Tegucigalpa. – Sin medidas concretas para salvaguardar su seguridad continúan las personas defensoras del ambiente en Tocoa, Colón, en el norte de Honduras, tras el asesinato de Juan López y a casi un año de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitiera medidas cautelares en su favor.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos urgió a las autoridades hondureñas cumplir con la implementación efectiva de la medida cautelar 137-23 emitida por la CIDH en favor de 30 integrantes del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT).
Mediante una carta dirigida a la presidenta Xiomara Castro y otros funcionarios, el Observatorio exhortó al Estado hondureño a la adopción inmediata de medidas que garanticen la seguridad física y psicológica de las personas defensoras del municipio de Tocoa, entre estas los integrantes del CMDBCPT y sus familiares.
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También pidió “una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial, y en coordinación con el CMDBCPT” con el objetivo de identificar a los responsables –materiales e intelectuales– del asesinato de Juan López, líder ambiental y regidor de Tocoa.
El Observatorio, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), solicitó a las autoridades hondureñas a poner fin a las amenazas, agresiones y actos de hostigamiento y criminalización.
Cinco días después del asesinato de Juan López, la Corte de Apelaciones de La Ceiba notificó la anulación del fallo de sobreseimiento definitivo en favor de López, Carlos Leonel George George, Reynaldo Domínguez Ramos, José Adalí Cedillo Mendoza y Marco Tulio.
La presión nacional e internacional exigiendo justicia por el asesinato de Juan López se incrementa. A nueve días del crimen, el Copinh junto a liderazgos del Bajo Aguán, exigieron justicia para Juan López y Berta Cáceres.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos también requirió al Estado la implementación del decreto 18-2024, mediante el cual se prohíbe la explotación minera en reservas naturales.
El Parque Nacional Carlos Escaleras fue concesionado para la extracción y procesamiento de óxido de hierro a las empresas Inversiones Los Pinares e Inversiones Ecotek, ambas del Grupo Emco Holding, presidido por Lenir Pérez.
Las personas defensoras, entre ellas Juan López, desde el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa se enfrentaron al megaproyecto minero, lo que resultó en la persecución, estigmatización, criminalización, privación de libertad y asesinato de sus integrantes.
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Además de Juan López, en 2023 fueron asesinados –siempre en Tocoa, los defensores Alí Domínguez, junto Jairo Bonilla, y Oquelí Domínguez. Tanto Alí como Oquelí eran hermanos de Reynaldo Domínguez, presidente de la junta de agua en Guapinol, comunidad de Tocoa, y miembro de la CMDBCPT.
Tras los crímenes contra los hermanos Domínguez, en hechos diferentes, su familia fue desplazada de forma forzada de su comunidad a causa del riesgo que corrían por la labor de defensoría del agua que desarrollan sus integrantes. A más de un año de los crímenes, las autoridades siguen sin presentar avances u hallazgos sobre la investigación a la población.
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