La hipocresía de la comunidad internacional ante las violaciones a los DD.HH. y los abusos del gobierno de Honduras

Por: Redacción CRITERIO

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(Foto destacada: Whitney Godoy)

Tegucigalpa.-En los últimos meses hemos visto una infinidad de comunicados de los organismos internacionales condenando la violación de los derechos humanos en Honduras, pero todo esto no ha pasado más que a tibias advertencias, mientras el financiamiento sigue fluyendo a cascadas para el gobierno.

La comunidad internacional se reúne constantemente con las autoridades del gobierno para continuar con los programas y proyectos.

En los dos últimos exámenes del Comité para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Estado hondureño ha sido condenado por las constantes violaciones a los derechos humanos. Se han emitido resúmenes de los mismos, mediante los cuales se condena la militarización de la sociedad, los ataques a los defensores de los derechos humanos y de medio ambiente y a los periodistas, la concesión de los recursos naturales para impulsar proyectos mineros e hidroeléctricos sin la aplicación de la consulta previa que establece el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En las conclusiones del segundo informe periódico de Honduras, publicado el 27 de julio pasado, el Comité plasmó su preocupación ante la pretendida reelección del presidente, Juan Hernández, al considerar que está al margen de la Carta Magna.

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Actualmente hasta la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) se ha pronunciado, especialmente en torno al conflicto en la  Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y a las violaciones cometidas por parte de las autoridades en contra de los estudiantes, que desde mayo pasado se encuentran en protestas.

La OACNUDH se ha pronunciado además en el conflicto de la comunidad de Pajuiles en el municipio de Tela, departamento de Atlántida, donde un fuerte sector de sus habitantes se opone al desarrollo de un proyecto hidroeléctrico, razón por la cual han sido salvajemente golpeados y encarcelados., incluyendo a una mujer en estado de gestación.

Sólo para situar las violaciones citamos también el conflicto en Zacate Grande, ubicado en la isla de Amapala en la zona sur, donde varios campesinos han sido encarcelados, acusados por el delito de usurpación, al tomar posesión de tierras que ahora están en poder de grandes terratenientes y empresarios, como es el caso de la familia del ya fallecido Miguel Facussé Barjum.

A pesar de todo, los proyectos mineros e hidroeléctricos continúan desarrollándose y provocando conflictos en los pueblos que se oponen a las concesiones de sus ríos y minas y a la voracidad de empresas nacionales y extranjeras, quienes mediante contactos y confabulación con la clase gobernante logran sus propósitos, violentando las normas del medio ambiente y lo referente a la consulta previa.

Uno de los proyectos que más conflictos ha generado es el de Agua Zarca, ejecutado por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) sobre el río Gualcarque, ubicado en territorio lenca en la zona occidental y que desembocó en el crimen de la lideresa indígena y ambientalista, Berta Cáceres.

Pese que Agua Zarca ha generado diversas reacciones a nivel mundial y los dos bancos de desarrollos europeos que lo financiaban, FinnFund (Finlandia) y el FMO (Holanda), anunciaron en julio pasado que se retiran oficialmente del proyecto, en Honduras todo continúa normal, pues su licenciamiento, que dicho sea de paso se otorgó de manera irregular, aún sigue vigente.

El 13 de julio pasado, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) anunció que investigará las denuncias de corrupción, presentadas en su momento, por la extinta ambientalista y lideresa indígena, Berta Cáceres, sobre el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

El anunció de la Misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) provocó bélicas reacciones de los sectores aludidos e incluso hasta el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) emitió un comunicado pidiéndole que se sujetara al convenio firmado con el gobierno.

Los cooperantes son de doble moral: Wilmer Vásquez

El defensor de los derechos humanos, Wilmer Vásquez, manifestó ante CRITERIO que con el paso de los años se ha ido experimentando la doble moral que existe en el apoyo de la comunidad internacional hacia países como Honduras.

                                 Wilmer Vásquez, defensor de los derechos humanos.

“En un principio ellos cumplen con una función que tienen encomendada, pero uno se pregunta, si las y los hondureños somos personas de importancia para estas instancias internacionales, o solamente lo hacen para poder cumplir con un requisito en el marco de convenios que tienen con los Estados”, expresó.

El titular de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes y sus Derechos (Coiproden) apuntó que sin duda alguna la comunidad cooperante apoya a Honduras no porque “sean buena gente”, sino porque  “lo que hay son intereses transnacionales que tienen que ver, precisamente con la explotación de recursos naturales o de otro tipo de negocios”.

Ahondó que los cooperantes hacen aportes a naciones pobres para reducir o dejar de pagar los impuestos en sus países, “porque les resulta más barato beneficiar organizaciones o estados que pagar de manera directa los impuestos”.

Desmilitarización…

En mayo de 2006, el vicepresidente de los Estados Unidos en aquel entonces, Joe Biden,  reconoció que si bien se habían hecho ciertos avances en los países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Honduras y Guatemala) existe la necesidad de fortalecer la economía, profesionalizar la policía y reducir el rol del ejército en la vigilancia interna.

