Honduras: una sociedad militarizada

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. Tras el ascenso a la presidencia de Juan Hernández en enero de 2014, la presencia de soldados armados se ha vuelto parte de la vida cotidiana de los hondureños. Las FFAA están actualmente a cargo de la mayor parte de los aspectos de la seguridad pública en el país, y ello no pasa desapercibido. Están presentes en la televisión avisos que destacan la imagen del presidente Hernández.

En la mayoría de los espacios públicos y en casi todas las ciudades del país,  se ven soldados a pie y en vehículos,  portando  sus fusiles. Los sábados,  25 mil niños reciben entrenamiento militar como parte del programa “Guardianes de la Patria”

El gobierno sostiene que este programa está diseñado para impedir que niños y jóvenes entre los 5 y los 23 años de edad ingresen a las filas de las pandillas callejeras enfrentadas por el control de sectores enteros de las ciudades más violentas del país. En pueblos como Cofradía, en las afueras de San Pedro Sula, los militares instalarán castillos inflables y otras formas de entretenimiento para las familias. El ejemplo más prominente de la militarización es la Policía Militar del Orden Público (PMOP), cuyos miembros han tomado las calles desde octubre de 2013. Este contingente parece ser el “hijo predilecto de este gobierno”, según un reportero local de notas sobre el crimen. Actualmente han sido desplegados a lo largo del país unos 3,000 soldados de la PMOP, pero se prevé que este número llegue a 5,000 efectivos este año.

“Pero esta militarización es más que soldados en las calles y patrullaje militarizado; está siendo inculcada e institucionalizada desde las altas esferas del poder.” Según expertos de la sociedad civil y periodistas, la policía nacional siente que el gobierno no está invirtiendo en ellos, y que está intentando sustituirlos por la PMOP. El escuadrón militar cuenta con mejores equipos, salarios más altos y mayores beneficios que la policía civil. Está en vigencia una ley especial que impide a los fiscales ordinarios de la Procuraduría General investigar y procesar judicialmente a efectivos de la PMOP. El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, controlado por las fuerzas armadas, designa a los fiscales y jueces que acompañan a la policía militar.

La Policía Nacional ha realizado exitosas capturas de cabecillas de pandillas y traficantes de drogas, pero el gobierno y los medios de comunicación al servicio del gobierno y del sistema,  atribuyen estos logros a Fusina, un grupo especial compuesto por representantes de las diversas unidades de seguridad del país, que opera bajo órdenes de las FFAA.

La Fusina dirige cuerpos como la unidad antiextorsión, encargada de la interceptación telefónica, pero no existe como una agencia independiente de las fuerzas del orden. Otro hecho relevante es que cada vez hay  más casos de agentes de la policía militar involucrados en asesinatos, tortura y extorsión. En un incidente reciente en Tegucigalpa, los soldados abrieron fuego contra un autobús de transporte público. En otro incidente ocurrido en San Pedro Sula, un grupo de soldados mataron a un hombre, hirieron de bala a la esposa embarazada de éste, y trataron de encubrir su fechoría. Grupos locales que defienden la libertad de prensa proporcionaron información sobre diversos casos de efectivos de la policía militar que intimidaban a periodistas y jueces.

“Esta militarización es la mayor amenaza a la democracia que hemos vivido”, apunta,  Víctor Meza, exsecretario del Interior y experto en temas de seguridad. También hay cada vez más casos de agentes de la policía militar involucrados en asesinatos, tortura y extorsión. En un incidente, los soldados abrieron fuego contra un autobús de transporte público en Tegucigalpa. En otro incidente ocurrido en San Pedro Sula, un grupo de soldados mataron a un hombre, hirieron de bala a la esposa embarazada de éste, y trataron de encubrir su fechoría. Grupos locales que defienden la libertad de prensa proporcionaron información sobre diversos casos de efectivos de la policía militar que intimidaban a periodistas y jueces.

“Esta militarización es la mayor amenaza a la democracia que hemos vivido”, sentenció Meza. La militarización era la principal preocupación de virtualmente todas las organizaciones de la sociedad civil, periodistas y ciudadanos que entrevistamos.

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