecen a las leyes hondureñas. Caso contrario a las ZEDE que actuarán bajo su propia ley.
Al igual que el economista Hugo Noé Pino, González duda de los beneficios económicos que traerán las ZEDE a Honduras, y admitió que, si bien generan un grado de empleo, los niveles de atropello son enormes. “La panacea es decir ‘¡hay empleo!’, sí, pero en condiciones terribles”. Además, añadió que en Honduras hay todo un marco de no apego a la ley, “¿qué nos espera en un nuevo ambiente en unas ciudades modelo que pueden hacer prácticamente lo que quieran?”
A LA SOMBRA DE HONDURAS PRÓSPERA Y LA EXPROPIACIÓN
Para el coordinador de la Federación de Patronatos del Departamento de Islas de la Bahía, Roger Lobo, es inconcebible que cuando se trata de una necesidad pública por parte del pueblo hondureño el gobierno se niegue a expropiar, pero cuando se trata de extranjeros famosos no tiene ningún impedimento para despojar a las comunidades que durante años han vivido en la región.
“No creo que lo veamos justo nosotros como pueblo hondureño que a un extranjero vengan a regalarle la tierra que por ley le pertenece a comunidades nacionales y vengan a querérsela dar a personas extranjeras. […] ¿Por qué no aplican una ley para favorecer al pueblo? y no que las leyes las aplican para bienestar de los extranjeros y no para las necesidades públicas de las comunidades de nuestro pueblo hondureño”, reclamó el dirigente comunitario.
Lobo considera que no hay nada que dialogar, que lo único que queda como pueblo es pelear por los derechos que por ley le corresponde y exigir la derogación de la Ley Orgánica de las ZEDE. Poco o nada cree en que el diputado de Islas de la Bahía y el alcalde de Roatán labren el camino en beneficio del pueblo: “no hicieron nada, en estos ocho años ¿qué pueden hacer ahora? Ellos están involucrados en todo este despilfarro y toda esta injusticia que se está dando en esta tierra, ellos estaban a favor desde el momento en que no quisieron derogar esa ley, entonces ellos estaban favoreciendo a extranjeros para que esta gente fuera expropiada de su propio territorio y no podemos permitirlo”.
El diputado por Islas de la Bahía en el Congreso Nacional es Ron ‘Ronnie’ McNab del Partido Liberal, primo en segundo grado de Duane McNab, quien es miembro del consejo de Honduras Próspera y uno de dos isleños relacionados al proyecto. El otro residente es Tristán Monterroso, pastor, agente inmobiliario y amigo de adolescencia de Erick Brimen, con quien comparte la idea de que el potencial de la isla está siendo frenado por no contar con una infraestructura legal como la de Islas Caimán.
Criterio.hn consultó a la exministra de Justicia y Derechos Humanos y abogada cosntitucionalista, Ana Pineda, sobre las implicaciones constitucionales y comunitarias de la Ley Orgánica de las ZEDE. Pineda inició indicando que “la reforma a la Constitución de la República para adicionar las ZEDE y su organización es otra conculcación a la propia Constitución, que si estuviéramos en un auténtico Estado de Derecho nunca se hubiera hecho o en su defecto se hubiese declarado inconstitucional y consecuentemente derogada”.
Esto debido a que las ZEDE “violentan abiertamente varios preceptos constitucionales inclusive de naturaleza pétrea y establecen una excepción al deber constitucional de hondureños y extranjeros de someterse a la Constitución y las leyes, además de violentar derechos y libertades fundamentales tutelados en Tratados Internacionales”.
En relación con la instalación de las ZEDE en comunidades de los pueblos indígenas o negros o en las proximidades de estas poblaciones, Pineda expresó que representan “un serio problema para el Estado de Honduras, en virtud de que estos pueblos tienen derecho sobre las tierras, territorios, y los recursos naturales, de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT [Organización Internacional del Trabajo]”.
