Finanzas públicas “miopes” impiden el cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible para el 2030

 

La tarea de poner en marcha una política fiscal encaminada a extender el desarrollo y garantizar la democracia, obliga a la sociedad centroamericana a lograr un acuerdo político de amplitud y legitimidad de tal magnitud que el bien colectivo logre imponerse a los miopes intereses gremiales que hasta ahora han dominado la agenda legislativa y gubernamental en la mayor parte de Centroamérica.

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), auspiciado por la Fundación Friedrich Ebert (FES), presentaron hoy el estudio “Perfiles Macro Fiscales de Centroamérica. Por una política fiscal para la Democracia y Desarrollo”, donde se establece una alerta sobre la dificultad de cumplir la agenda ODS 2030 sin hacer cambios substanciales en la política fiscal.

Los programas sociales que existen están más enfocados simplemente a una medida existencialista,  pero no están buscando romper círculos de la pobreza. En términos de desarrollo lo que tenemos son unas finanzas públicas miopes que solamente buscan terminar el año con números bonitos, manifestó Juan José Urbina, economista senior del ICEFI.

                                         Juan José Urbina, economista ICEFI

El estudio destaca que en el presente año la carga tributaria regional apenas llegará a representar el 13.9% del PIB, con una ligera caída con respecto a 2016, mientras la productividad del Impuesto al Valor Agregado, por ejemplo, se mantiene constante en torno al 43.5%.

El gasto público, que representará en promedio el 18.6% del PIB, continuará siendo insuficiente para cerrar brechas de atención a la ciudadanía, y se enfrentará a medidas de contención cuyo objetivo es frenar el déficit fiscal y el crecimiento de la deuda pública, enfatiza el estudio.

El ICEFI señala que a pesar de los esfuerzos por reducir la deuda pública, las principales calificadoras de riesgo a nivel internacional, con excepción de Nicaragua y Panamá, han mantenido o reducido la calificación de los países centroamericanos, señalando los problemas  crónicos que afronta la fiscalidad centroamericana y que requieren de cambios estructurales.

Contar con Estados que se han comprometido con la agenda ODS 2030 fue una buena noticia en 2015. Ahora toca plantear una agenda fiscal integral que permita su cumplimiento por medio de una mayor transparencia fiscal; mejores vínculos entre la planificación, la ejecución del gasto público y su posterior evaluación de impacto y resultados en la búsqueda de universalización y calidad de los bienes y servicios públicos.

El estudio deja ver que por el lado de los ingresos tributarios, se requiere una mejora sostenida y significativa de estos, fortaleciendo las administraciones tributarias, aumentando el número de contribuyentes, disminuyendo la evasión, elusión y el contrabando; eliminando privilegios fiscales y avanzando hacia una imposición tributaria más justa, basada en principios de equidad horizontal (a igual ingreso, igual impuesto) y ver tica l (a mayor ingreso, mayor impuesto).

En definitiva la tarea de poner en marcha una política fiscal encaminada a extender el desarrollo y garantizar la democracia, obliga a la sociedad centroamericana a lograr un acuerdo político de amplitud y legitimidad de tal magnitud que el bien colectivo logre imponerse a los miopes intereses gremiales que hasta ahora han dominado la agenda legislativa y gubernamental en la mayor parte de Centroamérica.

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