Juzgado de Tela impone medidas desproporcionadas a pobladores de Pajuiles, Tela

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- Los pobladores de Pajuiles imputados por HIDROCEP deberán presentarse al juzgado a firmar una vez cada semana y además se les prohibió la salida del país y la concurrencia a actos públicos en la entrada de la comunidad.

“Todas estas medidas son desproporcionales ante la presentación voluntaria que desmarca cualquier posibilidad de obstruir prueba a efectos del proceso penal”, indicó el abogado Víctor Fernández, del equipo legal del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)

Son siete las personas fiscalmente requeridas  en el Sector Pajuiles de Tela, Atlántida, quienes están acusados del delito de USURPACIÓN por detentación de espacios públicos en perjuicio del Estado de Honduras y de la empresa hidroeléctrica HIDROCEP.

Los siete se han presentado voluntariamente ante el juzgado competente de Tela esta mañana, teniendo por apoderados a dos abogados del equipo legal del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)

Ellos son: Santos Murcia, Germán Moreno, Pablo Peraza, Regino Menjivar, Rufino Lara, Andrés Alvarado y Jesús Navarrete, quienes se enteraron del proceso penal instruido en su contra luego que ayer, el abogado Ariel Madrid, coordinador del Área de asuntos jurídicos y de Derechos Humanos del MADJ,  realizara la respectiva revisión del expediente de la causa en el marco de las gestiones por la libertad de Óscar Martínez, Angélica Recinos, Arnaldo y Orlando Castro, quienes fueron detenidos en horas de la mañana de ayer por la policía nacional y finalmente puestos en libertad luego de la audiencia de declaración de imputados evacuada en las primeras horas de la noche. 

   Óscar Martínez, Arnaldo Castro  y Orlando Castro

Luego de conocer de la imputación de cargos en su contra, los 7 integrantes de la comunidad del Sector Pajuiles, integrantes del Movimiento Amplio y del Campamento Digno por el Agua y por la Vida asistieron este día al juzgado de Tela a presentar escrito otorgando poder a los abogados Víctor Fernández y Ariel Madrid y procediendo en el mismo acto a realizar su presentación voluntaria.

Como consecuencia de esto se llevó a cabo la audiencia de declaración de imputados donde, el Ministerio Público se abstuvo de solicitar prisión como medida, pero solicitó al juzgado la imposición de medidas cautelares como ser la presentación a firmar al juzgado 2 veces por semana, prohibición de salir del país y prohibición de concurrir a actos públicos en el área detentada, a lo que el juzgado resolvió favorablemente. 

Sin embargo, los abogados Fernández y Madrid apoderados legales de los habitantes de Pajuiles e integrantes del MADJ interpusieron un recurso de reposición argumentando que la medida de no concurrir a actos en el área detentada implicaba la violación del estado de inocencia ya que incurría en un pre juzgamiento al definir esa área como detentada sin que el delito haya sido debidamente probado.

En cuanto a las otras medidas, alegaron que estas eran desproporcionales y faltas de idoneidad,  ya que se trata de hombres de zonas rurales, en edad adulta que no tienen posibilidades económicas de pensar si quiera en salir de forma pronta del país.

                                Angélica Recinos detenida en la policía de Tela

 La defensa ejercida por el equipo legal del Movimiento Amplio fue incisiva en cuanto a la violación de garantías constitucionales que representa la prohibición de concurrir o asistir a manifestaciones públicas y/o como lo manifestó el juzgado de forma concreta, de participar en actos públicos realizados en la zona “detentada” es decir donde han permanecido instalados los campamentos dignos por el agua y por la vida por más de 140 días. 

Argumentaron que es fácil interpretar la finalidad de dicha medida como una figura desmovilizadora de las actividades que los líderes comunitarios criminilizados ejercen dentro de las luchas de sus comunidades.

 Pero, a pesar de todos los argumentos dilucidados el juzgado resolvió fijar como medidas la presentación a firmar 1 vez por semana, prohibición de salir del país, prohibición de concurrir a manifestaciones o actos públicos en la entrada del Sector Pajuiles (donde se encuentran los campamentos), medidas que serán también aplicadas a las cuatro personas detenidas el día de ayer y se fijó audiencia inicial para el próximo 24 de agosto de 2017.

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