Sumado a esto, Pineda señala como un hecho grave que se faculte a las ZEDE para expropiar todas aquellas tierras de propiedad privada que considere necesarias para el desarrollo o expansión de estos proyectos, bajo la justificación de un justiprecio a su propietario, pero esto se puede convertir en la regla general, en detrimento de los derechos a la tierra y territorios de pobladores de las comunidades en que se asienten las ZEDE.
“Bajo esta atribución, todos aquellos bienes que se consideren necesarios para el desarrollo y expansión de estas zonas serán expropiados y aunque se requiere la aprobación previa del Comité de Adopción de Mejores Prácticas este puede no tener las condiciones de objetividad e imparcialidad que se requieren, por lo tanto, quien se encuentra en desprotección de su derecho es el poblador que es propietario de la tierra”, pormenorizó la exministra en Derechos Humanos.
LOS PLANES DE EXPANSIÓN DE HONDURAS PRÓSPERA
Esta postura es compartida por el investigador, defensor de derechos humanos y miembro del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-Radio Progreso), Pedro Landa, quien opina que la amenaza de la instalación de la ZEDE no solo se cierne sobre la comunidad afrodescendiente de Crawfish Rock sino sobre todo Roatán.
Landa explica que la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico está diseñada para permitir la expansión del territorio cedido, como lo hacen también con las concesiones mineras. “Es como un cáncer que está iniciando por ahí, pero la misma ley le permite ir ampliándose poco a poco”, señaló.
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Esta interpretación podría parecer extremista a muchos, sin embargo, durante una entrevista con una revista local, Erick Brimen, afirmó que ve el proyecto expandiéndose no solo alrededor de Crawfish Rock, Roatán y más allá. “La idea es tener múltiples hubs (centros) pensados en la isla que se anexen voluntariamente”, dijo Brimen a la publicación digital. Actualmente, Próspera cuenta con 58 acres, que incluyen 300 pies de playa, al este de Crawfish Rock. Pero su plan maestro, de acuerdo con Brimen de 750 acres, exige 1,2 kilómetros de playa.
El defensor de Derechos Humanos apuntó que a los pobladores que se encuentren dentro de las zonas concesionadas y bajo el marco legal de las ZEDE’ solo tendrán dos alternativas: “Una es aceptar vivir en esa nueva Zona de Empleo y de Desarrollo bajo las normas que establezca el Consejo de Buenas Prácticas que sería como el Poder Ejecutivo de esa zona; y dos, en caso de que no estén dispuestos a aceptar esas normas entonces se procederá a la expropiación forzosa […] dándoles una indemnización que es lo que decidirán los tribunales que en este caso deberían ser o van a ser los tribunales creados por los mismos inversionistas de esta ciudad modelo en Roatán”.
Esto tiene implicaciones para el Estado de Honduras, la población insular consta de negros de habla inglesa y garífunas, quienes están amparados bajo el Convenio 169 de la OIT de los Pueblos indígenas y la Declaración Americana de los Pueblos indígenas de las Naciones Unidas. Landa señala que Honduras “se vuelve una vez más violador de las convenciones internacionales y de los derechos de la población que está obligado a garantizar y defender”. Esta agresión al principio de convencionalidad no inicia con la imposición de la primera ZEDE en Honduras, sino también por la creación y vigencia de la Ley Orgánica de la Zona de Empleo y Desarrollo Económico.
UN ESTADO DENTRO DE OTRO ESTADO
Mediante el artículo 19 de la Ley Orgánica de las ZEDE se entrega independencia a los órganos jurisdiccionales (Tribunales), así como inmunidad a quienes realicen dicha labor. Al respecto, la abogada Ana Pineda expone que quienes plantean que las ZEDE son un Estado dentro del Estado de Honduras no exageran pues se están creando fueros especiales.
