¿Ayuda o intervención?

Con el aumento de la presencia de organismos internacionales en las investigaciones por corrupción en América Latina, se fortalece la lucha contra la impunidad, pero quedan dudas de si sucede lo mismo con la institucionalidad, especialmente de los operadores de justicia.

Por: Lourdes Ramírez /Connectas

Cuando a comienzos de siglo se discutía en la sede de Naciones Unidas en Nueva York un mecanismo que ayudara a evitar que la democracia de Guatemala sucumbiera ante la corrupción y la impunidad, era difícil imaginar que una década después el mecanismo implementado estaría llevado al Presidente del país, su vicepresidenta, y varios altos funcionarios a la cárcel. Tampoco que sería un mecanismo que se estaría implementando en el vecino Honduras, y que en Ecuador fuera un asunto en la agenda del nuevo presidente del llamado “socialismo del Siglo XXI”.

Se tratan de mecanismos que sin duda muestra resultados, pero que en un contexto como el latinoamericano dejan inquietudes de si realmente logra fortalecer las instituciones responsables de la justicia en cada país, o las vuelve dependientes de un organismo externo.

En algunos países de la región la “cultura de la corrupción” está institucionalizada al más alto nivel que hasta presidentes y expresidentes reconocen manejos irregulares y financiamiento de campañas políticas con dineros de la corrupción. Es el caso de Honduras, donde el expresidente Porfirio Lobo admitió que siempre supo sobre el escándalo de corrupción del Instituto Hondureño de Seguridad Social, (IHSS) ocurrido al final de su gobierno, pero que destaparlo en ese momento afectaría a su Partido Nacional y “a la democracia”. Lobo guardó un silencio cómplice y solo reconoció estar al tanto del asunto cuando los medios de comunicación revelaron el caso y su sucesor por el mismo partido político, Juan Orlando Hernández, ya ocupaba la silla presidencial.

El desfalco millonario del Seguro Social hondureño, sumado al posterior reconocimiento Hernández sobre la financiación ilícita de la campaña electoral que lo llevó a la presidencia de Honduras, provocó protestas en diversas ciudades del país que fueron convocadas por las redes sociales.

Las marchas de los “indignados” que con antorchas salieron a las calles durante varios meses para exigir la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández pedian la instalación de una comisión internacional similar a la de Guatemala para reforzar la justicia. Fue así que el gobierno de Hernández se vio obligado a solicitar a la OEA la conformación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). Las protestas en las calles terminaron cuando los políticos comenzaron a acudir a las marchas, politizándolas y queriendo atribuirse la convocatoria a las mismas.

Desde su implementación a inicios de 2016, la MACCIH comienza a dar sus primeros resultados. Esta semana y con el apoyo de dicha Comisión, el Ministerio Público logró una condena de 32 años de prisión para los exfuncionarios del Instituto de Seguridad Social (IHSS).

Tras la condena, el portavoz de la MACCIH Juan Jiménez lamentó la indiferencia de los hondureños y de los sectores políticos de oposición, que no se pronunciaron ante los resultados. A lo que el principal de Transparencia Internacional en Honduras, Carlos Hernández, le pidió que no espere reconocimientos en un contexto como hondureño que está marcado por el escepticismo. Según dijo Hernández, eso solo se puede contrarrestar con resultados sostenibles. “Aquí lo importante es que se haga el trabajo, estamos viendo condenas y eso es positivo, quizás no lo van a reconocer porque hay desconfianza, desesperanza, y eso se va construir solo con resultados a largo plazo”.

Por su parte, el candidato a la presidencia por el partido Liberal Luis Zelaya dijo que “ni la MACCIH ni los operadores de justicia deben esperar aplausos por cumplir con su deber”. Otros opinaron que a la MACCIH le falta mucho por hacer para merecer felicitaciones.

Tras la condena, el portavoz de la MACCIH Juan Jiménez lamentó la indiferencia de los hondureños y de los sectores políticos de oposición, que no se pronunciaron ante los resultados. A lo que el principal de Transparencia Internacional en Honduras, Carlos Hernández, le pidió que no espere reconocimientos en un contexto como hondureño que está marcado por el escepticismo. Según dijo Hernández, eso solo se puede contrarrestar con resultados sostenibles. “Aquí lo importante es que se haga el trabajo, estamos viendo condenas y eso es positivo, quizás no lo van a reconocer porque hay desconfianza, desesperanza, y eso se va construir solo con resultados a largo plazo”.

Por su parte, el candidato a la presidencia por el partido Liberal Luis Zelaya dijo que “ni la MACCIH ni los operadores de justicia deben esperar aplausos por cumplir con su deber”. Otros opinaron que a la MACCIH le falta mucho por hacer para merecer felicitaciones.

En cuanto a Guatemala, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, (CICIG) ha contribuido con los órganos operadores de justicia en investigaciones y posteriores condenas de sonados actos de corrupción. Destaca el proceso contra el ex presidente de Guatemala Otto Pérez Molina, enviado a prisión por su presunta participación como líder de la red de defraudación aduanera “la línea”, en la que también se encuentra involucrada la ex vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías y otros altos cargos. Baldetti además ha sido solicitada en extradicción por el Gobierno de los Estados Unidos por lavado de activos.

Otros países como Ecuador podrían solicitar una Comisión de Apoyo contra la Corrupción. El presidente de Ecuador Lenín Moreno, quien entró en funciones a finales de mayo, aseguró durante su campaña electoral que pediría apoyo a la ONU la creación de un comisión de transparencia y lucha contra la corrupción. Esto en medio del escándalo de corrupción en la petrolera estatal y las revelaciones de las coimas que Odebrecht pagó en el país. Casos que tienen en el centro de la polémica sin que tenga alguna causa formal en su contra, al vicepresidente Jorge Glas que acompañó a Rafael Correa en el gobierno anterior y ahora secunda a Moreno.

“Yo había manifestado que vamos a hacer una cirugía mayor a la corrupción”, recordó Moreno durante un encuentro con la prensa. “La corrupción es uno de los grandes males que aqueja a la humanidad entera y al país en términos particulares”, expresó. Hace pocas semanas Moreno conformó un primer Frente de Lucha contra la Corrupción, que incluye a varios de sus ministros y miembros de la sociedad civil. Aunque para decepción de los sectores críticos, dicho Frente no tendrá ninguna injerencia en los casos de corrupción que se ventilan en los tribunales, sino una función “preventiva”. Aún está por concretarse el pedido de apoyo a la ONU.

¿Les quedó grande el manejo de la justicia a algunos países para que tengan a acudir a organismos internacionales en la lucha contra la corrupción?

Estas comisiones de apoyo contra la Impunidad no son de carácter indefinido y los gobiernos deben demostrar voluntad política para respaldar las iniciativas. En el caso de Guatemala se han planteado dos prórrogas al CICIG y estará vigente hasta 2019. En Honduras, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) permanecerá en el país durante 4 años, desde el 2016 al 2020. El fin es que la presencia de este apoyo externo conlleve al fortalecimiento institucional de los diferentes órganos operadores de justicia, pero también, que la ciudadanía se involucre y exija resultados. Pero, ¿qué pasará cuando dichas comisiones emprendan la retirada?

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