Presentan requerimiento fiscal contra exfiscal general adjunto, Yuri Melara y 14 personas más

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-El Ministerio Público presentó este viernes requerimiento fiscal contra el exfiscal general adjunto, Yuri Melara Berlioz, por el delito de falsificación de documentos públicos. La acción se presentó por su ejercicio profesional como abogado.

Melara Berlioz, de reconocida trayectoria en el Partido Liberal, fue juez, fiscal general adjunto y  presidente del Colegio de Abogados de Honduras. En 2005, y antes de cumplir un año en el cargo de fiscal general adjunto, la embajada de los EE.UU. lo despojó  de su  visa por corrupción.

En esta oportunidad su nombre volvió a salir a la palestra pública, mediante un comunicado del Ministerio Público, el cual señala que Melara Berlioz participó en la constitución fraudulenta de bienes inmuebles.

Tras una investigación de cinco años, la Fiscalía Especial Contra los Delitos Comunes (FEDCOM), presentó requerimiento fiscal contra 15 personas de las cuales ocho fueron acusadas por el delito de falsificación de documentos públicos y siete por estafa continuada, informó el Ministerio Público.

De acuerdo a la relación de hechos un grupo de herederos de la Familia Velasco miembros de una empresa comenzaron a falsificar documentos con el fin de traspasar propiedades a nombre de otras personas las cuales fueron inscritas en el Instituto de la Propiedad. 

Entre las personas acusadas en el requerimiento fiscal por el delito de falsificación de documentos públicos se encuentran los profesionales del derecho, Guillermo Thuman Conde (61), hermano de la comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), José Dolores Cantarero Bonilla (62) y Yuri Melara Berlíoz (51).

Asimismo los supuestos autores materiales del delito de estafa continuada, los ciudadanos Roberto Padilla Velasco (49), Carlos Vallejo Cerrato (51), Feryd  Basha Sahury (37), Maximiliano García Ferrufino (52), Carlos González Montes (52), Sergio Banegas Pineda (44) y Claudia García Mairena (32). La acción de los antes descritos se cometió en contra de Karla Velasco Esteves, José Velasco Romero, Carlos Velasco Romero y Manuel Velasco Romero.

Producto de la investigación realizada por la ex Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), se logró constatar que el 8 de enero de 1997, Guillermo Velasco Laínez, Fernando Velasco Laínez, Carlos Velasco Láinez y María Isabel Velasco Laínez formaron la sociedad Corporación Hondureña de Inversiones y Alquileres, S de R.L. (Cohinsa), en aras de administrar bienes inmuebles y negocios de la familia Velasco.

En septiembre de 2010, Carlos Velasco Laínez, vía correo electrónico puso en conocimiento a sus familiares que Roberto Padilla Velasco, gerente general alterno de la sociedad, supuestamente estaba realizando acciones reñidas con la Ley, todas en perjuicio de los socios fundadores de la sociedad Cohinsa.

Asimismo, durante el curso de la investigación se verificó que el abogado y notario José Dolores Cantarero Bonilla (62), autorizó el instrumento público 702 de compra-venta de fecha 11 de marzo de 2011, en el que se realizó dicho acto y en donde participaron como vendedores de varios terrenos: Roberto Velasco Montes (34), Mireya Montes (60), Carlos Velasco Laínez y Guillermo Velasco Castillo y de los compradores: Fredy Molina Bendeck (31) y Antonio Miguel Molina Bendeck (26). Pese a que Carlos Velásquez Laínez había fallecido el 22 de febrero de 2011.

Por su parte el abogado Melara Berlíoz (51), constituyó las empresas: Comercial e Inversiones del Litoral, S. A. e Inversiones Terranostra, S.A., en donde los ciudadanos Harold Erazo Rivera y Sara Suyapa García González eran socios de la misma, pero al declarar ante los fiscales desconocían haber firmado algún documento a través de la cual se transfirieron bienes inmuebles en detrimento de Karla Esteves, José, Carlos y Manuel Velasco Romero.  

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También, se constató que el abogado y notario Guillermo Thuman Conde (61), constituyó la sociedad mercantil Inmobiliaria GTR, S.A, de fecha 29 de mayo de 2012, en la que dio fe de la comparecencia en dicho acto de la ciudadana María Victoria Recalde, pero según registros migratorios, esta persona estaba fuera de Honduras para esa fecha.

Al sumar el supuesto daño causado a los afectados el monto de la estafa continuada asciende a aproximadamente  136 millones de lempiras y según el Código Penal, la estafa continuada contempla una pena de 6 a 15 años de reclusión, la falsificación de documentos públicos de 3 a 9 años y el uso y falsificación de documentos públicos de 3 a 9 años de reclusión.

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