El derecho indígena no está en crisis; el ordinario, sí

Las Autoridades Indígenas han dejado claro que la reforma constitucional es muy importante para Guatemala. En las diversas discusiones, las mesas de diálogo y las asambleas de las comunidades, han explicado que están vigilantes al proceso de cambios políticos que se quieren instaurar en materia de justicia. Comprenden que no sólo es un debate de abogados y especialistas; la Constitución delimitará la manera como se ejerce y se organiza el poder.

Por: Gladyz Tzul

Las estadísticas muestran cómo los municipios de mayoría indígena tienen mucho menos homicidios que los de mayoría mestiza.imagen: carlos mendoza (@camendoza72)

Hay una serie de dudas de interpretación doctrinaria sobre el pluralismo jurídico, pero el debate no puede reducirse a una práctica legalista. Propongo pues que hagamos un ejercicio político de diálogo.

 Autoridades indígenas presentaron sus argumentos a los diputados en el Congreso. Foto: Carlos Sebastián.

Las comunidades se han fundamentado en el artículo 66 de la Constitución y con ello, tanto los tribunales, como la Corte de Constitucionalidad han reconocido los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas.

En lo que se refiere al artículo 203, la demanda es por el reconocimiento pleno de su jurisdicción como autoridades, porque constantemente se les criminaliza por el Estado como por empresas.

También piden que se mantengan los convenios de coordinación ya existentes con el Ministerio Público, la Procuradoría de los Derechos Humanos y otras entidades del sector justicia, pues son ejercicios de acercamiento que promueven las Autoridades Indígenas con las instancias estatales de justicia para poder trabajar de manera conjunta.

En lugares donde hay Autoridades Indígenas y acuerdos de coordinación, el índice de violencia es menor, como en Totonicapán, Sololá, o varios más.

No se trata pues de romper y dividir el país, pues son las propias Autoridades quienes se han acercado a lograr una coordinación con el Estado. El país funciona mejor gracias el trabajo que las Autoridades Indígenas hacen.

Sí hay un debido proceso

Existe en el sistema de justicia indígena un debido proceso, pues las Autoridades generan todos los medios para conocer los casos que van a resolver y juzgar. Llaman a los implicados, conversan sobre las causas y consecuencias de los problemas, aconsejan y recurren a testigos honorarios para que den fe de lo que está pasando y así concilian y resuelven los conflictos. Para ello acuden también a otras opiniones cuando van con curanderos, comadronas o demás instituciones en las comunidades indígenas.

Todo el proceso del derecho indígena puede durar una única reunión o varias. Las decisiones se registran en los libros de actas y son leídas frente las partes. Después, las Autoridades Indígenas vigilan el cumplimiento de los acuerdos. Las sesiones culminan con apretones de manos para sellar la conciliación.

Un aclaración más, todo este trabajo de las Autoridades es ad honorem. En tal sentido, la jurisdicción indígena es reparadora, conciliadora, preventiva y vela por el bienestar colectivo.

El sistema ordinario, en contraste, tiene que reformarse porque está en crisis y por ello surgió una ola de críticas que cuestionaron su funcionamiento e integración. La jurisdicción indígena jamás ha sido puesta en duda por parte de las comunidades indígenas. Contrario a ello, las comadronas, los jóvenes, las organizaciones de derechos humanos, la PDH, el MP y la CICIG saludan y reconocen su aporte fundamental para este país.

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