La abogada indicó que ese artículo refiere que quienes realicen la labor como jueces o magistrados gozarán de la prerrogativa de inmunidad, consecuentemente, gozarán del privilegio de que no se les podrá deducir responsabilidad alguna mientras estén en funciones. Esto se relaciona, con la capacidad de establecer su propio sistema de justicia, donde no solo se nombrarán a las y los jueces y magistrados, sino también a la policía de investigación criminal, de inteligencia, de persecución penal, y sistema penitenciario.
Profundizó en el tema y señaló que “en otras palabras, las funciones que hoy tienen encomendadas, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, la Policía Nacional, la Dirección Policial de Investigación y el Instituto Nacional Penitenciario serán asumidas por los nuevos entes de administración de justicia, así que las estructuras de impunidad que hoy prevalecen en el país podrían verse fortalecidas con las ZEDE, principalmente las del crimen organizado y narcoactividad, sobre todo considerando que el artículo 31 de la Ley, garantiza la libre entrada de naves aéreas o marítimas a las ZEDE y que la regulación y control de puertos y aeropuertos estará bajo responsabilidad de las mismas ZEDE”.
¿CÓMO SE ESTABLECIERON LAS ZEDE?
El camino para el establecimiento de lo que hoy conocemos como las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) inició en 2010 con la promoción de las “Ciudades Modelos” por parte del gobierno de Porfirio Lobo, como lo apunta el Análisis Político-Jurídico de la Legislación de las ZEDE del abogado Fernando García Rodríguez.
Para el 2011, Porfirio Lobo desde el Poder Ejecutivo y Juan Hernández desde el Poder Legislativo, iniciaron un juego de ajedrez para intentar desviar el velo de inconstitucionalidad que persigue al proyecto desde que se llamaba Redes Especiales de Desarrollo (RED). Llegando incluso a reformar artículos de la Constitución de la República para obtener la aprobación de la ley que regularía las RED. Sin embargo, miembros de la sociedad civil presentaron demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Para el 2 de octubre de 2012, la Sala de lo Constitucional de la CSJ determinó por mayoría de votos declarar inconstitucional el proyecto de las RED. Los magistrados José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Edith María López y Gustavo Enrique Bustillo Palma, votaron a favor del recurso de inconstitucionalidad, no así Óscar Fernando Chinchilla, actual Fiscal General de la República, quien votó en contra.
Debido a que no se logró la unanimidad de votos en la Sala de lo Constitucional, el caso pasó al pleno de la CSJ donde el fallo de inconstitucionalidad de las RED fue ratificado el 12 de octubre de 2012. Nuevamente Chinchilla fue el voto contrario. Exactamente dos meses después, el 12 de diciembre de 2012, luego de una estira y encoge entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, el Poder Legislativo, liderado por Juan Hernández, defenestró a los magistrados José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Edith María López y Gustavo Enrique Bustillo Palma. Sobreviviendo al remezón únicamente Óscar Fernando Chinchilla, quien se mostró a favor no solamente de las RED sino también de otros proyectos que la CSJ consideraba inconstitucionales.
Es importante resaltar que Chinchilla acompañó a Porfirio Lobo, Juan Hernández, Mario Canahuati, Ricardo Álvarez y Rigoberto Chang Castillo, entre otros, al viaje de promoción de las ciudades modelo organizado desde el Poder Ejecutivo a Corea del Sur, Singapur y Kuwait en febrero de 2011. Tras finalizar su paso como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Chinchilla se ha desempeñado como fiscal general del Ministerio Público por dos términos, una acción que es señalada como ilegal por estudiosos del derecho.
Del 12 de diciembre de 2012 al 23 de enero de 2013, el Congreso Nacional hizo gala de velocidad para legislar y aprobó nuevas reformas constitucionales que “viabilizaron” la promoción y la instalación de las ZEDE, abrogándose facultades constituyentes y dispensado dos de los tres debates obligatorios de ley. Para el 6 de septiembre de ese mismo año, se publicó en el diario oficial La Gaceta la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
El proyecto quedó en suspenso en parte por el rechazo que generó en la población, sin embargo, las piezas nunca dejaron de moverse y para agosto del 2018, días después de la visita del presidente Juan Hernández a Crawfish Rock, se inscribió en Delaware la Sociedad para el Desarrollo Socioeconómico de Honduras, LLC, ahora conocido como Honduras Próspera. En el camino, el gobierno perdió al principal promotor de las ciudades modelos y la RED: el profesor de Economía de la Universidad de Nueva York, Paul Romer, quien en 2015 se refirió al tema y criticó el autoritarismo de la reducida élite que controla Honduras.