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Al igual que el exvicepresidente estadounidense, varios congresistas entre ellos demócratas y republicanos, han continuado exigiendo la desmilitarización de Honduras.

Consultado sobre las posturas de los congresistas, Vásquez, dijo que este caso es un ejemplo real  de la doble moral, ya que su interés no es el pueblo hondureño sino la ubicación geopolítica de Honduras, porque somos el centro de América y tenemos conexión con ambos mares y porque en nuestro territorio se encuentra una de sus cuatro bases más importantes desde donde se pueden generar muchas acciones estratégicas del gobierno estadounidense hacia otras naciones de América Latina.

A juicio de Vásquez, el discurso de la desmilitarización es una contradicción porque los convenios pasan por mantener la militarización y sus bases aéreas e inclusos que éstas sean más grandes, de hecho se conoce que existen otras bases clandestinas de los Estados Unidos ubicadas en diferentes partes del territorio hondureño.

Agregó que en la medida que un gobierno satisfaga los intereses de los Estados Unidos, “en esa misma medida van a sostener estas estructuras, así sepan que son gobiernos corruptos, gobiernos criminales o que el Estado se encuentre en una situación de un Estado fallido”.

Reducción de penas para los corruptos y ley mordaza

En el marco de los abuso, de la presente administración, se encuentra además la reciente reducción de penas para los delitos relacionados a la corrupción, las que habían sido aprobadas en el marco de la discusión del nuevo Código Penal.

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De manera maliciosa, el  oficialismo en el Congreso Nacional, mediante una reconsideración al acta legislativa, redujo las penas para los delitos de malversación de caudales públicos e enriquecimiento ilícito.

“Ley mordaza”

En Honduras se bautizó como “ley mordaza” a la aprobación del artículo 335B del Código Penal, que establece penas que van de cuatro a ocho años de reclusión a quienes incurren en el delito de terrorismo, haciendo uso de los medios de comunicación y difusión.

En ese mismo paquete, se aprobó además en el mes de febrero, el delito de terrorismo, que estipula cárcel para los ciudadanos que hagan uso del derecho a la protesta social, garantizado en la Constitución de la República y convenios internacionales.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUD) consideró en aquel momento que el paquete de reformas que conforman la Ley para el Fortalecimiento y Efectividad de la Política de Seguridad, atentaba contra los derechos fundamentales porque tipifica de manera errónea el delito de terrorismo.

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La elaboración del nuevo Código Penal hondureño contó con el aval de la Cooperación Española, por lo que muchos sectores consideran que España ha sido facilitador para que ahora las violaciones a los derechos humanos y la corrupción, sean legales.

El acompañamiento de la comunidad internacional sobre prácticas lesivas a los derechos de los ciudadanos y en fomento de la corrupción, deja un mal sabor de boca y contrasta con los discursos, alertas y comunicados de prensa, donde se condenan estas situaciones.

La comunidad internacional prefiere mantener una relación cordial con el gobierno a exigir rendición de cuentas: Raúl Pineda Alvarado, analista político.

A criterio del analista político, Raúl Pineda Alvarado, existe poco interés de los organismos internacionales sobre el uso de los fondos que ellos mismos han colocado a costillas de sus propios ciudadanos.

                                                       Raúl Pineda Alvarado, analista político.

Añadió que la situación se da porque el pueblo hondureño es muy cómodo y perezoso, que prefiere adoptar una aptitud de contemplación frente al atropello, al no demandar y presionar para que la ayuda internacional no se vaya para violentar los derechos humanos y fomentar la corrupción.

La aptitud complaciente de la  sociedad hondureño, es lo que permite, según el analista político,  que las naciones no envíen a las  personas más rigurosas y calificadas, quienes al final son absorbidas por el ambiente, se vuelven tolerantes y a veces hasta cómplices de los malos manejos de los fondos.

Pineda Alvarado dijo además que la comunidad internacional prefiere una relación cordial con el gobierno a establecer una auditoría o rendición de cuentas que beneficie a la población.

En resumen, estas  agrupaciones extranjeras prefieren mantener una buena relación de comunicación y relación con los que violentan los derechos humanos, estimulan la corrupción y desconocen los mismos derechos que los mismos estados proclaman.

Lo expresado por el analista político Raúl Pineda Alvarado, corrobora una vez más la percepción de muchos hondureños y de algunos sectores de la comunidad internacional, que ya no confían en el doble discurso, ya que por un lado se condena los abusos y la corrupción del gobierno hondureño y por el otro lado, la cooperación financiera continúa de la misma manera e incluso se ha incrementado.

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Uno de esos ejemplos son los fondos provenientes del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, desembolsados a finales de enero por  el gobierno de los Estados Unidos, precisamente a pocos días que la ONG internacional Global Witness, denunciara que una élite política y empresarial, ha provocado hasta muertes en las comunidades donde se han instalado de manera ilegal, proyectos mineros e hidroeléctricos.

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