El Congreso y la corrupción

Por: Edmundo Orellana

Es una constante histórica. Desde conciencias hasta leyes, pasando por contratos y nombramientos. Todo tiene su precio en el seno del Congreso Nacional. Hasta hubo un Secretario a quien apodaban “caseta de peaje”. ¿Por qué sería? Ponga a funcionar su imaginación el distinguido lector.

En este Congreso ocurrió algo inédito. Se compraron votos antes de instalarse. Con la elección de la Junta Directiva, ciertamente, algunos diputados, con su voto complaciente, resolvieron sus problemas presentes y futuros. Luego vino la elección del Fiscal General y de los Magistrados de la Corte Suprema. Algunos se van con los bolsillos llenos, aunque no regresen más.

En el inmediato pasado, la oposición consintió otorgarle al Presidente funciones dictatoriales de las que hoy disfruta para asegurar su continuismo. No hubo evidencia de compra de votos, pero sí de conciencias.

En el pasado remoto, contribuyeron a resolverle el problema a los corruptos. Emitieron un decreto por el cual se autorizaba a los jueces a sobreseer causas criminales para eliminar la mora judicial y dar paso al nuevo Código Procesal Penal. Entre estos casos, se sobreseyeron casos de corrupción sonadísimos, como los de un expresidente de la República y de otros altos funcionarios. Con esta decisión también les resolvieron el problema a los violadores de los derechos humanos en la década de los ochenta que habían sido procesados, algunos de los que, gozando de esta decisión, aparecen hoy como políticos, expertos en seguridad o bien como ejemplares “oficiales retirados”. No fue una decisión inocente, de los diputados. Sabían, al menos los más ilustrados, las consecuencias de esa decisión. Como no podían sobreseerlos por las contundentes pruebas presentadas, decidieron hacerlo sin necesidad de calificar las imputaciones.

Hubo iniciativas con apariencia de necesarias y hasta convenientes, pero cuyos efectos favorecían a imputados criminalmente. Los argumentos esgrimidos fueron convincentes, pero de efectos devastadores para la justicia criminal. Ese fue el caso de la desaparición del delito financiero por aproximadamente cuatro meses del ordenamiento jurídico, con el argumento de que los delitos contenidos en la Ley de Instituciones  del  Sistema  Financiero (que sería sustituida por la Ley del Sistema Financiero, aún vigente)  serían ubicados, vía la reforma respectiva, en el Código Penal, para sistematizar la tipología de los delitos y de las penas en un solo texto legal. Argumento correcto. Solamente que entre la derogatoria de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero y la reforma del Código Penal, transcurrieron aproximadamente cuatro meses, lapso en el cual desapareció el delito financiero. Si no hay delito, no hay pena. Así que todos los imputados por delitos financieros fueron sobreseídos. Extraordinaria artimaña urdida para favorecer a los acusados de esos delitos.

Hoy la denuncia es que se redujeron las penas para los delitos de corrupción. Comportamiento que responde al patrón conductual que históricamente el Congreso Nacional ha mostrado. La diferencia es que, de ser cierta la denuncia, ya no les importa actuar con torpeza. En el pasado, al menos, eran elegantes e inteligentes para hacer las cosas. Las hacían aparecer necesarias y hasta convenientes. Ahora actúan con un cinismo sin parangón.

Cada vez son peores y más burdos los ejemplos de corrupción desde el Congreso Nacional. De ahí que obligatoriamente nos preguntemos: Y el próximo Congreso ¿Cómo será?

7 comentarios sobre “El Congreso y la corrupción

  • Leo Diaz
    el agosto 16, 2017 a las 4:35 am
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    Hay que votar a ganar el congreso para poder revertir lo que han hecho estos delincuentes y la única opción es la alianza

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  • Maria Diaz
    el agosto 15, 2017 a las 9:21 pm
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    Que triste, parece que el gobierno no representa al pueblo Hondureño. El congreso solo sirve para hacer ricos a los políticos deshonestos que saben engañar a los ciudadanos ignorantes. Que pena!

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  • Humberto Gonzalez
    el agosto 15, 2017 a las 10:10 am
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    El servidor público que se apropie de 1,000, 10,000 o 1,000,000 simple y llanamente es un corrupto, un delincuente y como tal debe ser juzgado. Graduar las penas es ser permisivo y restarle rigurosidad a los castigos que impone la ley. Las penas más que disuasivas deben ser ejemplarizantes. Vivimos en un país en el que pululan por todos lados los corruptos y corruptores y el código penal debe ser un ejemplo de combate frontal contra la corrupción. La MACCIH debe incorporarse al debate para mejorar los castigos.

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