¿QUÉ SIGUE PARA CRAWFISH ROCK?
La abogada Ana Pineda apuntó en su entrevista que este tipo de proyectos ejecutados en un pueblo originario o sus cercanías produce un daño significativo en la vida de sus pobladores y la transformación de su propio hábitat con la “agravante de que luego sus recursos son explotados mercantilmente en detrimento de sus propios derechos”.
Es importante anotar que Honduras Próspera ya explota mercantilmente parte de los recursos naturales. Para el caso, desde septiembre del año pasado está vendiendo el agua a la población de Crawfish Rock a un costo de 300 lempiras mensuales y 800 lempiras por la conexión. Desde el inicio de la pandemia en marzo, la compañía suspendió el cobro, pero en octubre los pobladores fueron informados que nuevamente se retomaría.
Inicialmente la población se abastecía por medio de un pozo comunitario que fue construido con el apoyo de una lideresa descendiente de Crawfish Rock, pagando 200 lempiras mensuales por la distribución. Sin embargo, problemas económicos provocaron que el servicio fuese suspendido a toda la población y que tuviesen que recurrir al servicio brindado por Honduras Próspera.
Erick Brimen durante su entrevista con la publicación Econ Américas admitió que estaba en marcha una “iniciativa comunitaria” con el financiamiento de Próspera para la distribución de agua, pero vendió la idea como si se tratase de un proyecto dirigido desde la comunidad, cuando su propio rótulo a la entrada del perímetro de la ZEDE promociona que el proyecto es de Honduras Próspera.
Contra viento y marea, Luisa Connor y Vanessa Cárdenas Wood prometen seguir luchando por su comunidad y afirman que ya hicieron gestiones para la reconexión del servicio de agua desde el pozo comunitario. “Nosotras estamos luchando por mantener este pedacito de comunidad donde vivimos. Nuestro grupo étnico [negros de habla inglesa], los nativos de aquí lo queremos mantener”, aseguró Cárdenas Woods a Criterio.hn.
“Aquí vivimos una vida bien humilde, tranquila, relajada. Ustedes pueden ver, la comunidad es bien tranquila. Tenemos una infraestructura educativa de kinder hasta sexto grado. Es una escuela bidocente y multigrado”, nos relató Vanessa, quien además refirió que la comunidad vive de la pesca, la carpintería y quienes cuentan con profesiones trabajan en los alrededores.
Criterio.hn solicitó entrevistar en varias ocasiones al director ejecutivo de Honduras Próspera, Erick Brimen, pero no accedió. Por su parte, la vicepresidenta del patronato compartió que las explicaciones de Brimen, no le convencen. “Yo le dije a él: yo entiendo su posición como inversionista, ahora entiéndame mi posición como hondureña, como nativa. […] Ya he mirado todas las acciones que ha llevado hasta ahorita y no me convence que nos va a servir”, concluyó.
Mientras los pobladores de Crawfish Rock y Roatán luchan por resistir la amenaza que implica Honduras Próspera y su expansión a lo largo de la isla, Erick Brimen ya sueña con la ampliación en un máximo de tres años del proyecto ZEDE Próspera al territorio continental de Honduras. Durante una entrevista para el podcast del Charter Cities Institute, dijo que: “Si bien nos enfocamos principalmente en Roatán, también tenemos un centro que está en proceso, justo al otro lado del agua en una ciudad llamada La Ceiba, al este de ella” y los planes no terminan ahí, proyecta desde ya la apertura de dos centros más en poblaciones aún no reveladas.
