La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exige justicia y protección para los defensores de derechos humanos tras el crimen de Juan López, líder comprometido con la defensa del medio ambiente
La CIDH insta al Estado hondureño a investigar de manera efectiva el crimen del defensor ambiental, resaltando la creciente violencia contra quienes luchan por la protección del medio ambiente y los derechos humanos en el país.
Tegucigalpa, Honduras. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) han expresado su enérgica condena por el asesinato del defensor ambiental Juan López, ocurrido el 14 de septiembre en Tocoa, departamento de Colón.
Este trágico hecho pone de relieve la creciente violencia contra los defensores de derechos humanos en Honduras y la urgente necesidad de una investigación exhaustiva.
En ese sentido, la CIDH y REDESCA han instaron al Estado hondureño a llevar a cabo una investigación «pronta y diligente» que considere la labor de López como posible móvil del crimen.
La CIDH y REDESCA han hecho un llamado urgente al Estado hondureño para que cumpla de manera integral con las medidas cautelares otorgadas a los miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, mismas que fueron otorgadas en octubre de 2023.
Este cumplimiento es crucial para salvaguardar la vida y la integridad personal de los miembros del CMDBCT, así como de otros defensores de derechos humanos que podrían encontrarse en situaciones de riesgo.
La implementación efectiva de estas medidas no sólo es una obligación legal, sino también un imperativo moral que busca garantizar un entorno seguro para quienes luchan por la protección del medio ambiente y los derechos fundamentales en Honduras.
Asesinato de Juan López reafirma falencias del sistema de protección para defensores en Honduras
CIDH RECUERDA COMPROMISO ADQUIRIDO DEL ESTADO DE HONDURAS
De manera puntual, la CIDH recalcó el compromiso adquirido por el Estado de Honduras en el cumplimiento de las medidas cautelares para el CMDBCT, mismas que hasta la fecha no han sido cumplidas.
A pesar de que el Estado hondureño manifestó su reconocimiento a la lucha histórica y los desafíos que enfrentan los defensores de derechos humanos, la realidad demuestra un incumplimiento alarmante de las medidas cautelares otorgadas al Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.
Aunque se ha declarado un compromiso con el fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Protección, las acciones concretas han sido insuficientes, dejando a los defensores vulnerables ante un contexto de creciente violencia e impunidad. Este desajuste entre las promesas y la realidad pone en entredicho la credibilidad del Estado en su capacidad para garantizar la seguridad y protección de quienes arriesgan sus vidas por la defensa del medio ambiente y los derechos fundamentales.
Además, el Estado ha señalado su disposición para llevar a cabo investigaciones efectivas sobre los crímenes cometidos contra los defensores, incluyendo el asesinato de Juan López. Sin embargo, hasta el momento, no se han visto resultados tangibles que respalden estas afirmaciones.
A pesar de estas demandas, el director de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar Godoy, descartó la necesidad de intervención internacional –como lo han solicitado defensores de derechos humanos para garantizar que el asesinato de Juan López no quede en la impunidad—— lo que ha suscitado preocupaciones sobre la capacidad del sistema judicial hondureño para manejar el caso con imparcialidad.
Por último, la Comisión y REDESCA han instado al Estado hondureño a acelerar la implementación de las recomendaciones del informe de país de 2023, subrayando la necesidad de garantizar un funcionamiento efectivo del mecanismo nacional de protección destinado a salvaguardar a defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadoras sociales y operadoras de justicia.
Pese a las declaraciones de apertura por parte del Estado para colaborar con la CIDH en la mejora de la situación de derechos humanos, la falta de acciones concretas y resultados visibles ha generado escepticismo sobre su compromiso real.
Entre tanto, la disposición de la Comisión para ofrecer asistencia y cooperación técnica es un recurso valioso, pero su efectividad dependerá de la voluntad política del Estado para abordar los desafíos identificados y cumplir con sus obligaciones internacionales. Fundamental para restaurar la confianza en las instituciones y garantizar un entorno seguro para quienes defienden los derechos fundamentales en Honduras.
Juan López: su asesinato expone la protección partidaria que amenaza a los defensores en Honduras
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Juan López fue asesinado a tiros en un contexto marcado por amenazas y hostigamientos previos a su muerte. Era beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH en 2023, las cuales buscaban protegerlo debido a su labor en defensa del medio ambiente y los derechos humanos.
López era coordinador del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, una organización que ha enfrentado constantes agresiones y amenazas por su trabajo en la protección del Parque Nacional Carlos Escaleras y los ríos Guapinol y San Pedro, que han sido explotadas por concesiones mineras dadas de manera ilegal.
La CIDH ha documentado un alarmante patrón de violencia contra defensores ambientales en Honduras, señalando que en 2023 se registraron cinco asesinatos de este tipo, cuatro de ellos en el mismo departamento donde fue asesinado López. Este contexto refleja un entorno hostil para quienes luchan por la justicia social y ambiental.
El asesinato del ambientalista y defensor de derechos humanos, Juan López no sólo representa una pérdida irreparable para su comunidad y el país, sino también un llamado urgente para frenar la violencia sistemática contra quienes luchan por un futuro más justo y sostenible en Honduras.
Según Global Witness, entre 2012 y 2022, Honduras reportó al menos 131 asesinatos de defensores de la tierra y el medio ambiente. De estos, 70 ocurrieron después del asesinato de Bertha Cáceres en marzo de 2016.
